ARCAH planteó que pese a derogación, las ZEDE continúan desobedeciendo el mandato del Soberano y causando daños ambientales como Próspera con la construcción de Duna Residences en una zona clasificada como “restringida” por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En el marco de la visita protocolar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) presentó una denuncia contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la amenaza que representan a los derechos humanos y ambientales de los pueblos ancestrales en Honduras.
La manifestación fue acompañada con una carta de contexto sobre lo que es el proyecto ZEDE y más 500 documentos probatorios, dijo a Criterio.hn el coordinador de ARCAH, Christopher Castillo.
“En el caso de las ZEDE estamos presentando este compendio de documentos donde señalamos no solamente el plano contextual y el marco legal de las ZEDE, sino también todo el esquema estratégico para continuar en el país de manera impune”, señaló.
Castillo explicó que la denuncia ante la CIDH se realiza en medio de un proceso de denuncias internacionales que busca sacar a relucir el caso como advertencia entre los pueblos, puesto que el proyecto ZEDE busca expandirse no solamente al interior de Honduras sino también a países como México y Brasil en el continente de América, y tres países más en África.
Planteó que pese a que las ZEDE fueron jurídicamente derogadas mediante los decretos legislativos 33-2022 y 32-2022, posible por el amplio rechazo de la ciudadanía, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ya instaladas [Próspera, Morazán y Orquídea] no han querido acatar la orden.
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Además advirtió, que “han estado promoviendo injerencia a otros procesos estatales, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, donde María Elena Ulloa iba a ser parte de una junta nominadora siendo representante legal de ZEDE Orquídea y asesora de Próspera”.
Castillo indicó que hay indicios, publicaciones e informes en donde las derogadas ZEDE continúan publicitándose bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico e “invitando a inversionistas extranjeros a venir a Honduras en una clara violación del territorio, vulneración de derechos humanos y desobediencia al mandato del Soberano de decir que no al proyecto”.
Compartió que actualmente está funcionando un centro de arbitraje para empresas a nivel internacional bajo la sombrilla de las ZEDE en Honduras.
ARCAH denuncia que el PAC (Prospera Arbitration Center) de @Prosperahn debe aclarar en el plano internacional que las ZEDE han sido derogadas en Honduras, al igual que toda la normativa derivada de lo que alguna vez fue su ley orgánica. pic.twitter.com/KTPowvOK3V
— ARCAH (@Arcah_hn) August 31, 2022
“¿Cómo es posible? Estamos haciendo cartas de contexto, informando a algunas empresas y haciendo llamados muy enérgicos al empresariado internacional para no colaborar con el proyecto”, comunicó.
DAÑOS AMBIENTALES Y VIOLACIÓN A DERECHOS DE PUEBLOS ANCESTRALES
El coordinador de ARCAH apuntó que existe un componente de daño ambiental en estos proyectos pese a que la figura de las ZEDE fue derogada. Esto lo ejemplificó con la construcción de Duna Residences que según su denuncia forma parte de Próspera.
Criterio.hn ingresó a la página web de Duna Residences y si bien en su página de inicio el único indició de formar parte de Próspera es la ubicación y simbología usada en el mapa. No obstante, al ingresar a la pestaña de “Reserva ahora” y desplazarse al final de la página se lee: “© 2021 Honduras Próspera”.
“En este caso el proyecto Duna Residences de Próspera, que está prácticamente encima de la barrera de coral, también en medio de una comunidad que tiene derechos ancestrales, […] y que ha dicho no al proyecto y a pesar de eso [Próspera] ha anunciado expansión”, expuso Castillo.
Es importante resaltar que Próspera se instaló dentro del territorio de la aldea de Crawfish Rock, habitada por negros de habla inglesa, en la costa norte de Roatán, Islas de la Bahía, y que además es una zona clasificada como “restringida” por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía.
Es decir, Próspera junto a Duna Residences están ubicados dentro del territorio correspondiente a la aldea de Crawfish Rock. Un área que, según la legislación arriba mencionada, cataloga como restringida y que por “su importancia ecológica, será restringida completamente la intervención humana, exceptuando aquellas actividades relacionadas con la investigación científica y la educación ambiental”, según el artículo cuatro, numeral 2, inciso B.
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Sumado a esto, Castillo anotó que ZEDE Orquídea anunció la expansión de 32 hectáreas a 160 hectáreas de terreno en el municipio de San Marcos en el departamento de Choluteca. “Por favor, que no respeten una derogación es muy grave”, declaró.
A esto se suma que si bien Orquídea está planteando incorporarse al régimen de Zona Libre -“un proceso que debieron haber hecho desde un principio”, dice Castillo- la acción de incorporación “no anula la comisión del delito de traición a la patria, ni la violación de derechos humanos ni la vulneración de derechos humanos [por parte] de las empresas que participan”, manifestó.
A la carta de solicitud ante la CIDH con respecto al caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico presentada por ARCAH, se sumaron dos cartas más en relación a la privatización del agua en Honduras y el caso de la empresa avícola El Cortijo contra el río Choluteca y las comunidades
