Por: Redacción CRITERIO
redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.- El equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica, condena la decisión del Estado de Honduras al suspender las garantías constitucionales y de utilizar la represión generada desde el Ejército y la Policía hacia las acciones de protesta social.
Además Responsabilizan al Estado de Honduras de las violaciones a los derechos humanos que se generan en el marco de la crisis política y que se agudizaran con la suspensión de las garantías constitucionales.
A la vez hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilantes de las trasgresiones a los derechos humanos que se están cometiendo en Honduras.
Comunicado
SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN HONDURAS
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, frente a la suspensión de las garantías constitucionales aprobado por el Consejo de Ministros, el 1 de diciembre de 2017, MANIFIESTA:
Honduras enfrenta una crisis política estructural y coyuntural. La primera, responde a la insatisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la violación constante de las libertades y los derechos humanos en general, a la crisis del modelo democrático, a los altos niveles de corrupción, a la débil institucionalidad del Estado que continua promoviendo la opacidad, a la transgresión de los principios constitucionales en cuanto a su forma de gobierno democrático al permitir la reelección presidencial por medio de una interpretación constitucional, inobservando el principio de alternancia en el poder y generando un clima para concentrarlo en el Órgano Ejecutivo y el Presidente de la República. El Estado de Honduras se acelera para adoptar una forma de gobierno con carácter autoritario.
Coyunturalmente, la autoridad institucional ha generado un clima de conflictividad. La incertidumbre generada por la opacidad en el proceso electoral, la cuestionada independencia de la autoridad electoral, y las beligerantes declaraciones del presidente de la autoridad electoral en cuanto a reprimir la protesta social, son condiciones claves para generar lamentables conatos de conflictos.
La ciudadanía en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos protesta en las calles exigiendo transparencia y respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas el pasado 26 de noviembre; frente a ellos, el Estado, mediante acuerdo ministerial decide suspender las garantías constitucionales, demostrando la incapacidad del Estado para generar los consensos necesarios para salir de la crisis y la inobservancia a los derechos humanos.
La intransigencia de los funcionarios del Estado hondureño provoca aumento de los niveles de conflictividad progresivamente, los cuales ya han dejado muertos y heridos.
Por lo anterior: Responsabilizamos al Estado de Honduras de las violaciones a los derechos humanos que se generan en el marco de la crisis política y que se agudizaran con la suspensión de las garantías constitucionales.
Condenamos la decisión del Estado de Honduras al suspender las garantías constitucionales y de utilizar la represión generada desde el Ejército y la Policía hacia las acciones de protesta social.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño en el marco del anhelo democrático y respeto de la voluntad del soberano manifestada en las urnas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilantes de las trasgresiones a los derechos humanos que se están cometiendo en Honduras.
EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
