Los juicios de Nueva York y la estrategia imperial para Honduras (parte II)

Por: Tomás Andino Mencía

EL IMPERIO Y SU TRAMA PARA LIMPIAR EL PATIO DE CARA AL 2021

Pero algo ocurrió este año 2019 que lleva al diario La Prensa a sacar de sus archivos el documento que involucra a Manuel Zelaya, acusándolo sin fundamento, pero con escándalo, en el que también se menciona a Roberto Micheletti Bain, miembro del lado oscuro del Partido Liberal, e involucrado en las declaraciones de “Don H” por haber recibido un soborno de 500 mil dólares (lo cual la prensa local no lo ha destacado de la misma manera). [1]

La clave se encuentra en el hecho extraordinario, de que dos días después de lanzada esa información sobre Zelaya, la MACCIH hizo pública una acusación en contra de Ana Rosalinda García Carías, esposa del gobernante, y de su cuñado, Jean Francois Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, entre otros connotados políticos y empresarios de ambos partidos tradicionales, como Rodolfo Irías Navas, Celin Discua Elvir, Elvin Santos Ordoñez, entre otros en el marco del “Caso Pandora”. Esa acusación incluye la solicitud de la privación de bienes a la familia Hernández. Todo un misil político lanzado desde una instancia controlada políticamente por la OEA, o lo que es lo mismo, por el Departamento de Estado USA, en contra del círculo más íntimo de JOH.

Cuando se esperaba que la prensa destacara esto último a grandes titulares, lo que se observa es que se le ha bajado el perfil a modo de hacerlo pasar desapercibido. Pero tiene todos los ingredientes de una crisis que la oposición política, si lo fuera de verdad, debería estar aprovechando.

A partir de estos hechos, hay tres lecturas que podrían hacerse.

Una primera lectura es banalizar estos hechos diciendo que la acusación de la MACCIH es un “show” para blindar al círculo más cercano a JOH, incluida su esposa, para luego declararlos “inocentes”. Pero si fuera así, ¿para qué demandar la privación de dominio es decir la retención de sus bienes inmuebles y muebles? Es una medida demasiado fuerte para que sea simplemente un show. Que los tribunales no les den trámite es otro asunto, pero que la petición no es una broma, lo es. Así que descarto esa posibilidad.

Una segunda lectura es que la acusación ligeramente lanzada contra Zelaya era una cortina de humo para concentrar en este la atención, cuando era inminente la revelación de la acusación de la MACCIH en contra de la esposa de JOH y de connotados líderes del Partido Nacional y del lado oscuro del Partido Liberal. En tal caso, sería una desesperada forma de disminuir el impacto político negativo de la acusación contra la familia Hernández.

Si eso fuera así, lo que se esperaría es que la trama contra Mel continuaría hasta llevarlo a los tribunales por parte de la MACCIH, tal como se hizo con Pepe Lobo. Pero esa ruta no conduciría a estabilizar la situación política en un país clave para el gobierno norteamericano, ya que la reacción de las bases de LIBRE y de Mel mismo por razones de sobrevivencia, patearía el tablero político actual.

Me inclino más a pensar en una tercera posibilidad: que estos hechos reflejan una estrategia de más largo plazo, que implica la salida ordenada de JOH para las elecciones de 2021 y su sustitución por otro cuadro afín a sus intereses pero que no esté vinculado a las narco-mafias de los dos partidos tradicionales, ni tampoco implique el ascenso de LIBRE al Poder. Para ello utilizaría, por un lado, la amenaza de la extradición y de las acusaciones de la MACCIH como un arma de chantaje político, y por otro, la emergencia de un actor político no “quemado” que garantice un triunfo electoral sobre los dos extremos.

UNA OPERACIÓN DE ATERRIZAJE SUAVE DE LA DICTADURA

Detrás del escándalo contra Zelaya y la acusación de la MACCIH contra la familia Hernández, hay una estrategia hilada desde el Departamento de Estado norteamericano, la OEA y la UE, que consiste en limpiar el camino para darle una salida política preventiva y no traumática a la crisis del régimen dictatorial de JOH, con el objetivo de evadir los escenarios de levantamientos populares recurrentes que impiden al capitalismo desarrollar sus procesos de explotación y saqueo.

