Mauricio Oliva necesita desmantelar la UFECIC

Por: Sandra Marybel Sánchez

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, es uno de los más interesados en deshacerse de la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) para cerrar definitivamente la investigación que realizaba con apoyo técnico de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en contra de unos sesenta parlamentarios, por manejo irregular de fondos del presupuesto de ese poder del estado, que le incluye a él.

Un informe proporcionado por una fuente del más alto nivel del Ministerio Público confirmó que Oliva hizo gestiones en esa institución, para conocer detalles de la pesquisa identificada y denunciada por el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, como la causa del “Pacto de Impunidad” entre corruptos.

La fiscalía le negó el acceso al expediente porque se maneja bajo alta secretividad, precisamente para evitar la interferencia de quienes pudieran sentirse potencialmente amenazados de terminar ante los Juzgados Anticorrupción. La investigación que se hace al presidente del Congreso Nacional, es conocido por los fiscales como Caso Linea B y se refiere entre otras cosas, al drenaje millonario de fondos del presupuesto del Congreso Nacional a ONGs afines a él.   

Sumamente molesto porque el Ministerio Público no accedió a su petición y acostumbrado a que no le nieguen nada en el gobierno, Oliva acudió en amparo ante el tribunal supremo, seguro que los magistrados que el mismo eligió, le brindarían la protección o blindaje que necesita. Y así fue. La Sala de lo Constitucional que hace apenas tres días resolvió la muerte jurídica de la UFECIC, dejó de lado muchos recursos presentados con anterioridad, y actuó con impresionante diligencia, para resolver el expediente del titular del Poder Legislativo, con una resolución favorable, que será publicada en las próximas horas o días.

Cuando a mediados de diciembre de 2017, la UFECIC presentó requerimiento fiscal por malversación de caudales públicos y solicitó orden de captura contra los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Ascencio, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, las alertas de Oliva se extremaron y fue el más interesado en resolver la situación jurídica de los imputados, por temor a que en su desesperación revelaran el mecanismo utilizado para entregar los recursos del Congreso Nacional a ONGs y fundaciones, que después los devolvían a los legisladores investigados.

Oliva sabe que en el allanamiento que hizo la UFECIC en el 2017 a una dependencia de la Secretaría de Finanzas, secuestró abundante información sobre las multimillonarias transferencias de fondos, algunas de las cuales le ligan directamente, y está asustado porque no sabe cuánto saben sobre sus fechorías con dinero del pueblo, y decidió cortarle las alas.

Bajo su autorización y cubierto con un manto de total opacidad y complicidad, el Congreso Nacional reformó dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto, para primero otorgarse a si mismo una facultad que hasta el 18 de enero pasado el Congreso Nacional no tenía: “solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos de cualquier fuente, incluso tercerizados o descentralizados, destinados a proyectos de desarrollo comunitario, ayudas sociales y al Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Democracia”.

Y luego, impidiendo la presentación de nuevos requerimientos fiscales a más diputados y diputadas y a sus cómplices, mediante la incorporación del artículo 131 – A que ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hacer Auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s) y Fundaciones que a cualquier título hubieran recibido o administraran fondos públicos, supuestamente para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales, y Gastos de Inversión Social y lo relacionado al Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Democracia.

Y para que no quedara duda de la protección oficial a la impunidad, fijando un plazo de tres años para la Investigación Especial del TSC y ordenando que todos los documentos relacionados con dichos fondos le fueran remitidos y entregados, por parte de quien los tuviera en su poder o a simple requerimiento de éste.

“Sólo una vez finalizada la auditoría, agotada la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, dijo el Congreso Nacional, procederá acción judicial para reclamar algún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”

Como si se tratara de una amplia red de corrupción e impunidad que abarca los tres poderes del Estado, el decreto era esperado ansiosamente por la magistrada Alma Guzmán, jueza natural nombrada para conocer el caso de los cinco congresistas, quien además de negarse a librar orden de captura en su contra, dilató lo más que pudo su fallo.

Todavía chorreaba tinta dlla prometida Gaceta # 34,546 publicada el 19 de enero de 2018, cuando la jueza suspendió el proceso, hasta que el diligente y transparente Tribunal Superior de Cuentas haga uso de los tres extensos años que tiene para investigar y decidir si los “Padres de la Patria” cometieron delito o no.

Mientras tanto, la prensa parlamentaria dijo estar sorprendida que todo haya ocurrido ante sus ojos sin darse cuenta, no fue sino hasta que Juan Jiménez Mayor, denunció la corrupta maniobra para robar impunemente los dineros del pueblo hondureño, que lo supieron.