Hondureños y organizaciones aliadas piden en Washington que no se reconozca el represivo régimen de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los hondureños, organizaciones, congresistas y senadores aliados estadounidenses convergen en el Departamento del Estado para exigir que no continúe reconociendo el brutalmente represivo régimen hondureño y su altamente sospechosa incautación de poder

La comunidad hondureña en el área de Washington, junto con organizaciones de derechos humanos, de organización popular, de solidaridad y otras organizaciones de la sociedad civil con sede en los Estados Unidos, se han reunido en el Departamento del Estado de los EE.UU., indignados por la declaración del candidato presidencial Juan Hernández como ganador en las elecciones presidenciales hondureñas, en medio de informes serios y generalizados de fraude electoral y violaciones de los derechos humanos.

Además, están “extraordinariamente preocupados por las felicitaciones del Departamento del Estado de los EE.UU. a Hernández en este ambiente de terror para la oposición en todo el país”.

Los manifestantes se unen para instar al Departamento de Estado de los EE. UU., en los más fuertes términos posibles, a rescindir su afirmación de los resultados anunciados por el Tribunal Electoral Supremo, controlado por el régimen.

Después que la publicación inicial de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales hondureñas mostrará que el candidato opositor lideraba con aproximadamente 5 puntos porcentuales basado en más de la mitad de las actas contabilizadas, el Tribunal Supremo Electoral (o TSE, controlado por la administración actual) paró la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales por más de un día. En comparación, en las elecciones presidenciales del 2013, el ganador fue declarado con una proporción parecida de las actas contabilizadas.

Una vez que se reanudaron las actualizaciones de los resultados el presidente titular Hernández ganó terreno a un ritmo sorprendente y rebasó rápidamente al candidato de la oposición, de acuerdo con los números del TSE. El largo retraso y el cambio dramático en la tendencia del conteo de votos reportados antes y después de ese retraso plantean serias dudas sobre la integridad de esta elección. El TSE declaró a Hernández ganador el 17 de diciembre, el mismo día en que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó a Honduras a celebrar nuevas elecciones–una demanda expresada abrumadoramente por la oposición hondureña–debido a las serias preocupaciones sobre el proceso electoral.

Además, las delegaciones internacionales de La Voz de los de Abajo, Code Pink y Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace) presenciaron y escucharon testimonios sobre palizas e intimidación perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo las financiadas por los EE.UU., así como numerosos incidentes de fraude y violencia en los centros de votación. En el norte de Honduras, niños de tan solo  cuatro y siete años de edad han resultado heridos por las armas de las fuerzas de seguridad estatales. El 10 de diciembre, un decreto presidencial suspendió los derechos constitucionales e impuso un toque de queda, y ha habido múltiples reportes de las fuerzas de seguridad usando bala viva y otra fuerza efectivamente letal contra civiles durante las protestas en contra el fraude en todo el país, resultando en al menos 35 muertes de manifestantes hasta el momento.

El gobierno de los EEUU ha sido un partidario constante y financiero del gobierno hondureño, incluyendo el claro apoyo al golpe de estado del 2009 que llevó al Partido Nacional–de la extrema derecha–a tomar el poder, con Hernández como Presidente del Congreso Nacional en el periodo del 2010 al 2013. Además, los Estados Unidos ha impulsado el catastrófico y fracasado modelo del Plan Colombia en Honduras, Guatemala y El Salvador a través del paquete de ayuda conocida como la “Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte.”

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Este proyecto de 750 millones de dólares disfrazado de una iniciativa antidroga, se ha utilizado para crear condiciones “favorables” para los inversores externos, a costa de la militarización, la violencia y la corrupción que han contribuido activamente al tipo de deterioro de la democracia que estamos presenciando en Honduras actualmente. Apenas dos días después de las elecciones hondureñas, el Departamento de Estado de los EEUU certificó que el gobierno hondureño cumple con las condiciones adecuadas de derechos humanos y de anticorrupción, lo cual significa que Honduras recibirá millones de dólares en ayuda estadounidense. Las circunstancias alrededor de las elecciones y más allá demuestran claramente que el gobierno hondureño no cumple en absoluto con esas condiciones.

Las organizaciones de la sociedad civil con sede en los EE.UU., en consulta y solidaridad con los hondureños en el país y por todo los EE.UU., afirmamos en los más fuertes términos posibles que si los EE.UU, tiene un compromiso verdadero con la democracia, debe:

• No reconocer el resultado anunciado de las elecciones debido a los reportes generalizados de la participación del estado en el fraude electoral y en la violencia;
• Revocar la certificación del Departamento de Estado que declara que gobierno hondureño cumple con las condiciones de derechos humanos y  anticorrupción;
• Poner fin a la ayuda de seguridad proporcionada por los EE.UU. a Honduras, incluyendo la policía y la ayuda militar, y el apoyo a las fuerzas de seguridad de Honduras a través del  programa denominado  “Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte; Aprobar el proyecto de ley HR 1299, “Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” y su proyecto de ley complementario en el Senado;
• Condenar la violenta represión por parte del gobierno hondureño a los manifestantes y su suspensión de los derechos constitucionales, y exigir que el gobierno hondureño deje de usar bala viva contra los civiles y retire a los militares de las calles;
• Extender el Estatus de Protección Temporal para los más de 57,000 hondureños actualmente en los EE.UU.; y
• Respetar los derechos de los pueblos indígenas (incluyendo las comunidades garífunas) y las comunidades campesinas que se organizan para defender y proteger sus territorios ancestrales, la tierra, el agua y la Madre Tierra frente a la militarización y la represión del actual régimen hondureño.

Finalmente señalaron que en este momento decisivo para el pueblo de Honduras,  instan al Departamento de Estado y a todos los representantes del gobierno estadounidense que estén del lado correcto de la democracia y la historia, abordando urgentemente las demandas fundamentales arriba mencionadas.