La CIDH reiteró su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, al considerer que impulsa una cultura castrense contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y niñas de determinados sectores sociales.
La Comisión Interamericana anunció que dará seguimiento a las muertes ocurridas en el marco de la crisis post electoral
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Al culminar una visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que en el país centroamericano la situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas.
Como resultado de esa debilidad institucionalidad, la CIDH sacó a colación el reciente proceso de elección del Fiscal General, el cual “mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho”, reza el informe preliminar de la visita in loco que se efectuó del del 30 de julio al 3 de agosto.
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DESIGUALDAD
El informe señala que la desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a una élite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado. En este contexto, se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.
La CIDH insta a todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo, como un paso importante para la reconciliación nacional.
Respecto al conflicto postelectoral, la Comisión refiere que observó que persiste un clima político polarizado. “Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”, establece, al agregar que en la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia.
En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas: CIDH
VÍCTIMAS MORTALES DE LA CRISIS POST ELECTORAL
Por otra parte, refiere que con la respuesta estatal a las manifestaciones por lo menos 22 personas fueron asesinadas; ceintas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil fueron detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad. Asimismo, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad.
La CIDH fue informada por el Estado que, a fin de determinar la verdad relacionada con los asesinatos en este contexto, se constituyó la mesa de validación de casos, que se integra por la Dirección de Fiscalías, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Adscrita a la Policía Militar del Orden Público, y la Dirección Policial de Investigación.
A pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las familias no estarían siendo informadas sobre las mismas. La CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos, y en su caso, sancionarlos.
A más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia de justicia.
La Comisión Interamericana anunció que dará seguimiento a las investigaciones que se realizan por las muertes ocurridas en el marco de la crisis post electoral, así como por las denuncias de malos tratos durante el arresto y detención de personas por parte de la Policía Militar y de la Policía Nacional. La Comisión advierte que a la fecha, no se habrían presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de seguridad, por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones ocurridas en dicho contexto.
DIÁLOGO
La CIDH señala que partir de las denuncias de fraude y ante los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas posterior a las elecciones, se discute la instalación de un diálogo politico. La Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática, incluyente y participativa. En Este sentido, “la CIDH insta a que todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo como un paso importante para la reconciliación nacional”.
Las observaciones preliminares de la visita incluyen valoraciones sobre la situación de seguridad ciudadana. Se observa una disminución de la tasa de homicidios, la cual a pesar de ello continúa siendo alta. Se advierte además un incremento de la participación de las fuerzas militares en múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública. Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles. La CIDH también recabó información sobre la falta de control sobre armas de fuego ilegales así como a la proliferación de empresas de seguridad privada.
Asimismo, la Comisión analizó la situación de la administración de justicia, y constató que persisten los problemas estructurales que fueron identificados en 2014 que debilitan las garantías de independencia e imparcialidad y que han contribuido a que se configure una situación de impunidad estructural.
La Comisión notó la profunda desconfianza existente en el aparato de justicia, la cual también fue reconocida por algunos funcionarios, destacando la importancia de recobrarla. Asimismo, jueces y juezas continúan siendo sometidos al control disciplinario del Consejo de Carrera Judicial al ser declarada inconstitucional el Consejo de la Judicatura, el cual no constituye un órgano autónomo e independiente de la Corte Suprema. Por otra parte continúan operando los jueces y fiscales de “jurisdicción nacional”, quienes serían asignados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La CIDH reitera la importancia de que la normativa que sustenta dicho régimen sea revisada, en vista de que en el mencionado consejo participan autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a través de una actuación conjunta, que pone en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los casos que conocen.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales.
Asimismo, en el contexto de la crisis poselectoral se registraron agresiones graves de actores estatales y no estatales a medios y periodistas, y se generó una ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a periodistas de ambos lados de la fractura política y social en la que se encuentra sumergido el país. También habría incluido presiones a directores de medios y periodistas para influencias la cobertura de las elecciones y los hechos que siguieron.
DESIGUALDAD
En las Observaciones Preliminares también se analizan la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social que afectan a grandes sectores de la población. Específicamente, se continúa observando graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, bienes naturales como la tierra y medios de supervivencia.
Específicamente, en relación con el disfrute del derecho a la alimentación, la Comisión ve con preocupación las denuncias sobre la limitación al acceso a las fuentes de producción en beneficio de empresas transnacionales de agroindustria y amenazas normativas para restringir el uso, almacenamiento e intercambio de semillas tradicionales por parte de comunidades indígenas y campesinas.
