Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. El Observatorio de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advierte la “vulnerabilidad” en la que se encuentra el director de Radio Globo TV, David Romero, en el sentido que en las próximas horas podría ser enviado a la cárcel por denunciar corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. José David Ellner Romero, periodista y Director de Radio Globo y Globo Televisión, quien a través de sus denuncias periodísticas, dio a conocer el escándalo de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), el cual violenta el derecho a la salud de los hondureños”, advierte la FIDH.
El 8 y 14 de mayo de 2015, Romero reveló públicamente que los hechos de corrupción involucrarían a Juan Orlando Hernández, Presidente de la República, y al partido de gobierno, el Partido Nacional, quienes habrían recibido cheques para sus campañas electorales de las empresas fantasmas creadas para sustraer los recursos destinados al IHSS.
Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2015, un carro rojo marca Toyota, modelo 2013, sin placas, llegó a la colonia o conjunto residencial donde vive el Romero junto con su familia. Dentro del vehículo había cuatro hombres visiblemente armados, quienes ante los guardias de seguridad de la colonia se hicieron pasar por agentes de investigación.
Al día siguiente, el 8 de junio, volvieron a la colonia y se identificaron ante los vigilantes con insignias de la División de Investigación Criminal de la Policía.
El carro se parqueó frente a la casa del señor Romero y detrás del carro de su esposa. Posteriormente, con los retratos hablados de los 4 hombres realizados por los vigilantes, Romero denunció este hecho ante las autoridades.
La Policía en su respuesta manifestó no tener ese tipo de carro. A la fecha de publicación del llamado urgente, el Observatorio no tenía información sobre el avance de la investigación policial. Antes de esto y según las mismas informaciones recibidas, el 14 de mayo de 2015, un oficial comisionado de la policía, Wilmer Cruz, por instrucciones del alto mando policial le manifestó a David Romero que “se ha planificado atentar en contra suya, se ha contratado a dos mareros de la 18, para que lo maten en su centro de trabajo o su casa”, razón por la cual le ofrecían protección policial.
Le adjudicaron dos motorizados de la policía que lo acompañan regularmente.
Sin embargo esa protección no impidió el asedio de los cuatro hombres armados en el vehículo frente a su casa. Posteriormente a este hecho, una patrulla de la policía le fue asignada para la protección de su familia, la cual realiza recorridos perimetrales en la Colonia y permanece frente a su domicilio.
Igualmente, hace dos años denunció al Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, por tráfico de influencias y abuso de autoridad, indicando que la esposa del Fiscal, Sonia Gálvez utilizaba indebidamente carros oficiales de la Fiscalía.
A su vez Gálvez denuncia a Romero por “injuria” y “calumnia” y la audiencia inicial programada para el 3 de junio no se inició porque una de los tres jueces, se declaró enferma, por lo que la audiencia fue suspendida y de común acuerdo entre las partes y el Juez que preside la sala, Roberto Echenique, se reprogramó para diciembre 2015. Sin embargo, dicha programación fue anulada y sorprendentemente se convocó la audiencia para el 18 de junio de 2015.
Según las informaciones recibidas, le fue comunicado a Romero que Teodoro Bonilla vicepresidente de la Judicatura, llamó al juez Echenique, con instrucciones del presidente de la judicatura (la máxima estancia judicial), para decirle que quieren condena y cárcel en contra de David Romero.
Según las informaciones, habrían llamado a la otra juez, Geraldina Rivera, a la oficina de la abogada Lilian Maldonado que también es miembro del Consejo de la Judicatura con el Inspector de tribunales y le manifestaron que les exigían condena contra David Romero. Como, al parecer, el juez Echenique no les dio respuesta favorable, lo sacaron de la judicatura, lo trasladaron como sub inspector de defensa pública y nombraron otro Juez en su reemplazo.
Esta situación ha afectado gravemente a la familia de Romero, que está bastante afectada por lo ocurrido y teme por su seguridad.
El Observatorio manifiesta su profundo rechazo ante las amenazas y el hostigamiento judicial en contra del Sr. David Romero, y expresa su gran preocupación de que estos hechos hayan tenido lugar en respuesta a sus actividades de denuncia de la corrupción y en defensa del derecho a la salud de los hondureños.
En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad los hechos aquí alegados, y asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. Romero así como la de su familia, y la de todos los defensores de derechos humanos del país.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para asegurar la seguridad física y psicológica del Sr. José David Ellner Romero y, así como la de su familia y la de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
- Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas del Sr. José David Ellner Romero, y en su caso, llevar a los responsables ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial y acto de violencia en contra del Sr. José David Ellner Romero así como de todos los individuos y organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras;
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
– Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
– Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.” - De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras. (Con información de Agencias y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH).
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