Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. El último informe mundial sobre la violencia, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países de América Latina tienen las mayores tasas de homicidios del planeta, encabezando la lista Honduras.
El documento emitido por la OMS indica que Honduras es el país más violento de la región, seguido por Venezuela, ya que según estimaciones del organismo internacional, en la nación centroamericana mueren 103,9 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que en Venezuela la tasa de homicidios es de 57,6.
La lista continua con Jamaica, Belice y en el quinto lugar se encuentra El Salvador con una tasa de homicidios por habitante de 43,9 por cada 100 mil ciudadanos.
En el caso de Honduras, la impunidad es uno de los principales factores que contribuyen a los elevados índices de homicidios en el país, ya que aproximadamente el 95 de los asesinatos quedan sin castigo alguno.
De hecho, el exfiscal general Luis Rubí, admitió ante el Parlamento que sólo se resolvían 20 de cada 100 casos, elevando el nivel de impunidad que impide una adecuada aplicación de justicia.
Organizaciones civiles han condenado la lentitud de los procesos de resolución de crímenes y han cuestionado que los agentes de investigación tienen una alta carga de casos que, siendo expedito el trámite, podría tardarse varios años.
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de las Américas de Puebla, México, Honduras junto con El Salvador, ocupan el séptimo lugar entre los países con más altos índices de impunidad.
En Honduras de 100 homicidios solo cinco son condenados en promedio, por lo que el 95 por ciento de impunidad motiva a cualquier persona a convertirse en criminal porque saben que no serán castigados”, subrayó Ramón Barrios, representante de la Asociación de Jueces por la Democracia.
Con los episodios violentos ocurridos el pasado lunes 11 de mayo en el sector del Carrizal de la capital hondureña, donde seis personas fueron asesinadas, en el país se registraron, en menos de 24 horas, 15 muertes.
La organización internacional Human Rights Watch, en su informe de DDHH de 2014, detalló que en Honduras existen gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos.El índice de homicidios fue, una vez más, el más alto en el mundo. La respuesta de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas sólo han logrado avances menores.
Los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la imposición de condenas.
Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la institución que anteriormente se ocupaba de diseñar los reformas de organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente separados de su cargo.
En noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una ley que autorizó la creación de una policía militar con atribuciones para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.
En agosto, soldados detuvieorn a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de este informe.
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
En agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al golpe de estado.
Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.
A través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo comenzó su labor.
Periodistas en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), más de 30 periodistas han sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no ha sido esclarecido.
En diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de 2009.
Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o sufrieron lesiones.
Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido perseguido penalmente de forma exitosa.
Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y las salubridad deficientes, son sistemáticas en las prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.
Los defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia, amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar. Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en representación suya.
En agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de preparación de este informe la ley no había sido aprobada.
Los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos de 23 años fueron asesinadas.
Es probable que la violencia de pandillas haya contribuido al importante aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno de los motivos por los cuales se fueron de su país.
Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia en materia de seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría reteniendo cerca de US$ 30 millones de asistencia debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.
En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos… incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.
En enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.
En agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras. Dinant fue uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa. (Con información de la UNAH y Human Rights Watch).
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