Por: Carlos Zelaya Herrera
Decía el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que “Internet es un nuevo medio de comunicación formidable y una fuente de gran esperanza para la futura vitalidad de la democracia”, una vista que a cierto sector político tradicional del país parece disgustar o sentirse incómodos con ello.
Con más de dos mil millones de usuarios el delito cibernético es de los más comunes relacionados con la identidad, con modalidades que varían del engaño a usuarios para dar datos personales; el malware, que se instala involuntariamente para lograr datos personales; y el hacking, que es el acceso ilegal a una computadora de forma remota.
Con estos métodos se roba información de tarjetas de crédito y dinero, derechos de autor, propiedad intelectual, pornografía infantil y otros tipos de abuso.
Es así como hace unos días el diputado del Partido Nacional del departamento de Santa Bárbara, Marcos Bertilio Paz Sabillón, presentó ante el Legislativo un anteproyecto de ley que regule el contenido de las redes sociales e internet.
Con esto se busca poner coto a campañas de odio en las redes sociales, tan populares en la actualidad, como fue en los difíciles días de la asonada cívico-militar que en junio de 2009 depuso del poder al presidente, Manuel Zelaya Rosales.
Sabillón argumentó que la normativa busca disminuir actos de odio y discriminación por los usuarios; aunque el anteproyecto pretende el desarrollo y manejo de tecnologías de la información por una buena parte de la población.
A través de las redes sociales los usuarios intercambian información y desarrollan un creciente ánimo de confrontación sobre el debate civilizado; además, en la actualidad las redes se utilizan para realizar actos discriminatorios y la comisión de delitos de odio.
Aquí se incluyen la difamación, insultos y expresiones de descrédito constitutivos d actos criminales que se presentan en las plataformas de las redes sociales como amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos, señaló.
La acción del Poder Legislativo en este caso no es nueva; en junio de 2016 el Congreso Nacional, con mayoría de votos nacionalistas, reformó el artículo 184 del código Penal para sancionar delitos ambientales, cibernéticos, corrupción privada, aumento de penas para la extorsión y delitos contra el honor, entre otros, para los que contempla sanciones de 3 a 7 años de cárcel.
El Tratado de Budapest de 1977 y administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se abre a los Estados Partes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y represión de la competencia desleal.
La modalidad propuesta por el diputado Paz Sabillón propone que no se actúe de oficio, sino que se abra a una oficia encargada de investigar cada una de las denuncias de delitos cibernéticos que se presenten y que afecten el honor e imagen de las personas, el comercio de pornografía infantil y que éste sea sancionado en otros países, según se dé el caso.
Sin embargo, la ley trata de acallar críticas y denuncias de la población en las redes sociales, como criticaron parlamentarios como Jorge Cálix, del partido Libertad y Refundación y Luis Redondo, ex miembro del Partido Anticorrupción, que sostiene que la ley va con dedicatoria por el caso del latrocinio del Instituto de Seguridad Social, entre otros.
Nota relacionada Conozca el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet
Por qué crear esta ley en medio de una crisis política post-electoral, se preguntó Cálix, es ahí la dedicatoria, acotó. Otro señalamiento es que dicha normativa viola la libertad de expresión y pensamiento, por lo que de plano es rechazada.
Actualmente 10 países regulan los contenidos de internet y redes sociales, como son Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China, Birmania y Cuba, que usan muchas tácticas tradicionales de censura, incluso la cárcel, el acoso de periodistas y juicios penales a la prensa local e independiente, sin embargo, internet es un medio de comunicación que interactúa y organiza a la sociedad, según Manuel Castells, economista, profesor de la California en Berkeley; director del Instituto Interdisciplinario de Internet de la Universidad Abierta de Cataluña y presidente del consejo académico de la Escuela Internacional de Negocios.
5 respuestas
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Me pregunto que pensaran Tigo ,claro y las demás empresas de cable-internet de Honduras cuando las ventas se vengan abajo. Así como la cervecería y la Pepsi con la otra estúpida ley de prohibir gaseosas. Sin duda que estamos peor que Norcorea.
Que picardia , es el unico medio donde la Gente se ha dado cuenta de la verdad , por que por los medios de Honduras solo ofreciendo hoteles y cosmeticos viven escondiendo lo que en realidad sucede , pues entonces hagamos caer a tigo y claro no consumamos paquetes al final son los mismos empresarios que los joda a ellos
Le temen que sepamos la verdad
Totalmente de acuerde Humberto Salgado; incluso, de ser aprobada Honduras pasaría a ser parte de la lista de 10 países que imponen restricciones y sancionan con cárcel la libertad de expresión en las redes sociales e Internet, naciones que este régimen dictatorialmente “democrático” critica duramente.