¿En qué hechos se basa esta hipótesis?  Primero, el imperio no “suelta prenda” así nomás. Los documentos oficiales de la Corte de New York, aunque no son documentos propiamente “clasificados”, tampoco se reparten como confites; son protegidos como en cualquier juzgado serio, y cuando así lo requiere las condiciones del proceso, pueden ser editados en su presentación usando una cinta negra para ocultar nombres que se consideren no conveniente divulgar.

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Por tanto, la difusión de documentos de los juicios, sobre todo la exposición pública de información sensible y nombres de los principales personajes políticos de nuestro país no es un hecho fortuito, sino un acto hecho con cálculo político.

La imparcialidad en el manejo de información comprometedora no es una de las virtudes del Departamento de Estado norteamericano. Ese manejo obedece a las prioridades políticas de dicho gobierno en cada momento histórico.

Y aquí vemos tres momentos históricos diferentes en el caso del Estado de Honduras:

1. a) Momento del coqueteo de Pepe Lobo y JOH con Rusia, Brasil y Nicaragua (2010-2014). De esta época datan la investigación abierta en 2013 contra Callejas, JOH y sus ministros, y contra los Rosenthal, por parte de la Corte de NY.
2. b) Momento de realineamiento pro-gringo y consolidación de la dictadura (2015-2017). De esta época datan las revelaciones sobre los juicios a Pepe Lobo y su familia, y el requerimiento a Oscar Álvarez.
3. c) Momento de la transición hacia la salida de JOH (2018-2019). De esta época datan las revelaciones sobre su hermano Tony Hernández, su esposa Ana García y su cuñado y sus ministros más cercanos (Ebal Díaz, Julián Pacheco).

Es decir que cada difusión de esos documentos obedeció al objetivo que el imperio buscaba alcanzar en cada uno de esos momentos.

Durante la administración Obama y la mayor parte de la administración Trump, el gobierno de JOH gozo de un apoyo a regañadientes. Nunca ha sido un narco gobernante de su confianza, pero es “su” narco-gobierno y no lo han sacado porque no habían tenido, hasta ahora, un sustituto o sustituta leal que tenga el mismo control férreo del Estado, y que obedezca sus órdenes, como él.

Este parcialismo a su favor fue evidente en varios momentos, tanto que hasta generó choques entre demócratas y republicanos. Cuando la Encargada de Negocios Heidi Fulton, avalo en persona el fraude electoral de noviembre 2017, y cuando el Departamento de Estado norteamericano se resistió a entregar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la lista de los funcionarios corruptos de Honduras, para aplicarles la “Ley Magnistky”, se produjo una fricción entre la congresista Norma Torres y Michael Richard Pompeo, Secretario de Estado por la cual la primera acusó a Trump de “encubrimiento”. [2]

Sin embargo, con la crisis protagonizada por la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación, el régimen llegó a su peor momento de aislamiento político y crisis, sostenido únicamente por la bota militar. El Pueblo estaba a diario en las calles, paralizando el país, reconstruyendo su tejido organizacional en plataformas locales, casi tocando el cielo de hacer real el Fuera JOH.  

Desde entonces, el régimen de JOH, cada vez más hundido por las declaraciones en los juicios de New York, los escándalos de corrupción en el país y por el odio generalizado del Pueblo en su contra, se ha convertido en un aliado incómodo de Washington, porque con facilidad pierde el control del país, porque le genera ríos de migrantes sin control y porque en tiempos de campaña electoral en Estados Unidos, es  un estorbo para la imagen de Trump a la Presidencia y un potencial motivo de “empeachment” (juicio político) de parte de los demócratas. De tal manera que la estrategia norteamericana parece estar cambiando.

Todo indica que el Departamento de Estado seguirán apoyando la permanencia de JOH en el poder temporalmente, porque no le interesa que sea derrocado por un levantamiento popular al estilo de lo ocurrido en Puerto Rico; pero en lo que queda de tiempo prepararán las condiciones para su salida en el proceso electoral de 2021. ¿Cómo? Mediante seis medidas:

1) Potenciar el proceso electoral de 2021, para volverlo creíble ante el Pueblo, para lo cual equipos técnicos de la UE, la OEA han tomado control de las reformas en el RNP y el futuro CNA y TSJ.

2) Llegar a un consenso para la integración de esos organismos electorales, para viabilizar el proceso electoral con la colaboración de LIBRE (que entonces desmontaría su “insurrección parlamentaria”).

3) Desmovilizar o reducir la movilización popular a un nivel tolerable, tanto de parte de la Plataforma como de LIBRE, los dos grandes convocantes de masas, de manera que no genere levantamientos populares que pongan en riesgo al régimen, para lo cual debería contar con la colaboración de la cúpula de ambos organismos.

