El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica número 10, que contiene una síntesis de la situación fiscal de la región estimada al cierre de 2018, concluyendo que la situación fiscal de los Estados centroamericanos se ha deteriorado paulatinamente como consecuencia de la inestabilidad política y la falta de planificación de largo plazo.
Conforme el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica en su décima edición, publicado este día por el Icefi, en promedio el gasto público regional pasará de 18.1% del PIB en 2017 a 18.3% en 2018. Entre otros factores, la inestabilidad política ha reducido la capacidad de recaudar y ejecutar políticas públicas de algunos de los Estados centroamericanos. El documento revela que el tamaño del gasto público del Gobierno Central se ubicará en 2018, en 21.4% del PIB en Costa Rica, 20.4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18.4% en Nicaragua y 17.6% del PIB en Panamá, destacando la excepción del caso de Guatemala (12.1% del PIB), Estado que continúa con una política crónica de austeridad que le hace incapaz de atender las principales necesidades sociales.
En general, el gasto público de funcionamiento para los gobiernos de Centroamérica se mantuvo constante en alrededor del 12.3% del PIB, mientras que los gastos de capital se redujeron de 3.7% a 3.6% del PIB, siendo más notorio dicho proceso en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, los dos primeros países, como consecuencia de un esfuerzo para tratar de reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, mientras que en Nicaragua, la reducción es producto de la inestabilidad política que experimenta. Por su parte, el pago de intereses de la deuda pública representa el 2.4% del PIB para toda la región. Sin embargo, para países como Costa Rica, El Salvador y Honduras (3.7%, 3.7% y 2.9% del PIB, respectivamente), este pago se convirtió en una fuerte rigidez que dificulta el alcance de los objetivos de la política fiscal.
La evaluación practicada por Icefi destaca que en prácticamente toda la región se carece de sistemas planificación apropiados, dentro de los que resaltan: la ausencia de mecanismos reales de determinación del impacto del gasto público sobre la sociedad, y de evaluaciones de beneficio/costo que permitan identificar la pertinencia de las decisiones públicas. Asimismo, continúan predominando las prácticas en las que no existe evaluación de eficiencia, mientras que la implementación del presupuesto por resultados no ha rendido los frutos deseados. Icefi considera que la desconexión entre la asignación del gasto y los resultados obtenidos, continúa siendo el principal alimentador de la opacidad y de la caída de la moral tributaria de los contribuyentes de la región.
La carga tributaria regional se reducirá en 2018 a 14.0% del PIB, luego de registrar 14.1% en 2017 y 14.2% en 2016. Los países que se estima disminuirán su recaudación tributaria son Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. El informe destaca que si bien es cierto el problema de Costa Rica, puede ser simplemente consecuencia de una variación estadística en la reformulación de su PIB (reducción de 13.4% a 13.3% del PIB), la ausencia de mejora recaudatoria denota un insuficiente esfuerzo para disminuir los significativamente altos niveles de evasión en el Impuesto General Sobre Ventas y en el Impuesto Sobre la Renta. Nicaragua por su parte, como consecuencia de la crisis política se estima que reducirá su carga tributaria, como mínimo, a 15.9%, luego de experimentar 16.5% en 2017. Si la crisis política continúa durante el resto del año, incluso podría disminuir hasta 15.3% del PIB. Por su parte, Guatemala y Panamá continuaron observando reducciones en la carga tributaria como resultado de la pérdida de capacidades en sus administraciones tributarias.
Los Estados centroamericanos han carecido durante 2018 de esfuerzos efectivos que logren cambios tributarios que aumenten la recaudación. Por el contrario, han mantenido las políticas de incentivos tributarios a la inversión y de protección comercial, aunque persisten esfuerzos en Honduras, El Salvador y Guatemala, por promover nuevos privilegios tributarios sin la existencia de los apropiados estudios para determinar objetivamente la pertinencia de los mismos. La estructura tributara regional continuará siendo regresiva, aunque ha mejorado ligeramente al reportar un incremento del 38.3% al 39.8% en la recaudación procedente de impuestos directos. Dicho cambio se ha experimentado primariamente en El Salvador y Honduras.
