Por: Edmundo Orellana
Esa decisión tomada en el caso “Pandora” nos demuestra que en nuestro país la lucha contra la corrupción es sumamente difícil, pero también que hay personas decididas a dar la batalla sin importar los obstáculos del camino.
La decisión admite que hubo corrupción e identifica los delitos en que se incurrieron. Lo que significa que la veracidad de los hechos investigados por UFECIC es incuestionable. En otras palabras, se probó que se sustrajo dinero del presupuesto para fines distintos de los presupuestados y que hubo quienes se aprovecharon de los mismos. No solo eso, sino que el dinero siguió una trayectoria laberíntica para evitar ser descubiertos.
Alguien de muy alto nivel autorizó la operación. Porque con los controles existentes es imposible que esos cientos de millones de lempira se destinaran para fines distintos de los presupuestados, sin que fuese del conocimiento de la respectiva Auditoría Interna y del Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI, ubicado, en ese entonces, en Finanzas, al cual se accede con una clave asignada al sujeto debidamente autorizado, bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones.
Esos cientos de millones salieron de la SAG supuestamente con estas autorizaciones. Fueron entregados a Ongs que, supuestamente, no existen legalmente, y, además, está en cuestión la justificación de esos desembolsos. Estas irregularidades son señaladas y debidamente acreditadas con la documentación presentada por UFECIC y aceptadas por la decisión judicial.
Esas Ongs realizaron sus operaciones por medio del sistema financiero nacional. Las cuentas bancarias están debidamente identificadas y también el movimiento del dinero. En otras palabras, el dinero fue entregado para transferirlo a cuentas bancarias de personas determinadas para fines personales y electorales.
De esos cientos de millones, ilícitamente adquiridos, se destinaron cantidades significativas para pagar préstamos concedidos por bancos para financiar campañas electorales. Hay personas y partidos políticos involucrados.
La resolución judicial tampoco desmiente que haya habido lavado de dinero. Lo que dice es que la ley en ese momento exigía para la configuración de este delito, “la acreditación de un delito precedente”. Es más, dice que “aunque puedan existir indicios probatorios” del delito de lavado de activos no se probó el delito precedente. Admite, entonces, que hay “indicios probatorios”.
Para quienes se dictó auto de formal procesamiento, con o sin medidas sustitutivas, son, a criterio de la autoridad judicial, sospechosos de haber cometido delito. Es decir, pueden ser condenados por los delitos que la autoridad judicial señala, como es el caso de la recalificación para aquellos que fueron imputados por el delito de lavado de activos, a quienes se recalificó con el “delito de encubrimiento por receptación”, castigado con penas que van desde 3 a 5 años. Se pudo recalificar con otro delito, pero con esta recalificación del delito, excesivamente indulgente, se logra lo siguiente: por una parte, se evita la suspensión de la condición de ciudadano de los Honorables Diputados para que puedan ejercer tranquilamente sus cargos, porque la Constitución prevé que se suspende cuando se dicta “auto de prisión por delito que merezca pena mayor”; por la otra, se ofrece la oportunidad para que los Honorables Diputados, en caso de ser condenados, puedan conmutar sus penas y evitar la cárcel.
Ahora bien, lo curioso es que el director de la UFECIC declaró a la prensa, acompañado por autoridades de la MACCIH, que en el caso de los saqueadores del IHSS se emitió resolución judicial reconociendo el delito de lavado de activos sin exigir “la acreditación del delito precedente”. Es decir, que la jurisprudencia invocada (que, curiosamente, no identifica las sentencias en las que se crea la doctrina legal alegada) se aplica selectivamente. Esa es nuestra “justicia”.
En este punto surge una pregunta, habida cuenta de que existen los tribunales anticorrupción que habrían conocido del caso de no haber habido diputados entre los imputados; esta pregunta es la siguiente: ¿Habría ocurrido lo mismo si hubiesen conocido del caso los juzgados anticorrupción?
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Otro dato curioso, es el ataque masivo que está sufriendo UFECIC. Lo vituperan porque cumple con su trabajo. Porque cuida los intereses de la sociedad hondureña amenazados por quienes sustrajeron y se aprovecharon de esos fondos. Pretenden hacer ver a UFECIC como el malo de la película y el papel del bueno se lo atribuyen a los depredadores de los fondos públicos. En otras palabras, quienes esto sostienen, sin escrúpulo alguno, reconocen que el funcionario público tiene licencia para saquear presupuestos públicos.
En todo caso, es una decisión que todavía está en revisión porque será impugnada, seguramente, por los defensores, que aspiran a que sus clientes salgan librados de este problema, y por el MP, que tiene la responsabilidad de defender y proteger, además de representar, los intereses de la sociedad.
