Por: Rafael del Cid
La asociación humana requiere reglas o normas de convivencia. Esto vale para pequeños como para grandes grupos. No arrojar basura en el patio del vecino, los diez mandamientos, el Código de Comercio, la Constitución de la República son ejemplos de reglas informales y formales, simples y complejas. A estas reglas de convivencia se les conoce como “instituciones” en el vocabulario de las ciencias sociales.
Las reglas que ordenan la vida en cualquier grupo social (familias, comunidades, naciones) son producto de la inteligencia humana, de su capacidad para resolver problemas y establecer acuerdos que ayuden al grupo a su sobrevivencia y desarrollo. Los acuerdos son mejores (son más “civilizados”, justos o de calidad) en función de su eficacia y eficiencia. Si los acuerdos sirven para alcanzar objetivos del grupo, son eficaces. Si dichos objetivos se logran al menor costo posible (menos conflicto, menos gasto de recursos, más bienestar), son eficientes. La calidad de los acuerdos resulta más probable de lograr en grupos homogéneos, o sea, con menos diferencias entre sus integrantes. Cierto tipo de diferencias (genéticas, de posición social o ingreso) suelen dar ventaja (o desventaja) a una o más personas. La ventaja suele traducirse en mayor capacidad de influir en otros, se vuelve poder. Así que, para dar calidad a las reglas de convivencia -a las instituciones- se requiere de acciones que promuevan permanentemente el mayor equilibrio social posible. Esto es, que las diferencias, particularmente las sociales, entre los integrantes del grupo se reduzcan a un mínimo culturalmente tolerable.
El libro de Acemoglu y Robinson (2012) “Why Nations Fail” (“Por qué caen las naciones”) se tradujo al español y se vendió mucho en Honduras. En este libro los autores presentan abundante evidencia histórica a favor de la teoría de que la calidad institucional es un factor explicativo (aunque no único) de los orígenes, poder, prosperidad y pobreza de los países.
Estos autores distinguen entre instituciones políticas y económicas y entre inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que crean oportunidades, que facilitan el desarrollo humano, esto es, libertades y respeto de derechos, educación, seguridad ciudadana, en fin, condiciones para que la inteligencia humana alcance plenitud y pueda conducir a la creatividad, la innovación y el bienestar. Lo opuesto de esto, o sea, las que constriñen el desarrollo humano porque benefician exclusivamente o en exceso a solo una parte poderosa de la sociedad son instituciones extractivas o depredadoras. Una institución importante es la educación, de la que se espera amplia cobertura y alta calidad sin discriminación de ningún tipo. En Finlandia (Índice Gini= 0.27 en 2015)la educación es totalmente pública; por su parte, Chile (índice Gini= 0.47 en 2017) es el país de la OCDE con el sistema educativo más privatizado y segregado. Algunos estudios consideran que la institución educativa chilena ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales, contrario al caso finlandés que llegó a abolir la educación privada para evitar tal profundización.
Nosotros no escogemos nuestra cuna (familia o país), tampoco el momento histórico que nos tocará vivir. El nacer en determinada familia, en cierto país y en dado año encauza nuestro destino, no del todo, pero en gran medida. Cuna de oro o caja de cartón no solo dejan marcas diferentes en nuestras vidas, sino que también equivalen a iniciar una carrera a pie o en veloz automóvil. Una de las tajadas mayores de la herencia que recibimos al nacer son las instituciones. La Honduras de hoy es producto de un desarrollo institucional bien diferente al de Canadá o de Costa Rica. El espacio de este artículo no permite entrar en detalles históricos, pero baste decir que Canadá, al recibir colonizadores que huían de los fanatismos religiosos y ansiando asentarse en nuevas tierras para vivir con libertad y prosperar, siguieron una ruta radicalmente diferente a la de Costa Rica y Honduras. Estos dos últimos países fueron golpeados, marcados, por instituciones españolas creadas para extraer riqueza rápida y fácil. Esta mentalidad de rapiña dejó secuelas tan violentas como el de una sociedad altamente jerarquizada y polarizada y una mentalidad de colonizado (fatalismo, malinchismo e irrespeto, como rebeldía inconsciente, a la institucionalidad injusta). Sería la Reforma Liberal post independencia la que consolidó la diferencia que hoy separa a Costa Rica de Honduras. En el primer país, el campesinado tuvo más facilidades de acceso a la tierra por lo que, al involucrarse en la producción del café, logró beneficios económicos con un amplio efecto de derrame. Pronto el país vio emerger una clase media vigorosa que, años después, apoyaría la abolición del ejército para dedicar dichos recursos a fortalecer los servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad social. En Honduras, la Reforma Liberal abrió puertas a grandes monopolios extranjeros para la explotación de sus principales productos de exportación (minería y bananos) y dejó casi intacta la economía hacendaria. En otras palabras, muchos nacemos en países con más instituciones depredadoras que otros. Honduras es un inmenso desafío, tomar conciencia de nuestra desventaja es el primer paso para reconstruir el andamiaje institucional heredado.
