Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC) se pronunciaron contra el plan “tolerancia cero” que establece políticas contrarias a derechos humanos. Destacaron la necesidad urgente de la articulación a nivel regional para enfrentar las políticas del Gobierno de los Estados Unidos y la urgencia de crear un Mecanismo Transnacional de Protección Especial de Niñez Migrante.
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De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Interna (DHS, EE. UU) proporcionada al Senado, desde la implementación del plan “tolerancia cero” el 6 de mayo y hasta el 19 de junio, 2.342 niñas, niños y adolescentes han sido separados de sus familias y permanecen en más de 100 centros de detención, ubicados en 17 estados de la nación del norte.
“Rechazamos con profunda indignación estas políticas; y los tratos crueles y humillantes que incluso podrían configurarse como tortura; y exigimos la suspensión inmediata del plan “tolerancia cero”, dijo el secretario ejecutivo de REDLAMYC, Juan Martín Pérez García.
Llamó a los Estados de la región a articularse de forma urgente y a establecer un Mecanismo Transnacional de Protección Especial a la Niñez Migrante, que ofrezca una respuesta real y sostenida a la crisis humanitaria desde los países de origen a través de sus instituciones y programas de atención a la niñez; y evite paulatinamente que sea un tema de seguridad nacional y agentes migratorios.
Pérez García resaltó que las políticas migratorias existentes “no reconocen los factores estructurales que generan la salida masiva de familias completas de países como México o países en Centroamérica.”
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) en Honduras apuntó que su país es uno de los más desiguales del mundo con más del 67% de pobreza y exclusión social, donde la sociedad solo es atendida con el 10% de los recursos del gobierno, lo que obliga a familias, niñas, niños y adolescentes a abandonar el país, no solo por violencia, sino por la falta de oportunidades de educación de calidad, salud, empleo, entre otros. Señaló que el Estado de Honduras debe exigir a su contraparte norteamericana el fin inmediato de las prácticas inhumanas y el cese del plan “tolerancia cero”.
Entre tanto la gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), en El Salvador, Georgina Ramos, mencionó que las imágenes mostradas son indignantes, y llevan a recordar los campos de concentración. La separación y detención realizada por las autoridades norteamericanas “afecta de forma psicosocial, criminaliza y afecta el derecho humano a migrar además de que genera un daño irreparable que puede incluso ser irreversible en niñas y niños; el sufrimiento humano de niñas, niños y sus familias no debe ser visto como mercancía de negociación”.
Ramos consideró que se trata de una campaña orquestada por el Gobierno de los Estados Unidos que busca generar terror y miedo para reducir la migración “el principal fundamento de cualquier política migratoria es la seguridad humana y lo que está ocurriendo es lo contrario: políticas deshumanizantes, violatorias de derechos humanos.”
Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) en Guatemala dijo que la situación lleva a repensar la necesidad de acciones articuladas, no solo nacionales, sino medidas internacionales y subregionales, estableció que “la migración es un derecho, separar a las familias, separar a niñas y niños y enjaularlos, eso, es un crimen”.
Rivera apuntó que las causas estructurales que obligan a niñas y niños a migrar son las violencias, la pobreza y reunificación familiar “adolescentes en Honduras y Guatemala han expresado que, en sus países, sus sueños nunca se podrán cumplir, lo que hace notar que hacen falta políticas estructurales que den oportunidades a familias, niñas y niños.”
Isabel Esteinou, Secretaria Técnica de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza Mx), recordó que México es un país de tránsito, por lo que señaló que “es necesario hacer un extrañamiento contundente para que el gobierno mexicano establezca una posición de indignación al mismo tiempo que esta sea una oportunidad de revisar sus propias políticas migratorias violatorias de derechos humanos”, así como su trato hacia los migrantes centroamericanos, de manera que se establezcan las negociaciones y se logre una solución conjunta con los países en Centroamérica.
Alicia Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dijo que la condición de emergencia “es una violación absoluta a los derechos humanos y un chantaje que van en contra del pacto mundial en derechos humanos”.
Solicitó de manera urgente la anulación del plan “tolerancia cero” y el desistimiento de que niñas y niños sean rehenes. Exigió al gobierno mexicano actué con mayor contundencia y en solidaridad con los gobiernos de Centroamérica.
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El Presidente Trump recibió un contundente y generalizado rechazo de la comunidad internacional, que le forzó a modificar su decreto de separación de las familias migrantes. Sin embargo, sólo se compromete a no separar familias, sin dejar claro la cancelación de las condiciones humillantes de confinamiento en campos de concentración y uso de jaulas metálicas.
