Economía y política en 2019

Por: Hugo Noé Pino

Honduras seguirá enfrentado en 2019 los mismo desafíos económicos, políticos y sociales de años recientes. Desafíos que se manifiestan en una insuficiencia dinámica de la economía, en un gobierno sin credibilidad y con una situación social marcada por los altos niveles de desempleo y pobreza. En este sentido, la vinculación entre economía y política es más cercana de lo que se cree y el gobierno se convierte en un obstáculo para el crecimiento económico y el mejoramiento de la situación social.  

Al respecto, una de las preguntas más frecuentes en un país al finalizar el año es: ¿cómo será el comportamiento económico el próximo año? Esto se refiere principalmente a cuánto será el crecimiento económico, la inflación, el déficit fiscal y la depreciación del tipo de cambio. En este sentido, la respuesta en los últimos años es estándar, 2019 será similar a 2018, 2017, 2015, 2014; es decir, un crecimiento económico bajo (3.7%), una inflación entre 4% y 6%, un déficit fiscal menor del 3% en el gobierno central y una depreciación del tipo de cambio entre 3% y 5%. Estas cifras son presentadas por los voceros oficiales como grandes logros económicos: la estabilidad económica ha sido alcanzada.

Sin embargo, muy pocas veces se atreven a proyectar o anunciar metas en la reducción del desempleo que alcanza cerca de 60% de la población (al incluir el subempleo) o de la pobreza (62% y 40% de extrema pobreza). Lo que sí se escucha son anuncios continuos de creación de veinte mil o más empleo en cierto sector, cerca de treinta mil en otro, sin que se diga qué inversión generará dichos empleos, ni cuándo, ni dónde. El ilusionismo económico es parte del paisaje surrealista que vive Honduras en la actualidad. La realidad es otra, los niveles de inversión doméstica y extranjera no han sido dinámicos y el escaso crecimiento económico ha estado basado en el crecimiento del consumo que las remesas familiares impulsan y la inversión pública basada en endeudamiento o en la entrega de bienes nacionales a través de concesiones público-privadas.  

Pese múltiples manifestaciones de programas supuestamente exitosos como el Plan 20-20, el plan de vivienda o el del apoyo a pequeña y mediana industria, nada se concretiza en la práctica. La ilusión de crear 600,000 empleos en 5 años no pasó de ser un instrumento de propaganda política. La inversión extranjera se ha estancado en alrededor de 1,100 millones de dólares en los últimos cinco años, con el elemento adicional que dos terceras partes son reinversión de utilidades. En otras palabras, muy pocas empresas nuevas se han instalado en Honduras. La inversión doméstica tampoco es dinámica. Lo que el país requiere para fomentar la inversión tanto nacional como extranjera es, entre otras cosas, un marco jurídico confiable, es decir, un verdadero estado de derecho, una mano de obra calificada, una infraestructura adecuada, y en general, un favorable clima de negocios. Lo anterior vincula fuertemente la economía con la política.

La pregunta siguiente es: ¿cómo un país en estas condiciones puede salir adelante con una política económica que mejore el presente y construya el futuro? La respuesta es cambiando de rumbo y construyendo una democracia verdadera y un consenso sobre las prioridades nacionales. Pero eso no se puede alcanzar cuando la administración pública está en manos de un gobierno ilegal, ilegítimo y sin credibilidad. La violación a la Constitución, el fraude electoral, las violaciones a los derechos humanos, las acusaciones de corrupción a altos funcionarios públicos, las vinculaciones con el narcotráfico, una política económica concentradora del ingreso, entre otros, requieren cambios urgentes de dirección. Los que defienden este estado de cosas hablan de tibias reformas electorales que les permitan disfrutar del presupuesto público y de la impunidad por otros 3 años más, con la esperanza de reagruparse y mantener el control de gobierno para mantener la estructura de poder actual.

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Si algo debería tener 2019 para bien de la sociedad hondureña es el cambio de gobierno. Esto puede adoptar diferentes formas: elecciones anticipadas; la convocatoria a una asamblea nacional constituyente originaria, con nuevo Tribunal Supremo Electoral y con reglas claras; un plebiscito que establezca si la mayoría de los hondureños considera que este gobierno es ilegal e ilegítimo y que se debe ir; u otro mecanismo que permita a la población expresarse libremente. El tiempo es ahora, no en noviembre de 2021. Llegar a esa fecha significará profundizar los problemas que hoy enfrentamos como el circulo vicioso de bajo crecimiento, desempleo y altos niveles de pobreza. Los partidos de oposición y la sociedad hondureña en su conjunto tienen mucho que aportar para que estos cambios se vuelvan realidad.