| Tegucigalpa.-A tres años del asesinato de la lideresa lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigió el viernes que el Estado de Honduras cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables por este crimen y denunció la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
En noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia condenó a 7 de los 8 imputados como autores materiales por el asesinato de la defensora. En su fallo el Tribunal reconoció que este crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A pesar de este fallo, la sentencia del Tribunal aún se encuentra pendiente y, a la fecha, solo David Castillo, gerente general de la empresa DESA, ha sido detenido por la autoría intelectual del crimen. El resto personas que comprenden la estructura criminal, responsable de planificar y financiar este crimen cometido el 2 de marzo de 2016, todavía se mantienen impunes.
La CEJIL recuerda que a tres años del asesinato de Berta Cáceres, las personas defensoras de derechos humanos en Honduras aún se enfrentan a una grave situación de criminalización, represión y violencia por el ejercicio de su rol. Recuerda que etsa misma semana, dos indígenas tolupanes integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) fueron asesinados en San Francisco Locomapa y 13 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol fueron detenidos como represalia a su labor.Ante este contexto regresivo, y con ocasión del tercer año en que reivindicamos la memoria de Berta Cáceres, exigimos que el Estado de Honduras avance en la investigación, juzgamiento y sanción de David Castillo y todas las personas responsables por su asesinato. Demandamos también un cese a su política de criminalización contra defensores y defensoras del medio ambiente y que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a defender derechos humanos.
Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras para que inicie inmediatamente el proceso para revocar la concesión otorgada a DESA sobre el río Gualcarque, que al día de hoy representa una fuente de conflictividad y riesgo para las comunidades indígenas de la zona de Río Blanco. Esto, en seguimiento a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su última audiencia por el caso de Berta, celebrada en diciembre de 2018.
Berta Cáceres dedicó su vida a la defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo lenca. Desde CEJIL conmemoramos su ejemplo de dignidad, rebeldía y amor por su país y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha incansable. Junto a su familia y el COPINH nos mantendremos vigilantes hasta que el Estado hondureño garantice verdad, justicia y reparación., cierra el documento de la organización defensora de los derechos humanos. |
3 respuestas
Cae en oídos sordos del gobiern hondureño, les vale charra, ni las más mínima presión por parte de EEUU como la campaña contra el gobierno de Venezuela.
En el funeral hubo precencia de altos representantes de la comunidad internacional… Fue otra hipocresía más?
Ya Es Tiempo