Por: Egerton Neto*
LONDRES – «¿Cuál es su orientación sexual?». En Brasil, donde las estadísticas oficiales siempre han ignorado y excluido a las personas queer, esta pregunta tiene un significado especial para la comunidad LGBTQ+.
Hace poco, Brasil dio un pequeño paso en dirección a un cambio positivo, cuando el IBGE (la oficina nacional de estadísticas) publicó su última encuesta nacional de salud, que por primera vez incluyó preguntas sobre la orientación sexual. Según la encuesta (con datos reunidos en 2019), unos 2,9 millones de brasileños se identifican como homosexuales o bisexuales. (El cuestionario de «opción múltiple» sólo incluía cuatro alternativas, heterosexual, homosexual, bisexual o «no sabe», con omisión de identidades transgénero y no binarias).
Pero a pesar de este cambio alentador, el IBGE todavía se niega a incluir en el censo nacional brasileño preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. En junio, un tribunal federal rechazó un intento del ministerio público federal de obligar al organismo a incluir esas preguntas.
Muchas economías importantes ya las incluyen. En el censo 2021 de Canadá se preguntó a los encuestados su identidad de género y el sexo asignado al nacer. El último censo del Reino Unido incluyó una pregunta voluntaria sobre orientación sexual. Un censo reciente en Australia daba la opción de identificarse con el género masculino, femenino o no binario. Y la Oficina del Censo de los Estados Unidos está en proceso de investigación respecto de qué preguntas hacer y cómo hacerlas.
Pero en muchos países en desarrollo, ignorar o excluir a la comunidad LGBTQ+ sigue siendo la norma. Según la médica y activista por los derechos humanos keniana Stellah Wairimu Bosire, los censos son una herramienta importante para la planificación pública, y la exclusión de la comunidad queer implica que las políticas de empleo, salud y protección de las personas sin techo no tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas LGBTQ+. Un informe de la Fundación Arcus sobre violencia contra personas LGBTQ+ en cinco países africanos, publicado en 2019, señala que la disponibilidad de datos precisos también puede ayudar a las ONG dedicadas a esta comunidad a orientar mejor las intervenciones, evaluar su efectividad y mejorar los esfuerzos de promoción.
Ante la falta de estadísticas oficiales, algunas organizaciones civiles han creado bases de datos propias. Brasil, por ejemplo, es el país con más asesinatos de personas LGBTQ+ registrados. Lo sabemos porque una organización para los derechos transgénero, ANTRA, documentó las cifras, los nombres y las historias de las 140 personas transgénero asesinadas en el país en 2021. Organizaciones similares en otras partes del mundo, como Letra Ese en México, Helem en el Líbano y TGEU en Europa, vienen haciendo un trabajo similar.
Casi todos los días, investigadores queer me piden completar encuestas, participar en entrevistas o llenar formularios. Estas investigaciones arrojan luz sobre nuestras experiencias compartidas, pero lo que llega a las audiencias nacionales es muy poco, y casi nada procede de los gobiernos. La falta de datos oficiales nos vuelve invisibles a mí y a mi comunidad. Hace que sea extremadamente difícil promover nuestros intereses y proteger nuestros derechos, y al hacerlo nos niega derechos civiles fundamentales.
No es casualidad ni descuido. En su libro Queer Data, Kevin Guyan observa que las decisiones respecto de qué preguntar en las encuestas oficiales son reflejo de las ideas de quienes las hacen. Si los estadísticos y los políticos no ven la fobia a la comunidad LGBTQ+ como un problema, o si desean suprimir las demandas de nuestra comunidad, ¿por qué habrían de incluir en el censo preguntas relacionadas? Es así que las personas transgénero permanecen invisibles y se da vía libre a la violencia homofóbica, la exclusión y la pobreza.
Incluso cuando las encuestas oficiales traen preguntas sobre identidad de género y experiencias vitales, es probable que las cifras obtenidas no reflejen la realidad. La principal razón es la falta de confianza. Mucha gente dentro de la comunidad LGBTQ+ no se siente segura dando detalles de su vida privada a organismos oficiales. Al fin y al cabo, la lamentable falta de protección de las vidas de personas transgénero en Brasil habla por sí sola, y en diversos estudios es común hallar que las minorías sexuales y de género experimentan niveles de violencia muy mayores a la media.
Además, esa violencia suele estar al servicio del fascismo. Las autoridades de la Alemania nazi componían «listas rosa» de personas acusadas de homosexualidad, que entonces era un delito. A muchas se las envió a campos de concentración. En Alemania occidental, las leyes contra la homosexualidad no se derogaron formalmente hasta 1994, y se las empleó contra unas 100 000 personas. Y ahora mismo se dice que las tropas rusas en Ucrania están haciendo circular una lista de activistas LGBTQ+.
Más allá de lo que responda la gente a una pregunta sobre orientación sexual e identidad de género, el mero hecho de hacerla obra como una reafirmación. Visibiliza a las personas, normaliza la diversidad de género y nos acerca a la plena posesión de los derechos civiles.
En Brasil, el IBGE atribuyó su negativa a incluir preguntas de temática LGBTQ+ en el censo de 2022 a los recortes presupuestarios, con el argumento, básicamente burocrático, de que incluirlas iba a causar demoras. El tribunal aceptó el argumento, pasando por alto al hacerlo, en nombre del pragmatismo, las luchas, dificultades y experiencias de la comunidad queer.
Brasil es sólo uno de los frentes de la batalla global por la inclusión. Hace poco, el Banco Mundial publicó un análisis comparativo de leyes que afectan a las comunidades LGBTQ+ en dieciséis países. Aunque este estudio pionero es un gran avance, hacer análisis internacionales o comparativos de los derechos LGBTQ+ sigue siendo una experiencia muy frustrante, por la enorme escasez de datos.
Tras la batalla por el censo, el IBGE anunció planes de incorporar preguntas de temática LGBTQ+ en estudios de menor alcance que se realizarán en 2023 y 2024. Aunque es un cambio bienvenido, todavía queda mucho por hacer.
Los políticos deben entender que cualquier censo o encuesta nacional que no incluya a la comunidad LGBTQ+ no será una representación exacta de la ciudadanía. Otra década sin datos implica otra década sin políticas adecuadas, y permitir que continúen las injusticias históricas que han mantenido a nuestra comunidad pobre, vulnerable y olvidada.
*Egerton Neto, activista LGBT+ brasileño, es becario del programa Nuevas Voces del Instituto Aspen.