DERECHO A LA SALUD
Respecto del derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte de los grupos poblacionales más desfavorecidos del país. Asimismo, en cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva, la Comisión lamenta que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta y prohibiendo la distribución de anticonceptivos orales de emergencia. En territorio Miskito, se constató que no existe una debida dotación de equipo y personal médico en los centros de salud. Esto se evidencia de manera especial en el Hospital de Puerto Lempira, que atiende a toda la población del Departamento de Gracias a Dios, con serias carencias de equipamiento, energía eléctrica y especialidades médicas. La CIDH pudo observar que la misma situación de falta de acceso a servicios afecta a las comunidades Panamá y Garífuna.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
En cuanto al derecho a la educación, además de los reclamos en materia de educación bilingüe e intercultural, existe un constante reclamo por la falta de infraestructura básica y personal docente, así como derechos laborales y sindicales.
El documento de Observaciones Preliminares contiene un análisis pormenorizado de la situación particular de grupos de especial preocupación: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex; defensoras y defensores de derechos humanos; personas bajo custodia del Estado, incluyendo personas privadas de libertad y justicia juvenil; pueblos indígenas y afrodescendientes; personas desplazadas internamente; migrantes, personas con necesidad de protección internacional, y retornados. En este documento se presenta un resumen de las observaciones sobre cada uno de esos grupos.
MUJERES
La CIDH reitera su preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en Honduras, las diversas formas en que éstas se expresa y sus consecuentes altos índices de impunidad. Los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género. De igual forma, la CIDH observa con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, el aborto continúa penalizado en todas las circunstancias, incluyendo cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Honduras es uno de los cinco países del mundo que no prevén al menos las causales mínimas para la realización de un aborto. A eso se suma el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la pastilla de anticoncepción oral de emergencia. La promoción, uso, venta, distribución y compra de esta pastilla tiene penas equivalentes a las del aborto, incluso en casos de atención a la víctima de violación. En cuanto al acceso a servicios de educación sexual, la CIDH ha sido informada sobre la falta de planes integrales de prevención, educación y acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo a métodos de planificación familiar.
Niñas, niños y adolescentes
Resulta preocupante el impacto que la situación socio-económica tiene en los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su bienestar y en las oportunidades que tienen de desarrollarse plenamente. La pobreza infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la población infantil de menos de 4 millones, hay 435.000 niñas y niños trabajando. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo. Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante retornada y la desplazada por la violencia.
La CIDH reitera su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales.
Asimismo, la CIDH manifiesta su preocupación por el elevado número de embarazos adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan las niñas y las adolescentes. Honduras es el segundo país con mayor embarazo adolescente en América Latina, con un promedio nacional de embarazo forzado adolescente en 24% entre las adolescentes de 15 y 19 años. La Comisión insta al Estado a incluir en la currícula escolar, materias relacionadas con la educación sexual y reproductiva.
Respecto de los centros juveniles de detención, la información al alcance de la Comisión indica que se caracterizan por deficientes instalaciones, insalubridad, falta de programas socioeducativos que permitan una efectiva reinserción, e inseguridad e ingobernabilidad como consecuencia del control que las pandillas ejercerían al interior.
Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI)
La CIDH saluda la iniciativa del plan de educación en derechos humanos en el que se prioriza la enseñanza de la temática de género y diversidad sexual en las escuelas. La educación en derechos humanos juega un rol trasformador hacia los cambios culturales en las sociedades para eliminar prejuicios estructurales, discriminaciones históricas, estereotipos y falsos conceptos sobre las personas LGBTI.
Sin embargo, la CIDH observa que en Honduras las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años, se reportan 177 asesinatos contra estas personas; incluyendo 21 en lo que va de este año y dos durante la visita de la CIDH. De estos asesinatos, se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya emitido una condena.
Defensoras y defensores de derechos humanos
Se registran importantes avances en institucionalidad en materia de defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo la aprobación de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. No obstante estos avances, la Comisión observa que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos.
La Comisión subraya que el Estado de Honduras tiene el deber de luchar contra la impunidad de los ataques en contra las personas defensoras de derechos humanos, lo cual implica la realización de investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada.
En reuniones con sociedad civil y personas defensoras en Bajo Aguán, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Tela, la Comisión recibió múltiples testimonios que refieren al uso de tipos penales como usurpación, injurias y calumnias, atentado, o la amenaza de presentar demandas civiles en su contra como método para obstaculizar la defensa de derechos humanos, estos procesos se utilizan comúnmente como un método de hostigamiento judicial para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local.
Personas privadas de libertad
La Comisión destaca el incremento del presupuesto asignado en 2017, sin embargo, advierte el notable incremento de las tasas de hacinamiento durante los últimos años. La Comisión observa que la prisión preventiva constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en el Estado hondureño, con más de la mitad de la población carcelaria bajo este régimen. La Comisión observa que estas cifras reflejan que la prisión preventiva se aplica de manera contraria a la excepcionalidad de su naturaleza, y que afecta de manera desproporcional a mujeres.
Durante los últimos años, el Estado ha construido tres “megacárceles” que parten de un modelo basado en regímenes de máxima seguridad que buscan controlar la actividad delictiva que pudiera orinarse al interior de los centros de detención. Al respecto, la Comisión advierte que con el establecimiento de este tipo de cárceles, y en consecuencia, con la aplicación de regímenes de máxima seguridad, se privilegia el modelo de seguridad sobre uno que se basa en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familias.
