Tegucigalpa. Al cierre de septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó 90,314 solicitantes de la condición de refugiados de los cuales 31,884 eran hondureños; superando a Haití, que le siguió con 26,007 peticiones, informó vía Twitter el titular de dicha organización Andrés Ramírez.
Para la defensora de Derechos Humanos, Miroslava Cerpas, estos datos evidencian la desatención del gobierno de Honduras a las necesidades de su población y por lo tanto generando expulsión.
«Lo que sucede actualmente en Honduras con respecto a la expulsión de población no es más que el resultado de las políticas de gobierno que ha implementado el gobierno de Juan Orlando Hernández en torno a la atención de la pandemia y la respuesta humanitaria frente a los huracanes Eta y Iota», dijo Cerpas a Criterio.hn.
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De acuerdo a los datos proporcionados por el jefe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta finales de septiembre de 2021 el 74.46% de los solicitantes del estatus de refugiado fueron realizados en su mayoría a través de dicha institución en los estados sureños de México.
Ramírez remarcó en uno de sus tuits: «El número de solicitantes de la condición de refugiado en México al cierre de septiembre representa un incremento de 120% respecto del número de solicitantes de todo el año pasado y un incremento del 28.28% respecto de todo el 2019, año con el anterior récord histórico».
Asimismo, publicó que de los países que lideran solicitudes de asilo en México, «seis ya rebasan sus marcas anuales». Con Honduras -a tres meses de finalizar el año- sobrepasando ya en un 5.97% su marca anual en peticiones de asilo.
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La defensora de derechos humanos explicó a Criterio.hn que esta expulsión de compatriotas es generada en dos vías. La primera causada por el incremento de la pobreza provocada por el desempleo que se generó por la desatención de la pandemia de la COVID-19 y los huracanes Eta y Iota. Y en segundo lugar por el incremento de violencia generada por el desempleo, que no está siendo atendida por el Estado.
El resultado de todos los elementos señalados anteriormente por Cerpas, es un «éxodo poblacional que huye y que no tiene las condiciones económicas para pagar 9 mil o 10 mil dólares a un traficante de personas para llegar hacia Estados Unidos y entonces llegan hasta México y piden asilo […] porque saben que no pueden volver a Honduras por estas condiciones».
