Por: Redacción CRITERIO
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El exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel, Marcello Antonio Chimirri, se ofreció a ser el primer investigado una vez que se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), dijo hoy a criterio.hn.
Apuntó que el día que vengan al país los va a ir a esperar al aeropuerto para ser el primero en ser investigado. “Cual Juan Hernández o Manuel Zelaya, yo quiero ser el primero y que investiguen mi gestión al frente de Hondutel para que se conozca qué fue lo que realmente pasó”, apuntó Chimirri.
Agregó que ha tomado esta decisión porque se ha sometido a nueve procesos en su vida, durante los últimos 7 años, siendo el exfuncionario de Manuel Zelaya Rosales, mas perseguido.
En esos procesos ha salido victorioso sin embargo ahora le han incautado sus propiedades aun y cuando fueron adquiridas muchos años atrás de ser funcionario y que han sido declaradas en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Esta persecución obedece a la guerra que como sub gerente de Hondutel libré contra el tráfico gris de llamadas telefónicas, donde se desmantelaron 63 empresas que cometían este ilícito contra el Estado de Honduras”, agregó.
En este complot de revancha contra su persona, hay gente de todos los partidos políticos y son manejados por un expresidente que en su momento va a revelar su nombre con pruebas de su incriminación.
“Por eso ahora que se pide la instalación de una organización imparcial y extranjera como la CICIH, seré el primero que se me investigue para de una vez por todas aclarar mi situación y denunciar todos aquellos actos de corrupción de los cuales tengo conocimiento y que fueron engavetados”, Sentenció.
Caso de su esposa
Su esposa Francis Quezada, dijo que aquí todo mundo puede justificar sus bienes y señaló el caso de Hilda Hernández quien ha justificado su casa en la ciudad de Comayagua con un valor cercano a los 50 millones de lempiras y más recientemente la señora primera dama, Ana de Hernández, ha justificado una mansión en la Florida con un costo superior a los 42 millones, y ambas situaciones se dan siendo funcionarias del actual gobierno.
En el caso de su esposa Francis, nunca fue funcionaria del gobierno y las propiedades se adquirieron muchos años antes que él fuese funcionario y ella nunca lo ha sido, recapituló.
Aunque la casa fue comprada en el 2003, no solamente está incautada, sino que está en proceso de juicio, un juicio que la misma fiscalía está atrasando y además han dispuesto de la casa porque la están usando, se quejó.
Apuntó que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, para regular los bancos en torno al lavado de activos, exige que se mantenga solo 5 años de registros y quieren que él tenga registros desde hace 15 años y le están exigiendo que les justifique su vida y sus bienes desde el año 2000, lo cual es irrisorio y se ve la mala fe, calificó.
“Todo obedece a la persecución que han desatado en mi contra, en un principio la fiscal, Danelia Ferrera, luego el fiscal Henry Salgado y Soraya Cálix y ahora siguen los que están en el Ministerio Público y que ojalá cuando vengan esas instancias internacionales, no vayan a andar llorando como “mamayitas” pidiendo cacao”, dijo el exfuncionario del poder Ciudadano.
Niegan a su esposa la oportunidad de defenderse en libertad
Recordó que la excandidata presidencial de Libre y ex primera dama de la nación, Xiomara Castro de Zelaya, se presentó a los juzgados el pasado 23 de marzo, a peticionar que le permitieran a su esposa Francis Quezada, defenderse en libertad y que ella respondía por ella como tutora.
Sin embargo la jueza Alejandra Ochoa, que conoce el caso, le negó el arraigo a la excandidata a la Presidencia de la República, Xiomara Castro de Zelaya, para que fuera testigo y tutora de Francis Quezada para que la acusada se defendiera en libertad.
Esta es otra demostración de la persecución existente, aseveró Chimirri. Que además se cuestionó: ¿Cree usted amigo periodista qué Xiomara Castro de Zelaya, no tiene arraigo?
Relató que ya la Comisión Interamericana de Derechos humanos ya tiene los informes de todos estos vejámenes y de estas violaciones, desgraciadamente, dijo Chimirri, quien va a pagar será el Estado de Honduras porque aquí los fiscales no son solidarios o corresponsables en sus actuaciones, por esa razón actúan a su antojo y sin medida y le meten requerimientos a las personas porque no hay ninguna pena.
A criterio de Chimirri, esa debe ser una de las resoluciones que deberá tomar la CICIH, que los fiscales sean corresponsables en las querellas contra el Estado por sus actuaciones como fiscales y que debe ser retroactiva para que no se vayan sin pagar la responsabilidad de sus actos.
“La ley de privación de dominio fue aprobada el 2010 y hay un principio legal que reza que la ley no es retroactiva, salvo en materia penal y cuando favorece al imputado. Y a Francis y a mí, nos están queriendo aplicar esa ley de forma retroactiva con una investigación del 2007 y eso es una franca violación a la ley y una prueba más de la persecución desatada contra mi persona”, acusó Chimirri.
