Por: María Luisa Paúl/elnuevoherald
▪ Primera parte de una serie de dos
En lo que va de año, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha enfrentado diversas controversias. La última: un nuevo Código Penal. Bajo el Decreto 130-2017, publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo, Honduras tendrá un nuevo Código Penal, que estará vigente a partir del próximo 10 de noviembre.
Unas de las mayores problemáticas en éste es la violación a la libertad de expresión y la reducción de las sentencias de distintos delitos como el tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación, según un comunicado emitido por el Centro Nacional Anticorrupción (CNA), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo Honduras (FOSDEH), la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otros.
El artículo 28, que se refiere a la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión, reprime a los medios de comunicación al deducir responsabilidad penal a aquellos que reproduzcan algo considerado como injuria o calumnia.
A su vez, de acuerdo al artículo 232, se puede considerar como un detrimento en los llamados “delitos contra el honor”, el uso de las redes sociales en donde las opiniones emitidas a través de estas sean consideradas como deterioros hacia la honra de funcionarios públicos.
Aunque el nuevo Código Penal ha creado polémica en distintos sectores, los allegados del gobierno de Hernández como Frank Alley, vocero de juventud del Partido Nacional, consideran que se trata de modificaciones que concuerdan con el cambio de los tiempos.
Alley reconoció la controversia generada por la reducción de las sentencias de ciertos delitos —especialmente el de tráfico de drogas— pero dijo que se debían tomar en cuenta distintas perspectivas e incidentes.
“Está el caso de jóvenes que encuentran con pequeñas dosis de drogas. Después tienen que cumplir sentencias muy largas en vez de ser rehabilitados”, dijo Alley como ejemplo.
Sin embargo, para la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), entidad de Derecho Público en San Pedro Sula que busca promover el progreso de Honduras a través del desarrollo empresarial, estas modificaciones representan entonces un obstáculo en el esfuerzo para reducir la corrupción e impunidad que prevalecen en Honduras.
“Queremos abrogar el nuevo Código Penal. Es un retroceso en la lucha en contra de la corrupción y el narcotráfico. También está en contra de las libertades individuales y colectivas de los hondureños”, dijo Pedro Barquero, director ejecutivo de la CCIC.
CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA
La CICC ejecutó varios estudios sobre el desarrollo de Honduras. Utilizando distintos medidores como los de World Justice Project (WJP), ONU, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), World Bank, World Economic Forum, entre otros, determinó que la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad son las causas de los problemas que tiene el país centroamericano.
“La raíz es la corrupción y la impunidad. Por eso no tenemos medicinas en los centros de salud y no hay una buena educación para nuestros jóvenes”, dijo Barquero.
Alley aceptó que existe corrupción en Honduras, pero resaltó que el problema muchas veces se desproporciona gracias a la cobertura que recibe.
“Antes de este gobierno la percepción de la corrupción no se abordaba. Era un ‘secreto a voces’ porque no habían enjuiciamientos. Ahora que tenemos redes, se han hecho esfuerzos en contra de la corrupción y hemos tenido personas enjuiciadas de todos los partidos, se dispara la percepción de la corrupción porque uno observa que está sucediendo”, dijo Alley.
Además aseguró que el Presidente Hernández y su gobierno han creado políticas para flagelar este problema, como firmar el convenio internacional anticorrupción y ser el decimotercer país en adherirse a la iniciativa CoST para “elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública del país”, según indica la página Web de la iniciativa.
Nota relacionada CIDH y OACNUDH preocupados por nuevo Código Penal
No obstante, la CCIC encontró en sus investigaciones que aunque la recaudación tributaria aumentó en un 250 por ciento, pasando de 39 mil millones de lempiras hace ocho años a 100 mil millones actualmente, y la deuda aumentó en un 400 por ciento, siendo de $13 mil millones, la pobreza ha aumentado de un 59 por ciento en 2009 a un 62 por ciento en 2018.
“Estas cifras muestran que los recursos se fueron en corrupción y no en darle una mejor calidad de vida a los hondureños”, dijo Barquero.
Por su parte, Alley dijo no estar de acuerdo con esta declaración de Barquero ya que se trata de un “tema de medición”.
“Hay que verlo desde la dignidad de las personas. Se han construido más viviendas que en los últimos cinco gobiernos combinados”, dijo Alley.
Asimismo, el vocero del Partido Nacional mencionó los distintos proyectos que ha encabezado el gobierno hondureño para mantener un desarrollo económico constante, promover la inversión y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, según Alley.
“Ha habido una macroeconomía fuerte. [El Presidente Juan Orlando Hernández] ha venido con una actual política económica fundamentada en ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas”, dijo Alley.
Dentro de estas políticas figuran el rápido acceso al crédito mediante la iniciativa “Mi empresa online”, el balance del subempleo y la creación de incentivos fiscales para distintos sectores. Además, Alley compartió que la calificación de riesgo en inversión ha mejorado según los indicadores de Standard Impulse.
