La resolución abarca además a otros cinco ex miembros del Consejo de la Judicatura
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró este jueves sin lugar los recursos de reposición interpuestos por la defensa de los ex miembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre quienes se encuentra el expresidente de la Corte Suprema Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Como parte de sus disposiciones, el tribunal de justicia confirmó el auto de formal procesamiento contra Rivera Avilés, en su calidad de expresidente del Consejo de la Judicatura y de los demás exintegrantes de este órgano: Teodoro Bonilla, quien ya se encuentra recluido; asimismo, contra Julio César Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera Amador.
La Corte de Apelaciones revocó además las medidas cautelares sustitutivas impuestas por el Juzgado de Letras, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados, lo que significa que los ex miembros del Consejo de la Judicatura deben ser remitidos a la prisión.
El pasado 30 de julio los apoderados legales de los procesados presentaron un nuevo recurso de reposición para evitar que sus representados fueran enviados la cárcel.
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El Ministerio Público presentó el pasado 9 de abril un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluye al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales Públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
