Por: Joaquín Mejía Rivera
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó un informe especial sobre “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”.
Este documento nos brinda una visión general de la situación de los derechos humanos en la fase preelectoral, pero se centra en las violaciones que se cometieron entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la imposición de Juan Orlando Hernández, el 27 de enero de 2018.
Entre otras cosas el informe ratifica lo que ya sabemos y que fue documentado por otras organizaciones nacionales e internacionales como la Coalición contra la Impunidad o Amnistía Internacional: que la Policía Militar y la Policía Nacional utilizaron ilegalmente sus armas contra las personas manifestantes.
Como resultado, la OACNUDH determinó que al menos 16 personas murieron violentamente a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con municiones reales.
También confirmó que se produjeron detenciones masivas, malos tratos en el momento de la detención o durante la detención, allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad y un aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos.
Para variar, los Ministerios de Defensa y Seguridad no proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones; la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) le negó el acceso a los registros de las personas detenidas en la 105ª Brigada de Infantería y el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior.
Estos datos demuestran con contundencia el carácter dictatorial del régimen del señor Hernández y la doble moral del señor Óscar Chinchilla, fiscal general del Estado, cuando se trata de defender la dignidad humana. Curiosamente, esta es la FUSINA que quieren elevar a rango constitucional y este es el fiscal general quieren reelegir.
