Independencia judicial y justicia

Por: Edmundo Orellana

La independencia judicial no radica en la ley ni en los mecanismos para hacerla efectiva, sino en el juez o magistrado que debe decidir. Si es débil de carácter, cederá ante cualquier presión, hasta la más inocua; si es fuerte, nada lo hará cambiar de opinión.

En una ocasión, recuerdo, allá por la década de los 80, que un magistrado de apelaciones fue acremente recriminado por el Presidente de la Corte Suprema porque le pidió audiencia para que le dijera cómo decidir sobre un caso que estaba conociendo. El magistrado de marras era un hombre bueno, incapaz de recibir un soborno, pero presa de sus inseguridades, que le impedían cumplir su función debidamente. No era un corrupto, pero su falta de carácter lo hacía presa fácil de cualquiera.

También están aquellos que pudiendo escoger varias opciones (detención preventiva o medidas sustitutivas) se cuidan de escoger la que menos reacciones provoca en el sistema. En este caso, el funcionario tiene a su favor que la ley le permite escoger, decisión que, sin duda, estará condicionada por la calidad del imputado, independientemente del hecho al que lo liguen.

El caso de Ricardo Alvarez- el joven del sur que fue encarcelado por robarse una gallina, quizá para dar de comer a sus hijos hambrientos- no tiene semejanza alguna con el caso de los saqueadores del IHSS, ni con el reciente caso de la “red de diputados”, por la desproporción del daño causado. Sin embargo, hubo algunos, en el caso del IHSS, que fueron beneficiados con arreglos por los que jamás pisaron las cárceles. Y por ese camino van los involucrados en la “red de diputados”.

Evidentemente, la justicia formal no actúa con justicia. Si fuera justa, en ningún caso podría permitir que un saqueador del erario público fuese beneficiado con medidas sustitutivas, por las consecuencias de su inicuo proceder. Mientras el robo de la gallina provoca daños materiales solo al propietario de ésta, la sustracción de recursos del erario público provoca daños a todos los hondureños, porque ese dinero, que pudo canalizarse para mejorar la cantidad y la calidad de los servicios públicos de salud, educación, etc., sirve para incrementar el patrimonio de los saqueadores.

En este caso de la “red de diputados” hay un factor adicional que debe ser considerado. La mayoría de esos diputados fueron de los que decidieron con su voto, contrario a la línea partidaria, la elección de los magistrados, por lo que fueron obligados a integrarse a otros partidos o a otras bancadas. Habrá que considerar, entonces, el sentimiento de agradecimiento que seguramente tienen los magistrados para los diputados que, por haber votado por ellos, hasta fueron expulsados de sus partidos, lo que, sin duda, influirá en las decisiones que deben tomar en este caso.

La justicia formal se traduce en el deber de decidir imparcialmente, es decir, de evaluar objetivamente los hechos y las interpretaciones que de los mismos aleguen las partes, y de decidir con ánimo sereno y ecuánime e ilustrado criterio. Sin embargo, en este caso, para cumplir con estos requisitos, los magistrados tendrán que hacer acopio de mucha fuerza de voluntad para elevarse por sobre ese sentimiento y resolver correctamente.

Por eso, es legítima la inquietud de la MACCIH, quien ha dejado claro que su posición no es neutral, porque su obligación es estar del lado del acusador, a quien auxilia activamente en la investigación y en la estructuración de los argumentos jurídicos que sustentan sus acusaciones. Y su intervención no afecta en modo alguno nuestra soberanía, como algunos argumentan, puesto que está apegada a su convenio constitutivo, aprobado por el Congreso, luego de que su presencia fuese exigida por el pueblo en las calles y pedida por el gobierno a la OEA. Simplemente, está cumpliendo con su deber: combatir la corrupción por medio del MP.

Los que esto alegan, curiosamente, jamás han levantado su voz contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, verdaderos atentados contra nuestra soberanía y causa de la mayoría de nuestras desgracias económicas y sociales.

En todo caso, el parangón entre el caso del joven Ricardo Álvarez y el de los saqueadores del erario público, nos ilustra la visión que de justicia tiene nuestro Poder Judicial. Mientras los “Ricardo Álvarez” del cuento languidecen en las cárceles, los funcionarios corruptos están recluidos en lugares especialmente acondicionados, se defienden en libertad o simplemente no son acusados.

Nuestra justicia, incuestionablemente, se aplica a cada quien según su clase y su posición.