Por: Redaccion CRITERIO.HN
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La Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, mediante una publicación en su cuenta de Twitter ha denunciado, que hombres fuertemente armados provocan terror en la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, en Tela Atlántida.
La líder comunitaria y defensora de los derechos humanos afirma tener conocimiento que por las noches entran vehículos con gente armada y que el gobierno no cumple con lo ordenado en la sentencia que dictó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que obliga al Estado de Honduras a garantizar la paz y la seguridad de la comunidad. “Cumplimento ya”, exige Miranda en su mensaje publicado en la tarde de este lunes 20 de julio.
La publicación de Miranda ocurre en el momento en que cuatro líderes de El Triunfo de la Cruz se encuentran desaparecidos, luego que el pasado sábado 18 de julio, hombres armados secuestraran en sus casas de habitación a los defensores de derechos humanos Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Alber Sentana Thomas y Snider Centeno.
En horas de la mañana de este lunes 29 de julio, pobladores de la comunidad realizaron la toma de la carretera Ca-13 para exigirle al gobierno la pronta investigación de los hechos y la entrega con vida de sus compañeros.
En el año 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos y la expropiación de tierras ancestrales comunitarias que afectaron a los pobladores del triunfo de la Cruz. Y a juicio de los garífunas, el secuestro de sus compañeros podría devenir de la exigencia del patronato para que se cumpla esa sentencia, que no solo afectó al Estado sino también a los terratenientes interesados en desaparecer a las comunidades.
Desde el año 2010 cuando el Congreso Nacional, presidido por el actual presidente, Juan Hernández, aprobó la Ley Promoción Público Privada, los garífunas asentados en El Triunfo de La Cruz y comunidades vecinas han venido experimentando situaciones difíciles por las amenazas del despojo de sus tierras, amenazas de muerte, encarcelamientos y persecución por parte de empresarios y funcionarios del gobierno interesados en instalar una ciudad modelo en esas tierras ancestrales.
Cuando la Ley de las ciudades modelos fue declara inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los diputados nacionalistas destituyeron a cuatro de los cinco magistrados que votaron contra esa Ley, emitieron un nuevo decreto para cambiarles el nombre y llamarles zonas especiales de desarrollo (ZEDE), nombraron a los nuevos magistrados de la Sala Constitucional y más adelante, al que había votado a favor de las ciudades modelo, lo nombraron Fiscal General del Estado.