Nota relacionada Divide et impera
El libro antes mencionado saca a relucir el hecho de que las instituciones extractivas envuelven a cada país en un círculo vicioso. Instituciones extractivas producen más instituciones extractivas. O sea, una sociedad dominada por instituciones (reglas) políticas extractivas, produce leyes y políticas que refuerzan las instituciones económicas extractivas, y viceversa. La solución a la presente falla económica y política de las naciones está en transformar sus instituciones extractivas a instituciones inclusivas, argumentan los autores del libro citado. El crecimiento paulatino de instituciones inclusivas puede terminar rompiendo el círculo vicioso que ata una nación al atraso económico y social. Sin embargo, ¿cómo empezar a crear instituciones inclusivas bajo un contexto de exclusividad? Esto suena a ¿quién le pone el cascabel al gato? Acemoglu y Robinson citan varios ejemplos de sociedades que lograron dar ese giro, como las clásicas revoluciones inglesas, francesa, la Restauración Meiji en Japón, o las reformas económicas de la China post Mao. Estos casos se refieren a cambios bruscos de la historia, casi todos cargados de sangre y dolor. La historia identifica muchos factores que contribuyen a ese cambio, pero el más importante aporte -argumentan los autores (y esto no es nada nuevo)- proviene de la organización y movilización de amplios segmentos de la sociedad. Organización y movilización: ¡Tomemos nota!
Los estudiosos de las instituciones (la llamada escuela institucionalista) también enseñan que éstas se refieren no solo a las reglas de juego requeridas sino también permitidas o prohibidas. O sea, una institución define reglas de uso repetido, frecuente, para ordenar la interacción social y, por lo mismo, también incluye mecanismos sancionadores. Para garantizar su cumplimiento, la norma requiere tener dientes con los cuales morder, o sea, sancionar el incumplimiento de lo pactado. La sanción va desde las de carácter moral(p.ej. las malas miradas, la desaprobación) a las de cárcel e, incluso, la pena de muerte.
La Constitución de la República resume a grandes rasgos el ordenamiento institucional público y formal del país. En mi percepción nuestra Constitución maneja un lenguaje inclusivo (p.ej. los capítulos sobre los derechos individuales, los sociales) que disfraza en mucho el carácter extractivo, pro-élites, de nuestras instituciones (en su aplicación la ley, “cual serpiente, solo muerde a los descalzos” o como dijo Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada.” ). No podría ser de otra manera en una sociedad caracterizada por su institucionalidad política y económica extractiva, es parte del círculo vicioso que genera atraso y pobreza. Pero con todo y esto, la Constitución es un pacto institucional elaborado por representantes del pueblo, aunque no directamente por el pueblo. En la representación que “al suave” se ha impuesto, el pueblo ha cedido soberanía y ello nos pasa factura (¿Corresponde la calidad de nuestros legisladores y gobernantes a la calidad de pueblo que somos?). Pero bien, es un pacto y mientras esté en vigencia le debemos respeto. Nuestra Constitución incluye sanciones para quienes la irrespeten en diferentes aspectos.
El Artículo 3 constitucional establece que el quebranto o desconocimiento de la Constitución por parte de personas con cargos o empleos públicos tendrá como sanción “la insurrección en defensa del orden constitucional”. El Artículo 4 prescribe que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria” y su violación se tipifica como “traición a la patria”. El Artículo 374 menciona los contenidos constitucionales que no podrán ser reformados por el Congreso Nacional, entre los que explícitamente se menciona lo concerniente a la reelección presidencial, que queda tajantemente prohibida. Y para rematar, el Artículo 375 señala que la Constitución no puede ser “supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella dispone”. En esta circunstancia el ciudadano deviene “obligado” (así dice) a colaborar por el mantenimiento o restablecimiento de lo constitucionalmente preceptuado.
En varios escritos (publicados en 2017), seguramente leídos por pocos, exhorté a la oposición política a abstenerse de participar en el juego de la reelección, por tres motivos:(1) Porque bajo el mecanismo que se pretendía permitir se violentaban flagrantemente los Artículos Constitucionales 374 y 375, entre otros (el mecanismo más recomendado era acudir a un mecanismo de consulta directa a la ciudadanía, consensuado y transparente); (2) porque estaban todavía abiertas las heridas del golpe de Estado contra la Administración Zelaya, cuyo motivo principal alegado fue el intento de reelección; y (3) porque los llamados “artículos pétreos” estaban allí por el temor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1980-81 a que el país retrocediera al tiempo de las asonadas golpistas y las dictaduras cívico-militares. Los constituyentes temían al poder militar y a sus diferentes formas de reganar el control del país (¿No es así doctor E. Aguilar Cerrato?). ¿Y cuál es la formación básica del titular del Ejecutivo que promovió la reelección en 2017?
Los instrumentos de observación de mi especialización profesional me hicieron pronosticar que pronto enfrentaríamos gran inestabilidad política, en vista de lo contundente del fundamento jurídico que sustenta la existencia (con la reelección) de una violación constitucional, delito que no prescribe y que establece sanciones para hechores y consentidores. Aun así, una forma de aminorar el riesgo de la insubordinación ciudadana era logrando que el proceso electoral resultara impecable en su organización y conducción y, además, que el triunfo del candidato a la reelección fuese arrollador y libre de sospecha. Con los primeros resultados divulgados y con el apagón que le siguió, le comenté a mis amigos: “Esto se echó a perder, nadie detendrá en adelante el deterioro de legitimidad del supuesto ganador”. Y para terminar de agriar la leche, el proclamado triunfador retomó el mismo guión de su pasada administración, más de lo mismo, continuidad en lo fundamental de la institucionalidad política y económica extractiva a la que hemos hecho referencia. Esta institucionalidad es insostenible en el largo plazo, el resultado anunciado por quienes conocen de historia es el de la inestabilidad política porque las imposiciones, las arbitrariedades, provocan resistencia. Siembra vientos, cosecharás tempestades.