4) Mantener a raya a los extremos del espectro político. Por un lado, a JOH, mediante el encausamiento judicial de su círculo cercano, la pérdida paulatina de su perfil político, la negativa de la posibilidad de una reelección. Y, por otro lado, impedir que tome fuerza una candidatura desde LIBRE, el partido hoy día mejor colocado para competir por la presidencia, ya que aún es un partido indigerible para quienes gobiernan el imperio. Para estos propósitos es que sirve el encausamiento de la familia de JOH y del mismo Zelaya.

5) Mover por este periodo el eje del poder del Ejecutivo al Congreso Nacional, en particular a Mauricio Oliva. Una anécdota lo evidencia: el recién nombrado nuevo representante del imperio, Lawrence J. Gumbiner, quien no viene como Embajador, sino, de nuevo, como Encargado de Negocios de Estados Unidos (un hecho significativo en el lenguaje diplomático) hizo una visita públicamente más destacada ante Oliva, que ante JOH.

6) Potenciar la candidatura de un candidato o candidata que no esté sujeto al Partido Nacional ni a LIBRE, para lo cual sería viable alguien que esté dispuesto a impulsar su proyecto neoliberal, su sumisión al imperio y potable para la oligarquía criolla. Este puede provenir bien del Partido Liberal, una alianza de los Partidos mal llamados emergentes, o un(a) “outsider” de los movimientos sociales recientes; o una combinación de todos estos.

En la práctica, los hechos indican que se están cumpliendo al menos las cinco primeras condiciones, en menor o mayor medida. Las últimas dos se irán develando con el tiempo a medida que nos acerquemos al proceso electoral.

La pregunta es: ¿las dirigencias de la Plataforma y de LIBRE se prestarán para este juego del imperio? ¿Los partidos de la oposición burguesa se sumarán a ese proyecto?

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La filtración y difusión de documentos de los juicios en Estados Unidos son parte del instrumental político que utiliza el imperio y subsidiariamente el gobierno de turno para manipular a actores políticos en función de los intereses de la política exterior norteamericana y de la élite del país.

Mal hacen quienes depositan sus esperanzas en que cabe esperar algo positivo de estos mecanismos coloniales, porque aún en el supuesto de que hagan una justicia inmediata, al largo plazo están privando a los hondureños(as) de hacernos de nuestros propios medios de hacer justicia, atentando contra nuestra soberanía como pueblo. Las cuentas que los corruptos, fraudulentos, narco criminales y demás hierbas, deben ser juzgadas y pagadas en nuestro país mediante un sistema de justicia confiable y expedito, que aún no tenemos, pero por el cual hay que luchar.

Para eso, la primera condición es que JOH y su dictadura decadente salga del poder mediante un proceso de INSURRECCIÓN que EMPODERE A LA CIUDADANÍA y que permita la construcción de un nuevo tipo de Estado a través de una Asamblea Constituyente Originaria, y no mediante una estrategia imperial, en la que, mediante elecciones con un resultado inducido, se sustituya a un peón por otro.

[1] El texto del documento dice que también: ““luego se alineó con el acusado (Fernández Rosa) de participar tanto en los envíos de drogas como en los asesinatos, pagó unos $500,000 en ingresos por drogas para apoyar la campaña del entonces congresista que se convirtió en presidente en 2009”, refiriéndose indudablemente a Roberto Micheletti Bain. Ver: La Prensa, edición lunes 29 de julio 2019.

[2]  De acuerdo con la congresista Torres, el Departamento de Estado tardó casi 250 días en identificar a los líderes políticos y empresariales acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Después de fuertes presiones a ese nivel, Pompeo entregó la siguiente lista a la Cámara de Representantes: Mario Zelaya, Carlos Montes, José Valery, Boris Espinal Ponce, Nelson Abdalah Ghawi Darío Alberto Mejía Valdivieso, Teodoro Bonilla, Marcelo Antonio Chimirri Castro, Yani Rosenthal, Yankel Rosenthal, quienes ya habían sido procesados. La congresista Torres reaccionó:

“Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. SI el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google. Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también lo saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción den Centroamérica.” Ver. https://criterio.hn/2019/04/04/norma-torres-dice-que-la-lista-es-una-farsa-y-acusa-a-trump-de-encubrir-a-los-corruptos-de-centroamerica/