Por: Belinda Ramos
Miembro de la Coordinadora de Solidaridad Guatemala – Honduras
El pasado 13 de febrero, el líder social y religioso, Padre Ismael Moreno, S. J., se reunió con representantes de diversas organizaciones sociales y populares de Guatemala, con el fin de exponer y analizar la situación crítica por la que atraviesa actualmente Honduras. La actividad se desarrolló en la Casa de la Memoria – Kaji Tulam, en la ciudad de Guatemala, con una duración de aproximadamente dos horas y la asistencia de unas 50 personas.
El Padre Ismael Moreno –conocido como Padre “Melo”– inició el conversatorio hablando del monopolio de los medios de comunicación de Honduras y la práctica inexistencia de medios de comunicación independientes a nivel nacional. En este contexto, recordó el sabotaje sufrido a la antena de Radio Progreso en Tegucigalpa la noche del 9 al 10 de diciembre, lo que impidió la transmisión durante dos semanas, acusando del atentando a grupos económicos agresivos que detentan el poder del Estado, la economía y la política en Honduras.
Durante su intervención, el Padre Melo habló de una nueva etapa coyuntural en Honduras que se inicia con la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el 27 de enero. Se trata de la implementación de un proyecto autoritario con rasgos autárquico –dictatorial– bajo el poder de una persona. Esta etapa, fue precedida de 36 años –desde inicios de los ochenta– de democracia tutelada, bajo la tutela del ejército hondureño y la presencia activa de EE.UU. para el despliegue de la política de seguridad y la lucha contrainsurgente contra Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en aquella época.
Con la implantación del modelo neoliberal –conforme al conferencista– los militares pasaron a un segundo plano, y Honduras se convierte en una base para el traslado de la droga de América Latina hacia EE.UU.. Sigue la democracia tutelada; sin embargo, esta democracia se empieza a desmoronar cuando salieron sus subproductos: el desempleo, las maras, las políticas neoliberales, más pobreza, la violencia, etc. Durante esta etapa, un momento crucial fue la llegada, a través de las elecciones del 2005, de Manuel Zelaya a la presidencia de la república, quien tomó posesión en enero de 2006 y empezó después un proceso de ruptura con las tradicionales alianzas y a mirar hacia Venezuela, Brasil y Cuba como países para ampliar las relaciones políticas y económicas del país, lo que conllevó –desde el punto de vista de las élites y de EE.UU– una amenaza tremenda que llevó al golpe de Estado de junio de 2009. Se da así una ruptura del pacto social que surgió a inicios de los años ochentas y que dio origen a la Constitución de 1981, que permitía –entre otros asuntos–el control de la violencia, elecciones tuteladas, etc., y empieza una nueva etapa de democracia autoritaria, esto es: una etapa en la que se mantiene la formalidad de la democracia, pero que cada vez más se utiliza la coerción y menos el consenso, y que adquiere rasgos militares y autoritarios.
El Padre Melo señaló que las elecciones después del golpe de Estado de 2009 fueron “inútiles” porque ya no correspondieron a un pacto social. Se da así una incapacidad gubernamental de impulsar políticas públicas que tengan consenso social, por lo que los sucesivos gobiernos van perdiendo legitimidad. Con los gobiernos de Pepe Lobo y luego con Juan Orlando Hernández, se produjo asimismo una militarización del Estado y la sociedad. La inversión del presupuesto nacional en seguridad y defensa subió hasta estar por encima del 50% del total de la inversión. Se creó la Policía Militar del Orden Público. Toda la institucionalidad – incluyendo al RENAP, el TSE, la CSJ, la Fiscalía General del Estado- pasa a ser controlada por un pequeño grupo liderado por Juan Orlando Hernández. Asimismo, se conformó un Consejo Nacional de Defensa Nacional con miembros de los tres poderes del Estado, desde donde se toma todas las decisiones. El asunto prioritario es la seguridad, no el desarrollo. El golpe de gracia al pacto social de inicios de los ochentas se da cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que el presidente de la república podría reelegirse, violentando así la constitución de 1981 y sus artículos pétreos, referentes a la soberanía nacional, tipo de gobierno y la reelección, que no podían reformarse. Desde ese momento, conforme al Padre Melo, el proceso electoral es fraudulento e ilegal, por lo que los partidos de la oposición debieron retirarse del proceso y obligar a no celebrarlo.
Con el reconocimiento del gobierno de Juan Orlando Hernández por el Departamento de Estado de los EE.UU el 22 de diciembre de 2017, se sella la ilegalidad y el proceso fraudulento. Se llega así a una etapa en la que se instala el proyecto de autoritarismo dictatorial, apoyado en seis elementos: 1) Un régimen inevitablemente mercenario, que solo puede sobrevivir comprando gobernabilidad y voluntades, y que emplea enormes recursos para comprar al Ejército, la Policía Militar, al empresariado y a los propios funcionarios. 2) La militarización de la sociedad, con 39 asesinatos por el régimen después de las elecciones, 15 por balas de la Policía Militar del Orden Pública dirigida por Juan Orlando Hernández. 3) Un gobierno de populismo barato, mesiánico, en el que “ todas las cosas quedan intactas”, pero que invierte millones de lempiras en programas sociales. Se trata de un gobierno que se apoya en la oligarquía más rica de Honduras, y que busca el apoyo de la gente más pobre del país. 3) Un Cerco mediático de los medios de comunicación, quinta columna del régimen y que se encargan del control social. 5) Un sustento jurídico justificador: “todo lo que se hace se hace en nombre de la Ley”, incluyendo el encarcelamiento de más de 50 personas. 6) El sustento divino, en el que “para cualquier babosada se habla de Dios”. Desde ese momento, la ley deja así de ser objetiva para convertirse en una ley del régimen. La institucionalidad deja de ser Estado de Derecho.
Durante su intervención el Padre Melo se refirió asimismo a las convergencias y diferencias entre los sectores populares y la Alianza de Oposición. Entre las coincidencias mencionó la lucha contra la dictadura y por el Estado de Derecho. La mayor divergencia se encuentra en que la Alianza de Oposición no aceptó la demanda de anulación de las elecciones por su invalidez, respaldar el informe de la OEA y convocar a nuevas elecciones. Por otro lado, mientras que la oposición convocó a un diálogo nacional, desde el sector social se plantea que no puede haber diálogo sin que:
1) Se investigue y judicialice el asesinato de las personas desde el 27 de noviembre, y se resuelva la situación de los presos políticos –cerca de 60– judicializados por participar en las movilizaciones de protesta contra el fraude electoral y la dictadura de JOH.
2) Se desmilitaricen los territorios y las instituciones.
3) Se resuelva la inconstitucionalidad del régimen, para lo que se debe abrir un proceso de enjuiciamiento por delito contra la patria, incluyendo el enjuiciamiento de los magistrados del TSE.
4) Se abran y se le den seguimiento a los casos de corrupción, entre ellos los que está involucrado el dictador Juan Orlando Hernández.
5) Se garantice, a instancias de la ONU, la anulación de las elecciones y la convocatoria a nuevas elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente el Padre Melo refirió a distintas acciones de solidaridad que desde la región centroamericana se pueden articular, como trabajar por la soberanía regional, situar en la agenda internacional la situación por la que está atravesando Honduras, expresar por distintos medio el repudio a la dictadura de JOH, y preparar condiciones logísticas por la salida de la gente de su tierra natal, por motivos de represión y persecución del régimen.
Padre Ismael Moreno* Sacerdote Jesuita, líder religioso y social hondureño. Encargado de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación -ERIC-SJ–. Forma parte de la Coalición contra la Corrupción en Honduras.
