Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Frente Parlamentario contra la Corrupción respalda a diputados de oposición, que el pasado 24 de junio en sesión extraordinaria, abrogaron el nuevo Código Penal.
Cinco diputados de la oposición enmarcados en el artículo 191 de la Constitución de la República convocaron a una sesión extraordinaria donde 67 diputados y diputadas aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal.
Luego de su aprobación lo remitieron al presidente Juan Hernández, quien tiene 10 días para su veto o sanción de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 216 de la Constitución de la República.
Las autoridades del Congreso Nacional, pertenecientes al partido en el poder, interpusieron una demanda en contra de los cinco diputados convocantes y los diputados se presentaron a las oficinas del Ministerio Público para conocer la denuncia y brindar su declaración.
El ministerio Público no se ha pronunciado al respecto y el Poder Ejecutivo tampoco se ha pronunciado sobre el decreto de abrogación, por lo que los diputados y muchos juristas consideran que, si el presidente Juan Hernández no se pronuncia, el nuevo Código Penal se considerará abrogado
El Frente Parlamentario contra la Corrupción en un pronunciamiento manifiestan su respaldo a la exigencia ciudadana de fortalecer las instituciones y leyes para prevenir y sancionar la corrupción, sobre todo en un contexto marcado por las denuncias sobre la malversación de los fondos destinados a la atención de sectores críticos en el marco de la pandemia COVID19.
Además, revalidan su rechazo al nuevo Código Penal por motivos de forma y de fondo. Además de aprobarse mediante un proceso que violenta las disposiciones constitucionales del proceso legislativo, esta norma representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, dado que reduce las penas por actos de corrupción y limita las conductas que son consideradas delitos.
El Frente Parlamentario contra la Corrupción manifiesta su nuestro a los 67 diputados y diputadas del Frente Parlamentario y de otras bancadas políticas que, en respuesta a una amplia demanda ciudadana, aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal y remitieron el decreto correspondiente al Poder Ejecutivo para la sanción y promulgación de la Ley (art. 215 constitucional).
Invocan el artículo de la 216 de la Constitución, a fin de resaltar que el Poder Ejecutivo tiene 10 días para sancionar o vetar un Proyecto de Ley, y que, al no producirse una manifestación del Ejecutivo, dicho proyecto se considerará como sancionado y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para que la abrogación tenga vigencia.
El Frente Parlamentario exhorta a los operadores de justicia a no aplicar este Código conforme a la disposición constitucional (art. 188) que prohíbe la declaración de nuevos delitos y penas distintas a “las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.” Sumado a lo anterior, no procede la aplicación de un Código que ya fue abrogado, en sesión del 24 de junio, con el voto de 67 diputados y diputadas.
Finalmente hacen un llamado a la ciudadanía hondureña, en especial a las organizaciones de sociedad civil, a mantenerse firmes en la denuncia y rechazo del nuevo Código Penal por ser una iniciativa que atenta contra el desarrollo democrático del país y los esfuerzos por librar a nuestra nación del flagelo de la corrupción.