La política tributaria continuó siendo prácticamente inexistente en la región y salvo Costa Rica que publica estudios de evasión del IVA y del ISR, así como cuantificación del gasto tributario, y Guatemala que estima la evasión del IVA y el gasto tributario —aunque no lo realiza el ente responsable—, en toda la región se carece de estimaciones de incumplimiento tributario y de gasto tributario, lo que imposibilita la implementación de programas exitosos de control tributario y el consecuente aumento de la productividad de los impuestos. Sobre este particular, la productividad del IVA o sus similares en la región, mejoró en El Salvador como consecuencia de la nueva forma de administrar la devolución del crédito fiscal del IVA a los exportadores; en sentido contrario, en Costa Rica, Guatemala y Panamá, se deterioró significativamente como consecuencia de la carencia de mecanismos efectivos para combatir la no facturación y la evasión tributaria.
El déficit fiscal regional se incrementará en 2018 hasta el 3.1% el PIB, después de registrar 2.7% en 2017, mientras que la deuda del Gobierno Central pasará del 42.5% al 43.1% en el mismo período. El déficit fiscal crecerá en 2018 en todos los países, salvo Nicaragua, que hasta la fecha, presenta serios problemas de ejecución del gasto público como consecuencia de la situación política. Un caso preocupante es Costa Rica, pues continúa sin consensos para una reforma fiscal estructural. En 2018 se estima que el gobierno central costarricense cerrará con un déficit del 7.0% el PIB, lo que producirá que el saldo de la deuda pública alcance cerca del 53.4% del PIB.
Guatemala, Nicaragua y Panamá, son los países que reportan niveles de deuda satisfactorios para los estándares recomendados por los organismos financieros internacionales. Sin embargo, en los dos primeros países las entidades calificadoras han manifestado sus reservas y cambiado sus perspectivas, de estable a negativa, producto de la inestabilidad política. Panamá continúa teniendo “nivel bajo de inversión”. Es pertinente que los gobiernos de Honduras y Nicaragua transparenten de mejor forma su ejecución fiscal en materia de deuda, particularmente la derivada de fideicomisos y la vinculada con los créditos petroleros de Venezuela para que la sociedad conozca en realidad el monto de sus obligaciones con terceros.
La situación de la transparencia fiscal en la región no mejoró, derivado del hecho que todos los países continuaron teniendo calificaciones muy bajas en el Índice de Desviación de Fondos Públicos del World Economic Forum, en donde el mejor calificado es Costa Rica que obtuvo 3.6 puntos de 7 posibles (51.4%). En sentido contrario, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá reportaron empeoramiento en la percepción de desviación de fondos públicos. Guatemala reportó ciertos avances en materia de transparencia presupuestaria en el Índice de Presupuesto Abierto, al tiempo en que se siguieron manifestando problemas en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá producto de la dificultad de obtención de cifras, las cuales, cuando se producen, no responden a la oportunidad debida. Finalmente, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, la región completa, salvo Costa Rica, continuó siendo percibida como muy corrupta.
En general, los Estados centroamericanos continúan requiriendo reformas fiscales para la suficiencia y la sostenibilidad, con cambios en transparencia, probidad, rendición de cuentas y planificación de largo plazo, que sean acompañados por medidas que incrementen los ingresos y el gasto público, con el fin de cumplir objetivos de desarrollo compartidos por los ciudadanos. Sin embargo, la inestabilidad política latente en la mayor parte de Estados centroamericanos revela la débil legitimidad de quienes dirigen los organismos del Estado para poder impulsar estos cambios, poniendo en peligro los avances democráticos y disminuyendo las posibilidades de desarrollo de Centroamérica.
