Por: Mario Cooper
La actual inestabilidad política en Honduras puede definirse en modos distintos, como la propensión de cambio de gobierno, ineficacia gubernamental, incidencia de la violencia o revuelta política sobre la sociedad, pero tras el golpe de Estado y la crisis post electoral se desnudó la fragilidad democrática y las dificultades para la consolidación institucional en un país golpeado por la desigualdad y corrupción.
De acuerdo con Max Weber, la estabilidad política depende del uso legítimo que los gobiernos hacen de la fuerza pública cercanamente asociada con el concepto de un estado fallido, al representar volatilidad en las políticas electorales.
Al igual que existen distintas definiciones para la inestabilidad política, existen distintos indicadores creados para medir el nivel de esta en el país. Algunos de estos indicadores han sido desarrollados principalmente con fines académicos, como por ejemplo los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, que posesiona a Honduras de 137 países en el puesto 135 en desviación de fondos, 110 en confianza a funcionarios, 121 en independencia judicial, 105 en protección a los derechos humanos, 102 en eficiencia gubernamental, 95 en transparencia y 132 de 180 países en lucha contra la corrupción.
Al poseer indicadores altos en corrupción el nivel de ingobernabilidad será igual, afectando la imagen del país ante la comunidad internacional, reduciendo la inversión extrajera, la cooperación y la reciprocidad en las relaciones bilaterales.
Otras consecuencias que provocará este ambiente de inestabilidad política es el grado que afectación en variables económicas tales como el empleo, la inflación y el crecimiento económico medido por el crecimiento del PIB que coloca a Honduras como la economía 121 de 190 países y el índice de Desarrollo Humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso del país, que coloca a la nación en el puesto 133 de 180 países.
Es difícil no percibir esto como un ciclo destructivo que se retroalimenta reduciendo la probabilidad de definir e implementar una agenda de políticas económicas y sociales, razonablemente integrales, coherentes y sostenibles. El bajo crecimiento, el elevado desempleo y la creciente de desigualdad que resultan de ella, alimentan la inestabilidad y la fragmentación política, que socavan aún más la capacidad de los funcionarios para implementar políticas económicas eficaces.
Dado lo anterior podemos comentar que Honduras no podrá avanzar en sus objetivos de modernización política mientras el gobierno no enfrente con una estrategia eficaz y de largo plazo la inestabilidad y la impunidad en sus diversas vertientes.
