Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles al Estado de Honduras para que respete el principio de legalidad de los presos políticos, que fueron capturados durante las protestas postelectorales.
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, hizo el señalamiento durante una audiencia sostenida hoy en Washington, D.C., entre una delegación de la sociedad civil y el gobierno de Honduras, representado por la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona y la subsecretaria de Derechos Humanos, Jackeline Anchecta.
Durante su exposición la Procuradora responsabilizó a grupos criminales y maras y pandillas de haber participado en las protestas posteriores a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. Lo que fue lamentado por el comisionado presidente de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, que consideró que si el Estado de antemano señala que los participantes de las manifestaciones eran las maras y pandillas, es difícil llegar a un acercamiento.
Vargas apuntó que quienes protestan están más pendientes de defender la democracia que de cometer delitos, e instó al Estado de Honduras a respetar el debido proceso y el principio de legalidad sobre los juicios contra los presos políticos.
También dijo que si a las personas que fueron detenidas, retenidas y procesadas por la justicia, no se les aplicó delitos como sedición, terrorismo y otros que se vinculan a asuntos políticos, es porque se pretende instaurar que no existen presos políticos, razón por la cual a las personas se les ha acusado por diferentes delitos comunes establecidos en el Código Penal.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentado en marzo pasado, señala que durante las protestas ciudadanas, “las fuerzas de seguridad emplearon excesiva fuerza para dispersarlas, especialmente la Policía Militar de Orden Público provocando muertos y heridos”.
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De acuerdo a la OACNUDH, las protestas dejaron la muerte de al menos 22 ciudadanos y la detención de 1.351 personas.
Por su parte el relator Joel Hernández, recomendó a los participantes en el diálogo político nacional, que se lleva a cabo con la mediación de las Naciones Unidas, que en la mesa donde se discute los temas de derechos humanos se tome en cuenta las 25 recomendaciones que la delegación de la CIDH hizo durante su vista in loco en Honduras en agosto pasado.
Por su parte la comisión de la sociedad civil inició su exposición, apuntando que el tema principal del diálogo debería ser el fraude electoral, pero que es algo que no se aborda porque lo que se pretende es legitimar el fraude electoral.
La representación de sociedad civil enfatizó además en que las víctimas mortales de la crisis post electoral no son 22 ciudadanos como lo establece el informe de la ONU, sino que 33, de acuerdo a sus monitores de los hechos.
Los miembros de la CIDH insistieron en que el Estado de Honduras debe respetar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta y a ampararse a los estándares internacionales para tratar a los privados de libertad porque durante la visita in loco se constató la aplicación de un “régimen arbitrario” a lo interno de las cárceles de máxima de seguridad donde se encierra a personas sin tomar en cuenta la proporcionalidad sobre el peligro que representan para la sociedad.
La comisionada Flávia Piovesan preguntó a la delegación gubernamental sobre los procesos que se han emprendido para castigar a los responsables de los crímenes, a lo que la sub secretaria de Derechos Humanos respondió diciendo que ya se capturó a un policía por el crimen de un niño durante las protestas postelectorales y se han presentado otros 18 requerimientos fiscales.
La respuesta del gobierno fue contrarrestada por la delegación de sociedad civil que aseveró que los 18 requerimientos no tienen nada que ver con los crímenes cometidos en el marco de la crisis post electoral, ya que corresponden a abusos cometidos por militares y policías en escenarios distintos al asunto antes señalado.
En la audiencia, donde se discutió la situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras, participaron representantes de la Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras.