En relación con la militarización, la Comisión advierte que a pesar de que la normativa en la materia prohíbe la presencia militar en el sistema penitenciario, y de que el Estado había informado sobre la transición de la función penitenciaria a una institucionalidad civil, se presenta un notable involucramiento de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario. La formación militar no resulta idónea para controlar y gestionar los centros de detención, debido a que a consecuencia del propio adiestramiento castrense, se presentan particulares violaciones a los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza en sus labores de custodia, y aplicación de reglamentos más estrictos de control de la población privada de libertad.
Por otra parte, la Comisión se encuentra especialmente preocupada por las deficientes condiciones de detención observadas en las cárceles hondureñas que fueron visitadas. Estos centros se caracterizan por alarmantes niveles de hacinamiento, deficiente infraestructura, falta de separación entre personas procesadas y condenadas, insalubridad, ausencia de programas efectivos para reinserción, atención médica negligente, alimentación deficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua.
Pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas
La Comisión recibió denuncias sobre la falta de demarcación, titulación y saneamiento del territorio de pueblos indígenas y afrodescendientes recibió información preocupante relacionada con la emisión, por parte de instituciones públicas y autoridades judiciales, de títulos privados a terceros en parte de los territorios reivindicados.
La Comisión expresa su preocupación ante los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para gozar de sus tierras, territorios y recursos naturales. Dicha problemática fue constatada en la visita a la Comunidad Garífuna de San Juan, en donde incluso se informó que muchos de sus miembros tuvieron que desplazarse debido a la presión sobre sus territorios por parte de terceros.
La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente. Los Estados tienen la obligación de prevenir la invasión o colonización del territorio indígena por parte de terceros.
Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre las diversas actividades de exploración minera, y proyectos turísticos e hidroeléctricos dentro de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes sin una consulta previa, libre e informada. El Estado informó que actualmente se encuentra ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre consulta previa a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En su visita a la zona de la Moskitia la Comisión observó un cuadro de pobreza, desempleo, falta de servicio sanitario y de energía, y falta de fuentes de agua y saneamiento. Asimismo, la CIDH recibió múltiples testimonios respecto de la inadecuada implementación de un programa culturalmente apropiado de educación bilingüe. La Comisión también documentó las múltiples afectaciones que continúan sufriendo los buzos miskito durante la pesca submarina.
Personas desplazadas internamente
Durante la visita la CIDH, recabó testimonios de personas que indicaron que se vieron forzadas a desplazarse internamente como consecuencia de diversas formas de violencia, entre las que se encontraba la violencia de maras y pandillas; la violencia de género e intrafamiliar; la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género diversa; la violencia ejercida por actores estatales en el contexto postelectoral, el desplazamiento ocasionado por la implantación de industrias extractivas; así como el desplazamiento ocasionado por desastres naturales.
Migrantes, personas con necesidad de protección internacional y retornadas
En Honduras, a pesar de las necesidades de protección que tienen muchas de las personas hondureñas que migran al exterior, la CIDH observa que el número de personas deportadas es cada vez mayor debido al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y en México.
En materia de personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria y la investigación de los delitos y violaciones cometidos en su contra, la CIDH recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre desafíos que aún enfrentan familiares de migrantes desaparecidos para la búsqueda e identificación de sus seres queridos. Al respecto, el Estado informó que desde el 2012 hasta la fecha de la presente visita han registrado 440 casos de hondureños desaparecidos, de los cuales han realizado pruebas de ADN a 974 familiares de los hondureños desaparecidos.
En lo relativo a migrantes retornados, la CIDH considera que el Estado debe garantizar que se ofrezcan programas de reintegración a los migrantes que sean devueltos a Honduras. A efectos de garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos, el Estado hondureño debe, entre otras medidas, velar porque se preste apoyo económico, sociocultural y psicosocial a los migrantes que regresan y a las comunidades de origen antes, durante y después del retorno.
Durante la visita in loco que se efectuó del 30 de julio al 3 de Agosto, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado.
Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
La delegación estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva; las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, y el Comisionado Joel Hernández García, Relator de la CIDH para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
2 respuestas
Todo eso ya lo sabemos, es triste no tener esperanza, no hay camino, no veo por donde, si todo esta podrido a que instancia podemos acudir?
Los políticos corruptos no van a cambiar, van a seguir protegiéndose entre ellos y seguirán saqueando y golpeando este noble pueblo.
La cooperación internacional pareciera que no le importa gastar los impuestos que los ciudadanos pagan en sus países para seguir apoyando este relimen asesino y corrupto, le siguen dando dinero a este gobierno para que se afiance más y se entrone en el poder.
Que hacer?
Por eso no se debe reformar la ley 184..
Ellos los políticos corruptos intocables son los más preocupados porque saben las que han hecho…