Tegucigalpa.-Tras nueve años violaciones al debido proceso y otras transgresiones, la Corte Suprema de Justicia de Honduras reincorporó a sus puestos a la Tirza Flores Lanza como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, y a Guillermo López Lone a su cargo como juez del tribunal de sentencia en la misma ciudad.
Flores y López Lone fueron destituidos de manera arbitraria, como represalia a sus roles en la defensa de la democracia en el marco del Golpe de Estado que enfrentó Honduras en el año 2009.
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Producto de las violaciones de derechos humanos incurridas y por la falta de voluntad política por parte del Estado hondureño para resolver el asunto, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sentenció al Estado en el año 2015.
La resolución del presidente de la Corte Suprema de Justicia cumple finalmente con lo dictado por el Alto Tribunal interamericano y ordena que el reintegro se dé en “cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que corresponderían en caso de que se les hubiese reincorporado en su momento”.
“Ésta decisión es muy importante porque demuestra —una vez más— que las actuaciones de quienes nos destituyeron fueron ilegales y no quedaron impunes. La reincorporación a la judicatura es un mensaje de respaldo para aquellas juezas y jueces que creemos en la democracia y que estamos dispuestos a defenderla a toda costa.”, expresó la magistrada Tirza Flores, en respuesta a la decisión.
El proceso no estuvo exento de altibajos. En el 2016, el Estado propuso soluciones alternativas al reintegro, con el objetivo de mantener sin cumplir la decisión de la Corte. Ante esto, en el 2017 la Corte IDH consideró que los argumentos aportados por el Estado para no reintegrar a la magistrada y al juez eran improcedentes.
Para la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) esta decisión da cuenta de que las personas encargadas de administrar justicia no pueden ser acusadas, perseguidas ni despedidas por la defensa de la democracia ni por ejercer sus cargos de manera independiente. La independencia del Poder Judicial se debe respetar, y esta decisión respalda este principio que es la piedra angular del Estado de derecho.
En su sentencia, la Corte IDH determinó que Honduras violó la libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales y protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y principio de legalidad, en el marco de los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces. Los casos de la magistrada Flores Lanza y el juez López Lone son emblemáticos y han permitido sentar un precedente histórico que fortalece la independencia judicial.
