Senador estadounidense acusa a JOH de no apoyar investigación del caso Berta Cáceres

Hoy, cualquier esperanza que el Gobierno Hondureño pueda tener para la continuación de la asistencia de los Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad,  depende en parte, del resultado del caso de Berta Cáceres, acciones concretas que demuestren su apoyo para el papel legítimo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes y una reforma real del sistema de justicia.

 Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Senador de EE.UU. Patrick Leahy, habló en la Cámara el pasado 9 de noviembre sobre la ayuda a Honduras, a través del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y ha dicho que ésta pasa por resolver el caso de Berta Cáceres y la puesta en prisión de los autores materiales e intelectuales.

Señaló además que se deben resolver los asesinatos de otros ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas cuyos crímenes siguen en la impunidad.

El político estadounidense señaló también que los proyectos como el de Agua Zarca y otros de energía hídrica y extractivistas, que no han sido aprobados por los pueblos,  deben ser cancelados de inmediato.

Manifestó que la actuación del presidente Juan Hernández ha sido tímida en torno a las investigaciones de los asesinatos. Asimismo que Hernández ha llegado a la nación del norte a hacer cabildeos para obtener los fondos del Plan de la Prosperidad, pero que hasta el momento sólo ha mostrado discursos y no ha pasado a la práctica, que es lo que se requiere.

También señala que el papel del Ministerio Público ha sido de cómplice, lindando entre la inanición y la ineficacia y lo exhorta a brindar todas las facilidades a la familia de Berta Cáceres para tener acceso a todos los documentos que le permitan hacer justicia para su pariente asesinada.

El 31 de octubre pasado, día en que el Grupo Asesor de Personas Expertas (GAIPE) presentó un informe mediante el cual se responsabiliza del crimen de Berta Cáceres a altos directivos de DESA y a funcionarios del Estado hondureño, el senador Leahy dijo que los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad dependen del resultado del repudiable crimen contra la ambientalista y liderase indígena.

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Aquí lo expresado por el senador Patrick Leahy:

Sr. Presidente, quisiera hablar sobre un tema de lo cual muchos Senadores están conscientes y de lo cual deben estar profundamente preocupados.

Recordamos que en las primeras horas del 3 de Marzo, 2016, Honduras perdió uno de sus líderes indígenas más valientes y carismáticas, Berta Cáceres.  Sra. Cáceres fue la Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).  Ella fue ultimada por asesinos armados en su hogar en el pueblo de La Esperanza, Intibucá. 

Berta Cáceres dedicó su vida a la defensa de los derechos indígenas, particularmente los derechos a la tierra y recursos naturales.  En 2015, ella recibió el prestigioso Premio Goldman para el Medioambiente por su activismo y liderazgo destacado.  El COPINH estaba apoyando las luchas por tierra en todo el occidente de Honduras, y por eso – porque ejercitaba derechos garantizados por las leyes Hondureñas e internacionales – ella y las comunidades que ella y el COPINH apoyaban eran blancos frecuentes de amenazas.

En Río Blanco, su organización y la comunidad de Río Blanco fueron amenazadas frecuentemente por participar en protestas pacíficas para proteger el río y su forma de vivir de la construcción de la represa hidroeléctrica, Agua Zarca por DESA, una empresa hondureña apoyada por bancos internacionales.   

Como resultado de estas amenazas dirigidas a ella  por su apoyo a la lucha de Río Blanco,  fue  se le otorgó medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, las autoridades Hondureñas no solamente fallaron en protegerla, también la denigraron igual que a otros activistas como ella. 

Berta Cáceres fue una inspiración para la gente en todo el mundo y su muerte fue una pérdida terrible para personas en todas partes. Como dije en esta Cámara el día después de su muerte:

“La pregunta inmediata es qué hará el presidente Hernández y su gobierno, el cual con demasiada frecuencia ha ignorado o condenado pasivamente los ataques contra activistas hondureños, y ha sido débil en apoyar una investigación independiente, juicio y castigo para los responsables de este atroz crimen.  Y también, qué pasos tomará el gobierno para proteger a otros, incluyendo a los miembros del COPINH, quienes necesitan protección  por defender los derechos de personas que  como Berta  ponen en riesgo sus vidas para defender pacíficamente el medioambiente y sus formas de vida.”

