Tegucigalpa, Honduras.- 13 días han transcurrido desde que las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) tenían que ser nombradas en sus nuevos cargos (uno de septiembre) y todavía los partidos políticos con mayor representación de diputados en el Poder Legislativo, continúan sin llegar a consensos, lo que mantiene empantanado este proceso de elección que, hasta la fecha, no se sabe en qué tipo de acuerdo concluirá.
Para el analista político Luis León, ante la falta de diálogos y consensos entre los diputados que conforman el tripartidismo (Libertad y Refundación, Nacional y Liberal) que no permiten que sean electas las nuevas autoridades del MP, podrían desencadenar una crisis política en el país.
“El Congreso Nacional va a dar la pauta de lo que va a pasar. Si pueden llegar a un consenso (en el proceso de elección), Honduras tendrá paz y, si sostienen la crisis ideológica, vamos a tener crisis política”, dijo León en medios de comunicación.
“Las condiciones deben ser construidas, promovidas y ejecutadas por los actores políticos. Somos víctimas de nuestro propio trabajo político. La falta de consensos, después de varios días, es un gran paso de la crisis en la que se podría caer”, agregó el analista.
Para León desde el Poder Ejecutivo se están prestando para generar división, emitiendo mensajes en contra de los partidos de oposición, en lugar de ser los encargados de hacer llamados a los diálogos para no terminar de encarrilar la posible crisis que se pueda desatar, por la falta de consensos.
León, aunque no lo dijo de manera literal, podría referirse a las declaraciones que dio la presidenta Xiomara Castro, en la reinauguración del Estadio Emilio Larach, en la capital, en donde sostuvo que el Bloque de Oposición Ciudadano (BOC) representa al narcotráfico y está impidiendo que se lleva a cabo la elección de la fiscalía.
Desde el pasado 31 de agosto de 2023, el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo tenía el deber de elegir al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto, pero ante la falta de consensos entre la oposición y oficialismo, todavía no se ha logrado, desencadenando, de esta manera, una serie de especulaciones de lo que podría suceder y en qué podría concluir este proceso.
Ejemplo de los posibles escenarios que rodean este proceso, es que, desde la bancada oficialista, proponen someter la elección de los altos cargos en el Ministerio Público a una consulta popular, que podría costarle al pueblo hondureño unos 400 o 500 millones de lempiras y se desarrollaría en unos tres meses, de acuerdo con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para que lo anterior se materialice, el Congreso Nacional, con la mayoría calificada de votos (86) debería aprobar un decreto o una ley especial para que el CNE –órgano encargado de llevar a cabo los procesos de elección popular- someta la elección de la fiscalía a través de una consulta popular.
Sin embargo, precisamente sobre el escenario anterior, analistas políticos concluyen que es legal optar por esa vía, ya que el artículo 5 de la Constitución de la República lo establece, pero los diputados no pueden ni ponerse de acuerdo con otros temas, tampoco lo harán con una consulta popular.
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¿QUÉ MANTIENE ENTRAMPADO EL PROCESO DE ELECCIÓN?
El proceso de elección de la fiscalía se mantiene maniatado, desde hace más de 15 días, porque ni el oficialismo ni la oposición dan el brazo a torcer para elegir una de las nóminas presentadas respectivamente, ya que ninguna alcanzó el favor de los 86 votos, mayoría requerida en un proceso de elección de segundo grado.
El partido Libertad y Refundación, que cuenta con 50 diputados, presentó la moción encabezada por el abogado Johel Zelaya, para el cargo de fiscal general y el abogado Marcio Cabañas Cadillo, para el puesto de fiscal adjunto respectivamente, pero sólo alcanzó 52 votos, por lo que no fue ni valorada por el pleno.
Y la oposición, conformada por el PSH, nacionalistas y liberales, presentaron la moción nominativa que encabeza al abogado Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y a Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunto, pero tampoco fue valorada porque sólo alcanzó 74 votos de los diputados.
Lo anterior mantiene entrampando el proceso de elección, ya que ni el oficialismo ni la oposición da el brazo a torcer o se inclina por una de las nóminas ya presentadas ante el pleno, provocando, en consecuencia, que el anterior fiscal adjunto Daniel Sibrián, haya tomadola titularidad de la fiscalía, hasta que elijan a su sucesor.
Este martes 12 de septiembre la Junta Directiva del Congreso Nacional, de la que todavía no se esclarece su legalidad, sostuvo una reunión y mañana tendrán otra, pero con los jefes de bancada de cada partido político, para ver si ya se logró algún consenso en el tema de la elección.
Desde la oposición sostienen que desde hace un poco más de una semana no tienen diálogos con el oficialismo sobre el tema de la elección y advierten que sostendrán la nómina presentada ante el pleno y, de igual manera, Libre (partido en el poder) asegura que mantendrá a sus candidatos.
“Se quiere generar miedo, demostrar poder y no sólo del oficialismo, si no, también, de la oposición porque les hace falta madurez (…) en la elección del fiscal general y fiscal adjunto no nos dejemos llevar por pasión política que no traen nada bueno al país”, opinó el analista Olban Valladares.
Valladares considera que, hasta el momento, se mira oscuro el camino para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, pero, de acuerdo a la historia reciente, lo más probable es que suceda lo mismo que en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que después de varios días sin diálogos, llegaron a un acuerdo.
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Lo paradójico del caso es que, en ese acuerdo en la elección de los magistrados de la CSJ, también entró en juego el Ministerio Público, ya que pactaron crear la figura de un segundo fiscal general adjunto y elevar el cargo de director de fiscales a rango constitucional, es decir, que también sea electo por los diputados.
Sin embargo, ante la penumbra que rodea este proceso, se desconoce, hasta el momento, cuál será la estrategia de los políticos para escoger a las autoridades del Ministerio Público que tenían que estar en los cargos desde el uno de septiembre y saldrán hasta 2028.
