Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.
Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).
Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.
A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.
El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.
Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.
Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.
Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.
Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.
En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.
Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:
Impulsar la construcción conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de protección de personas defensoras previstos a nivel interno; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
Abstenerse de cometer y condenar cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, estatal y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor en el contexto de COVID-19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Liberar a las personas defensoras detenidas por su labor de derechos humanos y a cualquier persona que permanezca privada de la libertad en forma ilegal.
