Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) patentizó este viernes su apoyo al recurso de apelación presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP) contra la resolución de la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, sobre el caso Pandora.
La madrugada del sábado 28 de julio, la jueza natural dejó en libertad a 24 funcionarios y exfuncionarios públicos y particulares, acusados de haber participado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el periodo del 24 de noviembre de 2011 al 3 de abril de 2014, al considerar que no existía el delito de lavado de activos y cambio dicho delito por el de encubrimiento. En este caso se ha imputado a 38 personas.
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Según la apreciación de la MACCIH, los imputados sí cometieron el delito de lavado de activos porque participaron en la desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos políticos, a través de transacciones financieras para ocultar su origen.
“Recibir, ocultar y disfrutar de fondos obtenidos ilícitamente, aparentando que son de origen legal, constituye una conducta propia del delito de lavado de dinero”, dice la MACCIH mediante un tuit.
En otro mensaje, la misión anticorrupción, refiere que en el caso Pandora se revelan operaciones financieras que carecen de justificación y que se destinaron a beneficios personales, pago de campañas políticas y compra de bienes, “cometiendo con ese accionar el delito de lavado de dinero”.
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Mediante el recurso de apelación, la Ufecic apunta que la resolución de la jueza natural ha causado agravios al Ministerio Público y por ende a los intereses generales de la sociedad hondureña.
La Ufecic considera además que la resolución de la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, ha causado agravios al orden socio económico y a la leal competencia, ya que integra flujos financieros que carecen de los costos asociados y naturales de una actividad económica licita, siendo este factor el que desestabiliza el mercado regular regido por una competencia económica licita, convirtiéndolo por esta razón en una figura delictiva independiente de aquel delito del que procede el rufo financiero.
