Derechos humanos y medio ambiente

Por: Edmundo Orellana

Lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados y sequías son, entre otros, los fenómenos que recurrentemente afectan económica y socialmente el país. Otros, como la desertización de determinadas zonas del territorio y la degradación de cuencas hidrográficas, gradualmente transforman la geografía nacional provocando daños irreversibles a la economía y a la calidad de vida de la población.

Somos particularmente vulnerables a las lluvias torrenciales, inevitables, sí, pero sabemos en qué temporada ocurren, desbordando ríos e inundando sembradíos y ciudades. En la Capital de la República el problema es anual. Los mercados, colonias enteras y familias cuyas precarias viviendas erigen a sus orillas, resultan invariablemente afectadas con el desbordamiento de las quebradas y los ríos, especialmente el Choluteca.

Nuestra vulnerabilidad frente a estos fenómenos naturales que cada año ocurren, en los mismos meses, es consecuencia de la negligencia de la autoridad. Como en las anteriores, en esta última emergencia fue evidente que el problema es la recolección y el tratamiento de la basura, así como el desbordamiento de ríos y quebradas. ¿Por qué no se mejora el sistema de recolección de la basura? ¿Por qué no se desarrollan tecnologías para el tratamiento de la basura? ¿Por qué no se ejecutan las obras de infraestructura que eviten el desbordamiento de los ríos y quebradas?

¿De quién es la responsabilidad? Del Estado, sin duda. Su misión no solo es protegernos de los criminales, de lo que presume el gobernante (vanamente, empero, porque la inseguridad es grave y crece sin interrupción; la prueba es la multitudinaria caravana de emigrantes que desnuda todo aquello que el gobierno quiere ocultar), sino también de los fenómenos naturales.

La deforestación y demás daños que sufre el medio ambiente es también responsabilidad del Estado. Nuestros bosques y, consecuentemente, nuestras cuencas hidrográficas se degradan irreversiblemente por culpa de la autoridad. Extendieron y extienden permisos para explotar nuestros recursos forestales e hídricos irresponsablemente, no vigilaron ni vigilan esas explotaciones debidamente (hasta declararon como “información reservada” las licencias y todos los trámites ambientales). Con el agravante de que, con la excusa de eliminar los árboles afectados por el gorgojo, se talaron grandes extensiones, aún no contabilizadas, de árboles sanos. Los daños a nuestro medio ambiente provocados por estas acciones son incalculables y, a mediano plazo, irreversibles.

Permiten construcciones en zonas altamente vulnerables a deslizamientos. La Ciudad del Ángel es un ejemplo, pero no es el único proyecto urbanístico con estos problemas y todos con una particularidad: obtuvieron licencias ambientales y el CMDC autorizó construir. Si la municipalidad es la responsable de ordenar territorialmente el municipio, en todos sus aspectos, especialmente los urbanísticos, surge la pregunta: ¿Cómo es posible que extiendan permisos de construcción en las zonas de alto riesgo?

La energía eléctrica se obtiene privilegiando las fuentes contaminantes, en lugar de priorizar las fuentes de energía limpia. Y si agregamos a todo lo anterior las explotaciones mineras, especialmente a cielo abierto, el panorama ambiental del país es, realmente, desolador.

La responsabilidad de que los hondureños gocemos de un medio ambiente sano, seguro, y sostenible es del Estado. No cumplir con esta responsabilidad es violación a los Derechos Humanos, los denominados de Tercera Generación. No es responsabilidad de los que lanzan la basura al cauce del río o de la quebrada, ni de los ejecutores de proyectos urbanísticos o de los que explotan los recursos naturales, como podría deducirse de la tesis que el gobernante planteó en la última Asamblea de Naciones Unidas, demandando que se adjudicara el estatus de violadores de los derechos humanos a los mareros y al crimen organizado. La degradación de nuestro medio ambiente y el dramático deterioro provocado en la calidad de vida del hondureño, es responsabilidad única del Estado y de sus entidades, imputable a la histórica negligencia y hasta complicidad de sus autoridades.

Revertir esa tendencia perniciosa de responder a la catástrofe en lugar de evitarla, debe ser la prioridad del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Recurrir a la planificación, identificando los programas y proyectos necesarios para prevenir las funestas consecuencias de los inevitables fenómenos naturales, es una medida de buen gobierno; como también lo es establecer controles para evitar que malas decisiones y supervisiones, permitan que los particulares ejecuten sus proyectos sin control alguno.

Además, esos programas y proyectos presentan un beneficio adicional. Pueden ejecutarse con participación ciudadana, generando empleos en todo el territorio nacional, en enormes cantidades y, simultáneamente, permiten forjar la cultura (tan necesaria, por cierto) de proteger el medio ambiente, puesto que los participantes, siendo responsables directos de esos programas y proyectos, desarrollarían la conciencia de preservarlo.

Es prioridad nacional, sin duda, establecer el orden público ambiental.