Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Un grupo de afiliados al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) advirtió a los directivos del ente que se exponen a una deducción de responsabilidades por daños y perjuicios por renunciar ilegal e inconsultamente a millonarios aportes del Estado en detrimento de la jubilación de los periodistas.
La advertencia se ampara en la ley del IPP que establece que los directivos que apoyen resoluciones que infrinjan disposiciones legales se les deducirá responsabilidad y que deberán responder en todo tiempo por sus actuaciones.
La Gerencia y Junta Directiva del IPP han incumplido a partir del año 2014 con su obligación de requerir las aportaciones estatales establecidas en el Decreto 190-85 de creación del organismo, contribución que sumó 53.2 millones de lempiras entre 1987 y 2013.
“Les advertimos que el Artículo 15 del citado decreto establece que en las resoluciones de la Junta Directiva que infrinjan disposiciones legales se deducirán las responsabilidades por daños y perjuicios a todos los miembros de la Junta Directiva que hayan votado favorablemente a la resolución así tomada”, dice una carta que un grupo de afiliados envió al presidente del IPP, Eduin Natividad Romero.
La decisión de los directivos del IPP de renunciar ilegalmente a la aportación estatal tiene como propósito impedir ser alcanzados por una nueva legislación en materia de previsión social, que obliga a todos los entes que reciben fondos públicos a ser supervisados y fiscalizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El IPP, es el único sistema de previsión, que no es fiscalizado por la CNBS, que ejerce vigilancia sobre entes similares públicos y privados, bancos, financieras y cooperativas.
En la carta también se insta a la Junta Directiva del IPP y a su Gerente a que enmarquen sus actuaciones en el Decreto 190-85 de creación del Instituto y se les cita el artículo 18 que literalmente dice: “los miembros de la Junta Directiva, en todo tiempo responderán por sus actuaciones dentro de la gestión en que le tocó fungir como tal”.
La actual administración del presidente Juan Hernández, en cumplimiento de la ley del ente de previsión de los periodistas, asignó fondos en los presupuestos del 2014 y del 2015 para transferir al IPP, pero los responsables de la administración del Instituto dejaron de requerir los desembolsos, dicen fuentes de gobierno.
La cúpula del IPP excluyó en el informe de ejecución presupuestaria de 2014 de las fuentes de ingreso del sistema la contribución estatal establecida en la ley de creación del ente.
Los directivos del IPP no respondieron a la petición que hizo un afiliado para que le entregaran una copia del Acta de la sesión en la que habrían aprobado el desistir de cobrar la contribución estatal.
No obstante, el presidente del IPP, Eduin Natividad Romero –presidente también del CPH–, envió a algunos afiliados, mediante correo electrónico, una nota en la que manifiesta que “el Estado participaba en el Instituto como colaborador del Sistema por mera liberalidad; por tanto es una entidad de derecho público no estatal”.
Hasta la fecha la directiva del IPP ha operado a manos libres porque el Colegio de Periodistas de Honduras, en el año 2000, logró que el Congreso Nacional aprobara una interpretación a la ley del Instituto mediante la cual consiguieron que no se le apliquen “las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
Los afiliados manifiestan en su carta que “sus actuaciones como directivos tienen que enmarcarse en el decreto 190-85 de creación del Instituto” y que “en ninguna parte de la ley se les confiere la atribución de renunciar a los derechos que por ley les corresponde a todos los afiliados a nuestro sistema de previsión”.
“La arbitraria disposición de la junta directiva del IPP de desistir del beneficio de los fondos estatales, atenta contra la sostenibilidad del organismo de previsión de los periodistas, porque se disminuyen sus recursos y por ende los beneficios a que tienen derecho los afiliados”, se agrega en la carta.
Los directivos del IPP se han llamado a silencio y no han respondido ante una serie de publicaciones en el periódico digital Criterio.hn y en algunos programas radiales sobre disposiciones ilegales como la renuncia a la millonaria aportación estatal y la determinación de derivar fondos a una administradora privada de pensiones a la que trasladan únicamente las aportaciones individuales.
Aunque las reservas técnicas para financiar las pensiones por jubilaciones y beneficios del sistema, están constituidas, de acuerdo a la ley, por las utilidades por inversiones que sumaron entre 1987 y 2013, 124.3 millones de lempiras, las aportaciones patronales 56.3 millones, las contribuciones estatales 53.2 millones de lempiras y las individuales 26.8 millones de lempiras.
