Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Una comunidad fraccionada, varios líderes criminalizados, una serie de irregularidades en los procesos de concesión y un discurso estigmatizante de la protesta social rodea el asesinato, del líder comunitario Reynaldo Reyes Moreno (38) una voz apagada en medio de las voces que claman justicia en una pequeña comunidad al sur del país.
El reporte emitido este jueves 29 de noviembre por parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) pone en riesgo a líderes comunitarios que se oponen a la instalación del Parque Solar Fotovoltáico Los Prados.
Fusina señala que se trata de “una persona muerta del sexo masculino en la Aldea Brisas del Porvenir, Namasigüe Choluteca” y que el móvil es “ajustes de cuentas, según información el occiso se estaba proponiendo como presidente del patronato de la aldea de prados 1 por lo cual habían disputas con otros vecinos del lugar por dicho puesto”.
Reyes Moreno el líder comunitario, comerciante y pescador también formaba parte del grupo de 22 personas criminalizadas por oponerse a esta concesión integrada por cinco empresas.
Sin embargo, poco tiempo después de ser acusado por los delitos de daños y amenazas, fue persuadido por la empresa que funciona con financiamiento de la empresa transnacional Scatec Solar, para firmar un acuerdo conciliatorio (expediente judicial 0601-2017-0916).
Este documento establece su transformación a un promotor del proyecto, aumentando el fraccionamiento comunitario.
Según documentos en propiedad del periodico digital Conexihon, dicho acuerdo firmado en 30 de enero de 2018, Reyes Moreno se comprometía a: “retirar la bandera y la toma, evitar que se volviera a realizar el mismo acto; desistir a participar como autor intelectual de actos en contra de dichos proyectos de energía; promover la construcción del parque solar; motivar a parientes de abstenerse a participar; así como informar a la compañía de acciones contra la empresa y rendir declaraciones ante las autoridades como testigo”.
Posteriormente, el 10 de agosto del 2018, Reyes Moreno aparece como presidente del Comité de Desarrollo Comunitario según la constancia firmada por Jaime Enrique López Peralta, jefe de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Municipal.
De acuerdo con los pobladores que se oponen a dicho proyecto, días después, Reyes Moreno entregó decenas de láminas y bolsas de cemento a los habitantes que están a favor de la empresa, con el afán de comprometer voluntades.
Igualmente, el 11 de noviembre del presente año miembros de este Comité de forma arbitraria convocaron unilateralmente a la elección de un nuevo patronato en la comunidad de Los Prados número uno.
Esta acción contó con el respaldo de la Alcaldía Municipal violentando los artículos, 3, 4, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 14, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Patronatos, que establecen que el procedimiento para esa convocatoria debe de ser meses antes, a través de una junta electoral en una asamblea comunitaria y una vez que termine el periodo de la junta directiva anterior.
La junta directiva actual termina su periodo el próximo año, conforme a lo establecido en el marco de las regulaciones de asociaciones civiles que cuentan con personería jurídica.
Aumentando la tensión que ha sido documentada por diferentes organizaciones de derechos humanos, la vice-alcaldesa municipal, Claudia Esther Gómez, entregó el 21 de noviembre de este año una nota en la que convoca a unas nuevas elecciones el próximo sábado ocho de diciembre a las 8:00 a.m. en el centro educativo de esa comunidad, violentando así la autonomía que debe tener la comunidad para elegir sus representantes según lo establece la normativa.
El Estado debe proteger a la comunidad que se manifiesta
La criminalización de estas 22 personas constituye una vía equivocada que desnaturaliza el Estado democrático establecida en la Constitución hondureña al ofrecer acciones penales a conflictos sociales, cuando se ejerce el derecho humano legítimo a la protesta social con el propósito de defender el derecho al agua y a un ambiente, ausente de amenazas que pongan en precario su vida, sostienen los abogados defensores de las personas criminalizadas.
El derecho a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones merece una protección especial y debe otorgársele un peso privilegiado en situaciones de conflictos y ponderación a otros derechos tal como lo establece el articula 79 constitucional que reconoce el derecho a la manifestación pacífica por lo que no puede, crear una base para prohibir y mucho menos criminalizar su ejercicio añaden.
Por qué protesta la comunidad
La aprobación de la concesión del proyecto Fotovoltaico Los Prados integrada por Energías Solares, Foto Sol, Fotovoltaica Los Prados, Generaciones Energéticas y Fotovoltaica Sureña fue otorgada por el Estado hondureño sin consultar con las comunidades de influencia del proyecto, ni agotar un mínimo proceso de socialización del mismo, pese que es una obligación legal. Así lo sostienen los afectados.
“A nosotros nunca nos llamaron a una convocatoria comunal, cuando ingresó la planta un grupo no mayor de 40 personas nombraron su propio patronato y ellos firmaron para recibir desembolsos, eso se ha ido en láminas y cemento, dicen que han dado cinco millones a través de la alcaldía, pero no tenemos información real de eso”.
Una nota enviada por la Gerente de Sostenibilidad de empresa, Karla Peña, el 10 de noviembre de 2018, al actual presidente del patronato de la comunidad indica que se han llevado a cabo dos de tres desembolsos y niegan además la existencia de nacimientos de agua, pese a que una de las cinco licencias ambientales habla claramente de la existencia de lagunas de invierno.
Según lo divulgado por diferentes organizaciones no gubernamentales el 20 de enero del 2014 el Congreso Nacional aprobó 23 contratos de generación de energía solar de las cuales 21 fueron creadas nueve meses antes de ser contratadas y vendidas cinco meses después.
Entre las empresas vendidas se encuentran las cinco que forman parte del Parque Fotovoltaico Los Prados cuyos fundadores son: Jim Elloy Muñoz Gómez y Liana María Hueso Majano, esta última fungió como apoderada legal de Coalianza, como apoderada legal del zoológico Joya Grande incautado a los Cachiros, según la información divulgada por sociedad civil.
El discurso arrancado de Reyes Moreno
Unos meses antes del acuerdo de conciliación, Conexihon grabó las declaraciones de Reyes Moreno, en ellas expresó: “Yo considero que es algo anti humano [el aumento de la temperatura], quizá se pueda vivir ya con aires acondicionados, el 60 por ciento de los que vivimos en este país somos pobres y dichosos son los que tienen una colchoneta y yo no tengo ni en que dormir”.
“Ustedes pudieron verificar ya por cuenta propia que el calor es incesante y la temperatura y que estamos en una época de invierno que baja la temperatura y en marzo la temperatura estamos como en 38 grados y sumado al calentamiento global, lo alteran las plantas solares”, agregó.
Coincidiendo con la percepción empírica de Reyes Moreno, informes públicos dan cuenta del aumento de la temperatura ambiente en zonas donde se han instalado las plantas solares, esto producto de la perdida de la calidad de la corteza terrestre, más no así del calentamiento del silicio, o el aluminio material con el que se fabrican los paneles.(Tomado de Conexhion).
