Tomado de: NewYorkTimes
Un acuerdo judicial federal anunciado el viernes permitiría que casi 2,700 niños que viven en América Central se reúnan de manera segura con sus padres, que viven en los Estados Unidos bajo un estado de protección.
El acuerdo entre las familias y la administración de Trump afecta a los niños que habían sido aprobados condicionalmente por el gobierno para unirse a sus padres antes de que la Casa Blanca cancelara el programa de menores centroamericanos en agosto de 2017.
El programa comenzó bajo la administración de Obama en 2014. Permitió que los hijos de padres que se encuentran legalmente en los Estados Unidos soliciten la residencia permanente como refugiados. Muchos de esos padres tienen un estatus de protección temporal, lo que les permite a los migrantes de países que han experimentado desastres naturales, disturbios o conflictos de larga duración permanecer en los Estados Unidos.
Sin el programa, los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras habrían tenido que viajar a través de condiciones peligrosas para llegar a la frontera de los Estados Unidos y solicitar el estatus de refugiado.
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“Cuando usted es un refugiado, normalmente tiene que venir a la frontera de los Estados Unidos para solicitar protección a través de nuestro sistema de asilo”, dijo Justin Cox, un abogado del Proyecto de Asistencia Internacional para Refugiados, que ayudó a representar a las familias. El programa para menores de América Central se diseñó como una solución para reunir a los niños con sus padres, al permitir que los niños hagan la solicitud desde sus países de origen.
Cuatro familias cuyos hijos habían solicitado ingresar al programa y habían sido aprobados condicionalmente presentaron una demanda contra la administración de Trump después de que fue cancelada. A ellos se les unió CASA, un grupo de defensa de la inmigración con sede en Maryland.
Los casi 2,700 niños cubiertos por el asentamiento habían sido aprobados condicionalmente para unirse a al menos uno de sus padres en los Estados Unidos, según el Sr. Cox.
Muchos estaban esperando un chequeo médico, un último paso en el proceso, dijo, cuando la administración de Trump detuvo silenciosamente todo el procesamiento poco después de asumir el cargo. Siete meses después, en agosto de 2017, la Casa Blanca anunció oficialmente el fin del programa.
En diciembre de 2018, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Francisco dictaminó que la revocación por parte del gobierno de las aprobaciones condicionales para los niños solicitantes era ilegal. El mes pasado, el mismo juez ordenó al gobierno que reanudara el procesamiento de los niños.
El gobierno ahora volverá a verificar la elegibilidad de los niños y comenzará los controles médicos. “Podría llevar meses”, dijo Cox, “pero la expectativa es que la mayoría, si no todos, los niños deberían poder venir”.
De hecho, el acuerdo con el gobierno estipula que se espera que la mayoría de los niños sean aprobados y se les permita viajar a los Estados Unidos.
Muchos padres cuyos hijos están cubiertos por el acuerdo han tenido un estado de protección temporal durante varios años, durante los cuales no han visto a sus hijos.
Linda Evarts, que también es abogada en el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, dijo: “Estamos muy complacidos de que después de muchos años de diferencia, nuestros clientes finalmente tendrán la oportunidad de reunirse entre sí en forma segura”.
