Dos falacias sobre la crisis política de Honduras

Por: José Rafael del Cid

De entre varias críticas a la Alianza de Oposición destacan por su frecuencia las siguientes: Primero, al participar en el proceso electoral, bajo la rectoría del TSE, los partidos de oposición legitimaron el proceso y sus resultados. Por esto, pierde sentido el desconocer ahora la declaratoria de triunfo del Partido Nacional por parte del TSE. Segundo, al no presentar las tres mil actas faltantes no se puede alegar la consumación de un fraude electoral.

La primera crítica omite recordar que varias agrupaciones y personalidades políticas contra la dictadura presentaron reparos ante la Corte Suprema de Justicia al considerar que la pretensión reeleccionista violentaba la Constitución de la República. Estos reparos fueron desatendidos por un Poder Judicial de antemano controlado, con ventaja y alevosía, por el propio interesado en el continuismo.

La estrategia de Libre primero y la Alianza contra la dictadura después pareció basarse en participar en el proceso electoral mientras se presentaban recursos legales adicionales ante el TSE para detener la cuestionada inscripción. Participar implicaba costos políticos, pero mayores parecían los relacionados al retiro del proceso electoral frente a la resurrección de los partidos de maletín y la incertidumbre sobre la posición final del Partido Liberal. Un error de esta estrategia pudo ser la subestimación de la oposición popular a la reelección, o sea, el temer un respaldo real poco contundente en aquel momento (finales 2016- inicios 2017) para un movimiento de defensa de los artículos pétreos relacionados a la prohibición de la reelección.  El otro error pudo ser la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Liberal para definir una candidatura única, error compartido por ambos partidos. La candidatura única de estas dos fuerzas políticas era la mejor alternativa contra la reelección, y tanto lo sabía el oficialismo, que puso gran empeño para que dicha candidatura encontrara fuertes opositores internos en ambas entidades.

La segunda y más importante crítica niega el fraude. Este argumento parte de otro olvido, que las tres mil y pico de actas no pudieron ser presentadas por la oposición porque el propio TSE las retuvo, las secuestró, el tiempo necesario para el trastoque mágico que vino a revolucionar la teoría estadística de las probabilidades. Sin embargo, la alianza opositora cuenta con el informe de la Misión de Observación de la OEA, que si bien se abstiene de usar la palabra fraude, señala suficientes hechos cuestionadores de la calidad de todo el proceso. Personalmente y con base a los varios análisis técnicos al respecto, estoy convencido que hubo fraude. Eso sí, estoy pendiente de la Academia Sueca, porque si este año otorga el Nobel de Economía a Arturo Corrales o al TSE, por haber revolucionado la ciencia estadística, entonces me retractaré públicamente de esta aseveración y seré el primero en felicitarlos.

Ahora, supongamos que con su participación todos los partidos avalaron el proceso electoral. Tal acto jamás borrará el hecho de que diversos artículos constitucionales han sido violentados, principalmente el Artículo 375, que claramente desconoce las modificaciones a los artículos pétreos no resultantes de una amplia consulta popular. De hecho, la sola presunción de violación de tales artículos constitucionales fueron los detonadores de la crisis política de 2009. Ante tales desafueros, la propia Constitución obliga a la ciudadanía a denunciar la violación y a rebelarse contra quienes pretendan imponerla. Es que la reelección es un acto de guerra, un rompimiento del pacto social que la Constitución encarna. Por esto,  hechores y cómplices en la violación de los artículos pétreos, todos, habrían de dar cuenta, en mayor o menor medida, de su traición al país.

Algo más, aunque la participación de los distintos partidos en el proceso electoral significara avalarlo, nunca, de ninguna manera, significaría tolerar el fraude. Una cosa es participar en una competencia y otra muy distinta el aceptar las prácticas amañadas de uno de los adversarios. Considérese que en este proceso electoral el PN disfrutó de ventajismo extremo en la disponibilidad de recursos económicos y propagandísticos. Lo lógico era esperar un triunfo rotundo. No fue así. La ventaja anunciada por el TSE es mínima. Así que restemos a esto la sombra del fraude, real o imaginario (la imagen la agigantó el propio TSE al detener sospechosamente el proceso de divulgación de resultados). Entonces, el saldo es tan pobre en términos de legitimidad que para cualquier demócrata, doctrinariamente bien formado, esto resulta suficiente para buscar, al menos,  la repetición del proceso bajo condiciones de más transparencia y fortaleza institucional. Es decir, que si alguien se negara a aceptar la victoria de Nasralla, al menos debería permitir una repetición del proceso electoral. ¿Qué eso no está estipulado en las leyes nacionales? Cierto, pero tal pregunta es incoherente con el hecho de que tampoco la reelección presidencial está permitida por nuestra Ley máxima.

Lo anterior conduce al asunto del diálogo. ¿Qué dialogar? No observo otra pertinencia del diálogo que el reconocimiento de la victoria de Nasralla o bien la repetición de las elecciones, aspecto que podría implicar el paso por una Asamblea Constituyente. Porque todo lo demás, solo sería distraer, capitular ante un resultado electoral convertido en la fuente mayor de la discordia. ¿Qué algunos reclaman la importancia de acuerdos sobre metas de país? Por favor, que enciendan su disco duro y recuerden la “Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022”, que emergieron del diálogo nacional propiciado por la Administración Lobo. En esa materia lo que resta por discutir ya no es el qué ni el cómo sino sus resultados, su velocidad y calidad. Es asunto de pragmatismo, de prioridades. Lo urgente ahora es restablecer el orden constitucional que el pueblo está defendiendo en las calles.  Porque el país está al revés: Los violadores de la Constitución y las Fuerzas Armadas, indiferentes al mandato de garantizar la alternabilidad en el poder, son los verdaderos propiciadores del desorden.

A nadie le pidan el silencio frente a la injusticia y la violación del pacto político establecido. Esa es enseñanza nociva. Necesitamos ciudadanos con principios democráticos sólidos. Solo así resistiremos las sucesivas amenazas a la democracia y la libertad que se expanden por el mundo entero. Es esta mi preocupación real, la coherencia entre el parecer y el ser, que debe caracterizar a todo país democrático.