Casos acompañados por la MACCIH han causado un daño al Estado de más de L. 302 millones

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un daño al patrimonio del Estado de Honduras de 302,950.000 lempiras (US$12,600 millones de dólares aproximadamente) han causado los casos acompañados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La cuantificación monetaria se refleja en el resumen del Sexto Informe presentado recientemente por el vocero de la MACCIH, Luiz Guimarães Marrey, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que relata los logros y desafíos de la Misión entre octubre de 2018 y abril de 2019.

En ese período, se presentaron siete nuevos requerimientos fiscales por el Ministerio Público, con apoyo técnico y jurídico de la MACCIH: “Caja Chica del Hermano”, “ampliación del Caso Pacto de Impunidad”, “Licitación Fraudulenta del Instituto de seguro Social”, “Arca Abierta”, “Fraude sobre el Gualcarque”, “Patuca III” -Colusión y corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama. 

En el resumen se establece que las investigaciones conjuntas entre la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MP/MACCIH-OEA) han continuado y se han formulado requerimientos fiscales en cuatro casos más, lo que significa que, a la fecha, se han judicializado un total de once casos, de los cuales se han procesado 104 personas siendo estos: 72 funcionarios públicos y 32 particulares. Se ha identificado un daño en el patrimonio del Estado de 302,950.000 lempiras (US$12,600 millones de dólares aproximadamente).

El informe no refiere el número de personas que están en prisión. Sin embargo, de acuerdo a los procesos que se han librado en los tribunales de justicia, la mayoría de los procesados han sido sobreseídos de manera definitiva y otros, cuyos procesos están en curso, han sido beneficiados con medidas distintas a la prisión o arresto domiciliario.

Puede descargar aquí el Sexto Informe de la MACCIH

El informe establece, en la parte de recomendaciones, que en el Tercer, Cuarto y Quinto Informes Semestrales, la MACCIH ha formulado diversas recomendaciones que se mantienen vigentes. En ese sentido en el Sexto Informe Semestral enumera las siguientes recomendaciones:

1. La principal prioridad de la MACCIH-OEA es el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), así como de los Juzgados y Tribunales contra la Corrupción con Competencia Nacional, garantizando su independencia y autonomía y la seguridad de los operadores de justicia para que puedan realizar sus labores dentro de un ambiente que garantice sus actividades.
2. . El Ministerio Público es la contraparte más importante de la MACCIH-OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que resulta fundamental que esta institución mantenga la independencia que por mandato constitucional le corresponde.
3. Es necesaria la consolidación de herramientas jurídicas que permitan profundizar las investigaciones, lograr detectar las redes de corrupción que vinculan altos funcionarios del Estado y personas del sector privado, por ello ha propuesto un nuevo proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz.
4. Es necesaria la implementación de un protocolo de protección de testigos, que de manera efectiva garantice la vida de éstos y su comparecencia ante los jueces competentes, para que se pueda llevar adelante con garantía de éxito, investigaciones de alto perfil que involucren a personas con determinado poder real, político y/o económico.
5. Para el fortalecimiento de la democracia, es necesaria una ley de carrera fiscal y judicial que regule el sistema de acceso a la misma, la permanencia y ascenso, así como el control disciplinario, de manera a hacer un refuerzo de las carreras y asegurar las garantías necesarias a su ejercicio.
6. Es necesario que se garantice que el espacio de la justicia no sea politizado ni tenga relaciones con cualquier partido político de manera que mejore la confianza y reconocimiento de la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial como instrumentos de un Estado de derecho que sea para todos.
7. Sumando a las recomendaciones precedentes, es necesaria la informatización del sistema de justicia, asegurando la transparencia de los datos al público en general.
8. Es necesaria la formulación de la ley de responsabilidad empresarial que constituirá el marco normativo para fortalecer los pactos contra la corrupción que se suscriban en el contexto de la instauración de un modelo de compliance en Honduras, que contribuya a enfrentar la corrupción desde el sector empresarial, garantizando la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la economía y generación de empleos.
9. Siendo las interceptaciones telefónicas y de comunicaciones una de las herramientas eficaces en la lucha contra la corrupción, deben ser los órganos persecutores del delito quienes puedan disponer de dicho instrumento y utilizarlo de manera autónoma, para incorporarlas a sus investigaciones. Se precisa que esta medida constituye una restricción al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que deberá ser autorizada y supervisada por el órgano jurisdiccional competente.
10. Es necesaria la adopción de garantías constitucionales para los magistrados como forma de garantizar su independencia necesaria para el Estado de derecho.
11. Es necesaria una profunda mejoría en sistema de aprobación de proyectos y gastos públicos, seguimiento de la ejecución de los gastos bien como de rendición de cuentas, en especial de los fondos transferidos a organizaciones no gubernamentales, que tienen sido instrumento de apropiación y desvió de recursos del erario.
12. Debe adoptar un sistema de sanciones civiles para los actos de corrupción cometidos por empresas, como la prohibición de contratar con el Estado hondureño, sin exclusión de la sanción penal aplicable a los autores de crímenes.
13. Las conclusiones del trabajo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para reforma de la Justicia deben ser objeto de estudio organizado, mediante la realización de mesas técnicas, tiendo por objeto su implementación para mejorar el sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana, garantizar la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público.
14. Que no sea aprobada cualquier forma de amnistía para los autores de crímenes de corrupción. Que no se apruebe cualquier impedimento legal al trabajo independiente del Ministerio Público, por intermedio de previa exigencia de examen del caso por el Tribunal de Cuentas.
15. Se debe aprobar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, dando cumplimiento al Art. 317 de la Constitución de la República, debiendo tener como miembros representantes de la magistratura de primer grado, de las cortes de apelación, de la Suprema Corte, así como representantes de las universidades y de la sociedad civil.
16. Se deben tomar las medidas necesarias para que sea instalada mesa técnica para efecto del “Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones hechas por el MESICIC”.
17. El Observatorio de Justicia Penal pueda contar con el apoyo del Poder Judicial, con fin de tener acceso a los datos y al análisis para componer el Primer Informe del Estado de la Justicia Penal hecho por el Observatorio.
18. La Misión recomienda que se continúe a trabajar los temas de aplicación transversal de los derechos humanos con especial atención a la protección de los grupos vulnerables.