Tegucigalpa, Honduras.- Viaje de una comitiva de alto nivel del Gobierno a Nueva York, que se reunirá con personeros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuevamente genera expectativas en torno a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
El 29 de noviembre de 2022, el canciller de la República, Enrique Reina, y el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, viajarán a Estados Unidos, en donde, según fuentes oficiales, afinarán detalles previos a la suscripción del memorando de entendimiento entre el Gobierno y Naciones Unidas.
“Viajamos para sostener reuniones que están programadas. Se trabajará en los detalles sobre el memorándum de entendimiento. Nosotros solicitamos y estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con las Naciones Unidas”, explicó el secretario de Transparencia.
Aunque el Gobierno continúa mostrándose optimista con relación a la instalación de la CICI en el país, lo cierto es que el proceso ha mostrado cierto atraso, sobre todo ante el alargamiento en las negociaciones con la ONU. Aun así, se espera que la firma esté concretada antes de que finalice 2022.
DEBATES PRINCIPALES
Uno de los principales debates que se han generado en torno las negociaciones es la figura que tendrá la CICI. El Gobierno ha propuesto que el mecanismo anticorrupción funcione bajo la figura de querellante adhesivo, para lo cual se requeriría una reforma al Código Procesal Penal, mediante la cual el monopolio de la acción penal le sería retirado al Ministerio Público.
Sin embargo, cuando todo indicaba que desde el Congreso de la República se accedería a esta reforma, la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, presentó una iniciativa de ley destinada a elevar a la CICI al rango constitucional, lo cual se efectuaría en dos legislaturas, debido a que se debería esperar por una ratificación.
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Distintos sectores han insistido en que ello no es necesario, sobre todo porque la CICI actuaría por un tiempo determinado, convirtiéndose en un ente transitorio, mientras que la Constitución de la República es permanente.
“No debería considerarse la necesidad de modificar la Constitución y, por otra parte, están los convenios internacionales, que se vuelven parte del estamento de la normativa nacional. Lo que va a regular la CICI debe estar contenido en el convenio, o en el mejor de los casos reformar el Código Procesal Penal”, explicó a Criterio.hn la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Jimena García.
Otro de los debates que se han generado están vinculados con las fuentes de financiamiento de la CICI, debido a que semanas atrás la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, sugirió que sea el Gobierno quien financie absolutamente al mecanismo anticorrupción, situación que, de acuerdo con analistas, le quitaría independencia al ente.
En ese sentido, se ha sugerido que sea Gobierno, Naciones Unidas y países miembros quienes actúen como cooperantes. Sobre ello, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, indicó que hay países interesados en cooperar con funcionamiento de la CICI, pero que ello dependerá de qué facultades se le otorgarán al mecanismo.
“Hay un interés de países que quieren apoyar a Honduras, pero bajo una serie de condiciones con base en un acuerdo claro alrededor del alcance de la CICI. Si es un mecanismo independiente y autónomo también sien significa que es independiente en términos de financiamiento. Si solo es un mecanismo de acompañamiento, entonces es otra situación”, declaró Shackelford.
Además de los puntos expuestos con anterioridad, otra situación que ha alargado las negociaciones entre Gobierno y Naciones Unidas gira en torno a quiénes conformarán la CICI. El organismo internacional sugiere que esté compuesta por funcionarios hondureños y extranjeros, pero la Administración Xiomara Castro buscaría que solo sean funcionarios locales.
Aunque las negociaciones son comunes, hay sectores de la sociedad civil que insisten en que el Gobierno debería acatar lo que se estableció en el primer borrador que elaboró el equipo técnico de las Naciones Unidas y que se entregó a las autoridades hondureñas a finales de julio de 2022, ello debido a que es lo que más se asemeja a lo prometido por la presidenta Xiomara Castro en su campaña y a lo solicitado por la ciudadanía desde 2015.
ASÍ SE HA DADO EL PROCESO
El Gobierno ha elaborado una actualización al borrador del memorando de entendimiento, ante la cual recibió respuesta el 25 de octubre de 2022, sin embargo, las opiniones de Naciones Unidas con relación a esa contrapropuesta aún no se han hecho públicas.
El memorando de entendimiento, cabe mencionar, no garantiza la llegada de la CICI al país. Lo único que hace es que abre paso a dos fases previas: una de diagnóstico, mediante la cual Naciones Unidas estará en potestad de sugerir la aprobación, reformación y derogación de leyes y códigos.
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Entre ellas estaría la derogación del decreto 116-2019, considerado un pacto de impunidad que blinda a diputados y funcionarios de la persecución penal del Ministerio Público, y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen ya se presentó en el Congreso de la República, pero aún se encuentra en una etapa de socialización con la sociedad civil y cabildeo con las distintas bancadas políticas.
La segunda fase sería la instalación del mecanismo anticorrupción.
Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, su gobierno prometió abogar por la llegada una CICI al país, después de que en 2020 no se renovó el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Semanas después, Castro envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, quien respondió satisfactoriamente y envió una misión de diagnóstico a Honduras.
Posteriormente, los equipos técnicos de Naciones Unidas y del Gobierno han trabajado en la redacción del memorando de entendimiento. La última actualización que se hizo pública se efectuó a finales de agosto de 2022, sin embargo, las negociaciones se mantienen estancadas y todavía no se definen cuáles serán los criterios de funcionamiento de la CICI. A pesar de ello, se espera que el trabajo que realice la comisión que enviará el Gobierno dé luz verde a la firma del memorando y, por ende, a la entrada a las dos fases previas a la eventual instalación.
