Demandaron el funcionamiento del Programa CREDIMUJER y los recursos etiquetados para combatir la violencia contra las mujeres
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Más de un centenar de mujeres exigieron frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) el funcionamiento del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural «CREDIMUJER», así como el cumplimiento de la asignación de los recursos destinados para reducir la violencia en contra de las mujeres en Honduras.
Las organizaciones campesinas y feministas demandaron al gobierno que iniciara con el funcionamiento del programa CREDIMUJER, aprobado en 2015 en el Congreso Nacional, con el cual se proveería créditos y asesoría técnica a miles de mujeres rurales con o sin tierra.
«Es inaceptable que después de cuatro años de su aprobación, el programa CREDIMUJER aún no se pone en marcha. Demandamos que la SEFIN, la Secretaría de Desarrollo Económico y Banhprovi dejen de tirarse la pelota y se pongan de acuerdo para agilizar los pasos que hacen falta para operativizar esta Ley que beneficiaría a las mujeres rurales de nuestro país», detalló Wendy Cruz, de la Vía Campesina.
Las mujeres dirigieron sus demandas a la ministra de la SEAN, Rocío Tábora, al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Arnaldo Castillo, y a la presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhpro-vil, Mayra Falck, a quienes se les exigió no postergar el cumplimiento de la Ley CREDIMUJER, publicada en La Gaceta en 2016.
A las tres instancias les requirieron la elaboración inmediata del contrato de un fideicomiso que permitiría la ejecución de los 37 millones de lempiras, asignados en agosto de 2018 a través de un acuerdo ejecutivo exclusivo para el programa CREDIMUJER.
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Al ministro Arnaldo Castillo, le exigieron la instalación de la Unidad Técnica del programa CREDIMUJER, así como el cumplimiento de la implementación de su Reglamento -publicado en La Gaceta en marzo del 2018-, «le recordamos al ministro Castillo, que fue el propio Presidente de la República quien le ordenó operativizar los procesos para que el programa iniciara con su funcionamiento», añadió Wendy Cruz.
Las campesinas declararon tener toda la disposición para coordinar con los entes del Estado, siempre y cuando los procesos beneficien a las mujeres y que estos sean ágiles, transparentes y participativos.
Acceso a la Justicia
Además del Programa CREDIMUJER, las mujeres exigieron a la SEFIN el cumplimiento de los artículos incluidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, vinculados a etiquetar los recursos para fortalecer y ampliar las Unidades Especializadas de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios en el Ministerio Público, así como lo dirigido para crear Juzgados Especializados en Violencia Doméstica dentro del Poder Judicial.
En agosto de 2018, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios ICIMVM y Femicidios) propuso que se etiquetaran 185 millones de lempiras para fortalecer la unidad especializada dentro del Ministerio Público, sin embargo, solo fueron asignados 40 millones, de los cuales tampoco se ha informado si fueron dirigidos específicamente a esta unidad.
Cabe destacar que, en los últimos 10 años, ha habido k736 muertes violentas de mujeres y femicidios en el país, de las cuales 769 ocurrieron en los últimos dos años. Ante esta situación, las organizaciones señalaron que es urgente que el Estado cumpla con la asignación de los recursos, ya que el presupuesto es una de las principales limitantes para que las mujeres violentadas de sus derechos accedan a la justicia.
«Entre 2017 y 2018 solo 11 casos fueron sentenciados como femicidios, sin olvidar que de las 20 mil denuncias anuales que se presentan por violencia doméstica, más del 65% caducan. Nos preocupa que no se cumpla con la asignación de los recursos aprobados para enfrentar esta problemática y que las mujeres sigamos enfrentando la violencia», comentó Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer – Honduras ICEM-HI, organización miembro de la CIMVM y Femicidios.
Las feministas demandaron a la ministra Rocío Tábora, que explique cuáles son las medidas que ejecuta la SEFIN para cumplir con la asignación de los recursos pactados, así como los mecanismos que se realizan para avanzar con los presupuestos sensibles de género en el presente y siguiente año fiscal.
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