Por: Redacción CRITERIO
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La crisis política en Guatemala provocó la renuncia del presidente y vicepresidenta de Guatemala, en un contexto donde Estados Unidos está inmiscuido a través de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig).
Otto Pérez Molina se convirtió en el primer presidente en la historia democrática de Guatemala que pierde su inmunidad, bajo acusaciones de corrupción y donde se cuestiona el papel del Gobierno de Estados Unidos a través de una comisión investigadora internacional.
Pérez Molina, quien renunció a la presidencia este 3 de septiembre, está siendo investigado por el caso “La Línea”, un esquema de defraudación aduanera que consistía en el cobro de comisiones a empresarios para permitirles evadir impuestos, y por el que fue obligada a renunciar la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya se encuentra en prisión.
La investigación del caso fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano “independiente” creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU); que actúa junto a la Fiscalía guatemalteca y siempre ha contado con el respaldo de Washington.
Una evidencia de este apoyo la aportó el propio comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, quien en entrevista exclusiva para teleSUR admitió el financiamiento por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales.
“La CICIG no responde a ninguna embajada. EE.UU. es uno de los países que contribuye financieramente a la CICIG, al igual que la Unión Europea, Suecia y otros países”, manifestó Velásquez Gómez este miércoles desde Ciudad de Guatemala, capital.
De acuerdo a su página web cicig.org, esta institución “es un órgano que tiene la finalidad de apoyar las labores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil guatemalteca, en la investigación de los delitos cometidos por funcionarios y fuerzas irregulares de seguridad”.
La presión de Estados Unidos
En enero de 2015 el expresidente Pérez Molina dio por terminadas las labores de la Cicig en Guatemala, cuyo mandato expiraba este próximo 15 de septiembre.
“La fase de trabajo de la Cicig ya terminó y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”, dijo el mandatario.
En marzo pasado el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Guatemala para sostener una reunión con los mandatarios del llamado Triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para “negociar” sobre la aplicación de la Alianza para la Prosperidad, una iniciativa del presidente estadounidense Barack Obama para “ayudar a la región”.
La exigencia del Gobierno estadounidense de extenderle el mandato a la Cicig se convirtió en un tema de debate en ese país centroamericano.
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el congreso de EE.UU. se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares (…). La continuidad de Cicig es muy, muy, muy importante”, insistió Biden.
Dichas presiones también alcanzaron el Congreso de EE.UU., cuando el 24 de marzo el presidente del comité de Asuntos Exteriores del órgano legislativo, el republicano Edward Royce, y el líder de los demócratas en esa instancia, Eliot Engel, enviaron una misiva a Pérez Molina para pedirle la extensión de la Cicig, en donde destacaron el papel financiador de Estados Unidos.
Según datos oficiales de Estados Unidos, ese país aportó 7,16 millones de dólares del presupuesto de 14 millones de que dispone el Cicig para 2015. La otra parte proviene de varios países occidentales como Noruega, Canadá, Suecia e instituciones como la Comisión Europea.
Intromisión de Estados Unidos
La representación diplomática en Guatemala ha sido una de las máximas defensoras de la comisión investigadora. El embajador Todd Robinson ha apoyado públicamente las labores que realiza la Cicig en ese país.
Una de las excusas de Washington para inmiscuirse en Guatemala es la crisis migratoria, de la cual Estados Unidos es copartícipe.
“Seis millones de jóvenes centroamericanos entrarán en el mercado laboral durante la próxima década. Si allí no encuentran oportunidades, todo el continente sufrirá las consecuencias”, argumentó Biden en marzo desde Guatemala.
Biden se refirió a la cantidad de menores de edad centroamericanos que intentaron entrar sin documentos a Estados Unidos, la cual superó los 70 mil.
Por otra parte, destaca que en 1954 Estados Unidos lideró el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Árbenz y prestó ayuda financiera, política y militar a todas las dictaduras que se sucedieron en el poder hasta 1986.(teleSur.net)
