Tegucigalpa. – Carlos Leonel George, defensor de derechos humanos en entrevista con Criterio.hn, compartió que el proceso de recuperación de tierras en el Valle del Aguán sigue en conflicto y en manos de terratenientes que se adueñaron de manera ilegal.
George, explicó a este medio digital durante una conferencia de prensa de la Red Hondureña por Escazú, que las cooperativas campesinas han utilizado la vía judicial para seguir un procedimiento en el reclamo de sus tierras, pero hasta el momento no han logrado respuesta, es así como decidieron iniciar a recuperar sus tierras de las cuales fueron despojados ilegalmente.
Las tierras siguen inscritas a nombre de la cooperativa, pero quien las ha explotado ilegalmente por casi 30 años son los terratenientes.
En este momento, existe la firma en un acuerdo con el gobierno que permite poder avanzar y profundizar en la solución a ese conflicto de tierras. Los terratenientes que mencionó George ocupan de manera ilícita las tierras que deberían ser para la reforma agraria son: la familia Facussé, Miguel Facussé con la corporación Dinant, Reynaldo Canales, René Morales, Óscar Nájera.
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La recuperación de tierras no avanza lo suficiente porque debía integrarse a una comisión jurídica para llegar al fondo y el origen de cómo se realizó su despojo, a su vez, hace falta la creación de una comisión tripartita integrada por personas internacionales con experiencia.
En esa etapa no se ha avanzado, pero es parte de los acuerdos para investigar desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, el proceso de despojo de las tierras y, luego, que estas sean entregadas a sus verdaderos dueños originarios, siendo el principal objetivo que esos terrenos cumplan con el fin de la reforma agraria.
No obstante, el panorama ha sido contradictorio y se ha utilizado el Poder Judicial y el Ministerio Público para mantener la tierra en manos ilícitas, criminalizando a las campesinas y campesinos.
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VIDAS DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN MAYOR RIESGO
La Plataforma Agraria, las organizaciones y el equipo legal están planificando acciones de incidencia a nivel de las instancias correspondientes, pero mientras persiste la lentitud en el cumplimiento de los tratados y mecanismos, la vida de los líderes campesinos y campesinas sigue en riesgo. Además, ese poder económico mantiene persecución y amenazas en su contra.
Desde el 2009 más de 150 campesinos han sido asesinados por defender sus tierras, casos que siguen en impunidad y con la permisión de continuar aumentando.
El Valle del Aguán es una zona productiva y con pobladores trabajadores, pero la conflictividad no ha permitido avances y desarrollo en beneficio de sus habitantes.
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El gobierno a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad enviaron contingentes de las fuerzas de seguridad del Estado a la zona, pero la violencia no ha mermado, sino incrementado en contra de los pobladores.
“Hay asesinatos de jóvenes y de personas en general, ahí se mezclan varias cosas. Es público que la zona también ha sido paso del narcotráfico y de grupos armados que generan conflictividad, pero si estamos claros que la Policía y la inteligencia del Estado tienen conocimiento de todo eso, pero a pesar de eso operan en toda impunidad”, expresó George.
Aunque existe un decreto que ordena el desarme general, los únicos que están desarmados son la gente común, mientras los grupos conflictivos siguen fuertemente armados.
