Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Un grupo de parlamentarios de Alemania enviaron una carta al Fiscal General de Honduras Oscar Chinchilla donde le hacen varios señalamientos y peticiones sobre la aplicación de la justicia en el caso de Guapinol en el municipio de Tocoa Colón.
Los parlamentarios manifiestan su preocupación ante la criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro de Tocoa, Colón.
Señalan que se ha proseguido con el proyecto a pesar de dictámenes de no factibilidad del Instituto de Conservación Forestal (2014) como de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales (en 2014).
La población afectada por la actividad minera alega que se les ha negado tanto su derecho a la información legal y ambiental como el derecho a una consulta previa según la legislación hondureña.
Ante la negación de derechos fundamentales, y por la contaminación ya palpable de los ríos Guapinol y San Pedro, el 1 de agosto de 2018 se instaló el campamento de protesta Guapinol en una vía pública para evitar la continuidad de las operaciones de la empresa Inversiones Los Pinares y proteger los ríos. Fue desalojado violentamente a finales de octubre del 2018 por miembros del ejército y la policía.
Consecuentemente varios de los defensores de derechos humanos de Guapinol y Sector San Pedro fueron demandados por la empresa minera Inversiones Los Pinares y por el momento ocho de ellos enfrentan un proceso jurídico por delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado. Llama la atención que incluso una persona fallecida tres años antes de los supuestos hechos ha sido incluida en la lista de demandados.
El domingo, 1 de septiembre de 2019 se ha dictado prisión preventiva por una jueza de un tribunal de jurisdicción nacional (Juzgado de letras de jurisdicción nacional territorial en materia penal, Tegucigalpa) en contra de los ocho defensores. Hay que temer que las acusaciones en contra de ellos deriven de denuncias no suficientemente fundadas y además que la acusación ante un tribunal especial, creado específicamente para el crimen organizado, terrorismo y crímenes capitales, muestra un uso del derecho penal que no corresponde a un debido proceso según estándares nacionales e internacionales.
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Por lo tanto, instan a las autoridades correspondientes a:
– Garantizar a los acusados el reconocimiento como defensores de derechos humanos tal como lo ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección.
– Garantizar que los acusados puedan defenderse en libertad ante un tribunal competente de jurisdicción local por los delitos que se les atribuye y que su derecho a un debido proceso sea respetado.
Además, piden revisar la práctica de juzgar a defensores de derechos humanos y del medio ambiente o personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta social por una jurisdicción sobre criminalidad organizada, terrorismo etc. (Juzgado de letras de jurisdicción nacional territorial en materia penal).
Están preocupados por el vil asesinato del también acusado defensor, Roberto Antonio Argueta el miércoles, 28 de agosto de 2019 en Tocoa, Colon y piden a las autoridades correspondientes:
– Investigar de manera inmediata, juzgar y sancionar a los autores materiales y, si corresponde, intelectuales de ese crimen.
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En este contexto exigen al Estado de Honduras acatarse a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas expresadas el 28 de agosto del 2019 en las observaciones preliminares después de su visita a Honduras, entre otras:
– Garantizar el derecho a defender derechos humanos como definido en la resolución 53/144 de las Naciones Unidas (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos).
– Adoptar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad y el ejercicio libre de sus derechos a los pobladores afectados en Guapinol y Sector San Pedro por el proyecto de Inversiones Los Pinares y sus defensores
– Garantizar el derecho a la consulta, el acceso a la información necesaria sobre las concesiones mineras y licencias ambientales y el acceso a la justicia para la población afectada.
Un comentario
Hmmm, EEUU calladitos no dicen ni pío,
mas bien ya van a construir cuarterias para soldados.
Será preparando la invasión a Venezuela y como dice JOH que NO, se lo llevan chachado.