Tomado de: laopinión.com
El informe se hace eco de las exigencias para eliminar los contratos de ICE con empresas que lucran con el encierro de inmigrantes
La población en cárceles privadas tuvo un aumento cinco veces mayor que otros lugares de encierro.
El número de presos en centros de detención para inmigrantes aumentó en un 442% desde 2002, con un promedio diario de poco más de 26,000 personas en 2017, y la cifra podría aumentar ante la criminalización de los inmigrantes, según un informe divulgado este jueves por el grupo “The Sentencing Project”.
El informe indicó que, pese a las presiones de grupos cívicos por reducir el encarcelamiento masivo en Estados Unidos, la población en cárceles privadas tuvo un aumento cinco veces mayor que el resto de la población carcelaria entre 2000 y 2016.
El número de presos en cárceles privadas aumentó un 47% durante ese período, en comparación con un aumento del 9% entre la población carcelaria en general, según el documento.
Estados Unidos tiene de por sí la población penitenciaria en cárceles privadas más extensa del mundo. De los 1,5 millones en cárceles estatales y federales en 2016, el 8,5%, o un total de 128,063, estuvieron alojados en cárceles privadas.
Mientras, el número de personas en centros de detención para inmigrantes, administrados por empresas privadas, aumentó un 442% desde 2002.
El 73% de las personas enviadas a centros de detención para inmigrantes estuvo en cárceles privadas en 2017, con un promedio diario de 26,249 detenidos, lo que reflejó un cambio en la política migratoria desde que el presidente Donald Trump llegó al poder el año pasado.
A manera de comparación, en 2002, el número de detenidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y enviados a cárceles privadas fue de aproximadamente 4,800.
En respuesta al aumento en la detención de inmigrantes en la frontera sur, que según ICE ha incrementado en más de un 40% desde mediados de 2017, la Administración Trump solicitó al Congreso $1,200 millones adicionales para añadir 15,000 camas en las cárceles privadas para la detención de inmigrantes, dentro del presupuesto del año fiscal en curso.
Las empresas carcelarias más grandes del país, “Core Civic” y “GEO Group” son las que más se lucran del encarcelamiento de inmigrantes. Ambas administran en su conjunto más de la mitad de los contratos con el gobierno federal, por un total combinado de $3,500 millones en 2015, según “The Sentencing Project”.
ICE solicitó un nuevo centro de detención de inmigrantes en el sur de Texas, que abrirá sus puertas previsiblemente este año y estará a cargo de “GEO Group”.
Kara Gotsch, directora de iniciativas estratégica del “Sentencing Project”, un grupo que aboga por la reforma penal, destacó las consecuencias nocivas de la influencia de empresas que se lucran del encarcelamiento masivo.
Así, el informe señaló que, en estados como Nuevo México, Florida y Texas, donde han florecido las cárceles privadas, también abundan casos de abuso, muertes y motines de presidiarios, así como corrupción y una indebida influencia política de las empresas privadas.
En total, 27 estados y el gobierno federal se apoyaron en cárceles privadas para alojar a 128,063 personas en 2016, según el informe titulado “Capitalizando el encarcelamiento masivo: el crecimiento de las prisiones privadas en EEUU”.
Nuevo México tuvo un 43% de sus presos en instalaciones privadas, lo que supone el porcentaje más alto de los estados analizados, seguido por Montana con un 39%, indicó el documenA nivel federal, el Buró de Prisiones también aumentó su dependencia en las cárceles privadas por un 120% desde 2000, incrementando el número de presos federales en esas instalaciones de 15,524 a 34,15El año pasado, el fiscal general, Jeff Sessions, revirtió una política implementada durante la Administración Obama para reducir la población carcelaria, y desde mayo de ese año, el Departamento de Justicia ha tomado medidas para ampliar por 1,600 el número de camas en cárceles privadas para inmigrantes condenados por infracciones menores.
El informe contradice los argumentos de las empresas carcelarias de que reducen los costos al gobierno a la vez que resguarda la seguridad pública.
Entre su lista de recomendaciones, “The Sentencing Project” aconsejó eliminar los contratos con empresas privadas; prohibir el traslado de presos a cárceles en zonas lejos de sus familias, y eliminar la cuota federal mínima de 34,000 camas en los centros de detención para inmigrantes porque, a su juicio, crea incentivos para el acecho de los inmigrantes.
