Registros estadísticos indican que entre los años 2010 y el 2016, alrededor de 1,200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas, dice un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Por: Wendy Funes/Asociación de Jueces por la Democracia
Tegucigalpa. – Desde 1998, la organización no estatal Casa Alianza viene denunciando la existencia de escuadrones de ejecución sumaria o extrajudicial y/o arbitraria en Honduras.
A la voz de denuncia de Casa Alianza se han ido sumando diferentes sectores. En 2002, la Dirección de Medicina Forense hizo un estudio sobre el patrón de este tipo de muertes; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Cuatro Puntos Cardinales, describe la forma en que la policía nacional ejecutó sumaria o extrajudicialmente a cuatro jóvenes.
Desde inicios de la actual década, diversos actores de la oposición política de Honduras denuncian que hay escuadrones de ejecución sumaria.
Con el paso del tiempo, según las fuentes consultadas, los patrones de los agresores se han ido haciendo más organizados, según se puede analizar en las escenas del crimen, tienen mayor experiencia criminal; carros más fuertes y de modelos recientes, siempre sin placa; usan indumentaria policial ya sea falsa y/u oficial, tienen acceso a planificación, logística, rutas de escape, complicidad en los entes estatales, armas sofisticadas y lo más importante para seguir operando: impunidad.
Del carro gris y el carro rojo que atacaba a jóvenes en las esquinas, se ha pasado al etiquetamiento o estigmatización de las futuras víctimas, de su rol o de los territorios que habitan, criminalización, vigilancia, allanamiento, secuestro, tortura, asesinato y en algunos casos marcas distintivas en los cuerpos que bien podría ser una firma criminal que permite la impunidad como el embalaje de cadáveres en determinados tipos y colores de bolsas o sacos.
Persisten las manos maniatadas, los bozales en la boca, las señales de sometimiento de las víctimas y los tiros de gracias y los disparos de contacto, es decir, cerca del cuerpo, según los dictámenes forenses.
Otro elemento del modus operandi es el discurso justificante de la ejecución de jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables que se reproduce de manera invariable en los medios masivos de comunicación cuya visión es reduccionista, con lenguaje hegemónico y siempre parcializado con el poder público.
Perfil de las víctimas seleccionadas
También ha ido variando la lista de características de las víctimas. A inicios de los 90, el perfil era contra jóvenes relacionados, por el Poder Público, con maras y pandillas y con la evolución de los crímenes de Estado, ya sea por omisión o acción, se han convertido en víctimas de este delito, abogados, periodistas, funcionarios que denunciaban e investigaban irregularidades, estudiantes de movimientos estudiantiles de secundaria o de las universidades, indígenas, campesinos, activistas críticos, miembros de la diversidad sexual, defensoras de derechos humanos e invariablemente la juventud en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre las víctimas, los Hechos Probados del Caso Servellón García y otros vs. Honduras, del 21 de septiembre de 2006, llamado también Cuatro Puntos Cardinales porque los cuerpos aparecieron dispersos en varios puntos de la capital de Honduras, describen:
“Ese contexto de violencia se materializa en las ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes en situación de riesgo, por parte tanto de agentes estatales como de terceros particulares. En ese último caso, la violencia se da, entre otros, al interior de las pandillas juveniles o entre pandillas rivales o como consecuencia de la actuación de supuestos grupos clandestinos de limpieza social”.
“La violencia ha obedecido a un patrón común en relación con: a) las víctimas, que son niños y jóvenes en situación de riesgo; b) la causa de las muertes, que son ejecuciones extrajudiciales caracterizadas por la extrema violencia, producidas por armas de fuego y armas blancas, y c) la publicidad de los crímenes, ya que los cuerpos de las víctimas quedan expuestos a la población”.
“A principios de los años 90, y en el marco de la respuesta estatal de represión preventiva y armada a las pandillas juveniles, pasa a existir un contexto de violencia ahora marcado por la victimización de niños y jóvenes en situación de riesgo social, identificados como delincuentes juveniles causantes del aumento de la inseguridad pública. Las muertes de jóvenes sindicados como involucrados con “maras” o pandillas juveniles se tornaron cada vez más frecuentes entre 1995 y 1997. Así, por ejemplo, entre los años 1995 a 2002 murieron violentamente al menos 904 menores”, dice esta sentencia.
Registros estadísticos indican que entre los años 2010 y el 2016, alrededor de 1,200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas, de los cuales, el 52% eran de secundaria mientras que el 13,5% universitarios, dice un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
