Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
| Tegucigalpa.- Organizaciones nacionales e internacionales con destacada trayectoria en materia de derechos humanos en Honduras alertamos que el anterior 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y un día después del Día Internacional Contra la Corrupción, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un informe sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual fue instalada en 2016 en el país producto de un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El referido informe solicita al Poder Ejecutivo que no se renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha Misión. Cabe destacar que el informe se elaboró por una Comisión Especial integrada por siete congresistas, de los cuales cuatro son del Partido Nacional de Honduras, creada el 5 de diciembre. Ese día, el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva, quien ha sido investigado por la Misión, mencionó a través de medios de comunicación que: “La MACCIH es un matrimonio con el (Poder) Ejecutivo, que lo envíen aquí y decido si lo santifico o no”. Otra de las afirmaciones hechas por Oliva, fue que el informe elaborado “es puntual e inapelable”. Recordamos que la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron en 2018 el denominado caso “Pandora” que evidencia un plan para el desvío de fondos gubernamentales para el Partido Nacional durante la campaña electoral de 2013. La investigación se dirigió en contra de 38 políticos(as) y funcionarios(as), entre los cuales, se encuentran actuales congresistas. Asimismo, este partido político ha sido mencionado en los casos de corrupción “Caja chica de la dama”, “Caja chica del hermano”, “Licitaciones fraudulentas del Seguro Social”, “Arca abierta” y “Narcopolítica”. Todos estos casos caracterizados por delitos como lavado de activos, malversación de presupuesto público y violación a los deberes de los funcionarios. Entre las personas implicadas, además de congresistas se ha vinculado a jerarcas del Instituto Hondureño de Seguro Social, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y empresarios emergentes como David Castillo, acusado por ser parte de la red de fraude a la ENEE a través del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque y también por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Igualmente, a través de las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC se develaron los actos de corrupción de la ex primera dama de Honduras en el periodo 2010-2014, el hermano y el hijo del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa. Los avances anteriores han significado que la MACCIH y la UFECIC sean objeto de ataque constante, con el propósito de socavar su mandato. Es por ello que, las organizaciones observamos con profunda preocupación que la reciente medida adoptada por el Congreso responda a la búsqueda de proteger intereses particulares y garantizar la impunidad para quienes han sido investigados por actos ilícitos en el país. Asimismo, consideramos que el plazo establecido -cinco días- fue muy breve en términos de estudiar el alcance de la Misión en los cuatro años de gestión que tiene en el país. Igualmente observamos que la lectura y aprobación de dicho informe en el pleno se dio de manera expresa, situación que se denunció por parte de otros congresistas que estuvieron presentes en la sesión. En paralelo, recordamos que el gobierno de Honduras y la OEA, instalaron una Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH, que publicó su informe el reciente 12 de diciembre y en el que, en virtud a los resultados que ha obtenido la Misión, recomienda: “prorrogar el texto actual del Convenio MACCIH; y posteriormente, a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios”. En esa sintonía, instamos al Estado hondureño a renovar el mandato del MACCIH y a tomar medidas para fortalecer su trabajo conjunto con la UFECIC para investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves actos de corrupción que han debilitado y provocado consecuencias negativas para todos los sectores de la sociedad hondureña. Además, solicitamos al Congreso de la República particularmente, que se abstenga de realizar declaraciones estigmatizantes a la labor de la Misión en el país y que promueva una discusión imparcial basada en criterios técnicos. Asimismo, llamamos a los países miembros de la OEA así como a su Secretaría General a que promuevan que se pueda renovar el convenio con el Estado y a los países y agencias cooperantes con la Misión así como a la comunidad internacional, que puedan elevar sus voces condenando la avanzada en contra de la lucha anticorrupción en el país. |