No es sorprendente para quienes conocen las fuerzas de seguridad estatales de Honduras, que la investigación del asesinato tuvo un mal inicio.  El escenario del crimen en la casa de Sra. Cáceres fue manipulado y la primera reacción del gobierno frente el asesinato fue intentar acusar a sus asociados en el COPINH.  Cuando esto no avanzó, intentaron intimidar al único testigo presencial del asesinato, Gustavo Castro, un ciudadano mexicano quien salió herido. Esto también fue un fracaso.  

Gracias a la intensa presión internacional,  incluyendo a la Embajada de los Estado Unidos, ocho personas fueron eventualmente arrestadas incluyendo un oficial de servicio activo del ejército y empleados de bajo rango de la empresa hidroeléctrica DESA.  Esto es notable porque el asesinato de Berta Cáceres fue el más reciente de los más de 100 activistas ambientales asesinados que han sido reportados en Honduras desde 2010.  Y desde su muerte, ha habido otros. 

Investigadores de Global Witness, una organización de derechos humanos ampliamente respetado fue quienes documentaron esos crímenes, ellos fueron sujetos de amenazas y acusaciones falsas por parte de oficiales Hondureños quienes intentaron desacreditar su reporte.  Hasta donde tengo conocimiento, ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por esos crímenes y si no fuera por el clamor internacional no hay razón de pensar que el asesinato de Sra. Cáceres hubiera recibido el mismo trato.

Poco después de su asesinato, he visto  la larga historia de impunidad por los asesinatos de periodistas y activistas sociales,  la familia de Sra. Cáceres instó el gobierno de Honduras a permitir  que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviara  un equipo de expertos legales para realizar su propia investigación.  El gobierno de Honduras no solo rechazó la propuesta,  sino también el Ministerio Publico ha negado a compartir la mayor parte de la evidencia con los representantes legales de la familia Cáceres,  lo cual es obligatorio bajo las leyes de Honduras.  

La familia también solicitó que expertos forenses independientes sean permitidos a analizar la evidencia balística e otras evidencias.  También el gobierno de Honduras rechazó esta solicitud.

Igual a la familia de Sra. Cáceres, yo también hice un llamado a una investigación independiente e insté a que la concesión otorgada a DESA para el proyecto Agua Zarca sea abandonado.  Claramente no puede coexistir con el pueblo indígena de Río Blanco que lo considera una amenaza a su forma de vivir.  Mientras algunos bancos internacionales se han retirado,  a 20 meses desde el asesinato de la Sra. Cáceres, DESA niega su responsabilidad y rehúsa cancelar el proyecto.

Después de los arrestos de ocho sujetos, había esperanza que quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Sra. Cáceres serían  rastreados y capturados,  pero esto no sucedió.  Por más de un año no ha habido ni una palabra más por parte del Ministerio Publico sobre el caso, con la excepción de que la investigación continua – un frase familiar en Honduras dice que hay “investigaciones criminales que nunca comienzan o nunca terminan”.

La Embajada de los Estados Unidos también me aseguró repetidamente a mí y a otros,  que la investigación estaba siendo conducida de manera profesional y de acuerdo con los estándares más altos. Ahora parece que esto fue una ilusión sin fundamento.

Después que el gobierno hondureño denegó el permiso a la CIDH para investigar, la familia de   Berta Cáceres organizó un equipo internacional independiente de abogados de derechos humanos para conducir su propio análisis de la evidencia. Durante el plazo de un año, el grupo, conformado por cinco abogados destacados de los Estados Unidos, Colombia, y Guatemala, conocido como el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), entrevistaron a testigos e analizaron datos de teléfonos celulares y otra evidencia que pudieron obtener del Ministerio Publico.  Y mientras los datos que analizaron representan solamente una pequeña fracción de lo que se conoce que existe, incluyó miles de mensajes de texto que revelaron mucho. 

Ahora hay pocas dudas sobre las identidades de por lo menos algunos de los autores intelectuales quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, el Ministerio Público no ha actuado en base a esta evidencia, quizás porque implica que ejecutivos de DESA  con vínculos con oficiales del gobierno hondureño que  están involucrados.   

Como dije el 31 de Octubre, 2017, cuando GAIPE publicó el informe de su investigación,  

“Este informe condenatorio corrobora lo que muchos sospecharon: que la investigación del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de bloquear y desviar la atención para proteger a quienes concibieron y pagaron por esta conspiración, y una flagrante falta de voluntad política . El Ministerio Público debe dar acceso completamente, sin más demora, todos los testimonios, pruebas electrónicas y balísticas a los representantes legales ​​de la familia Cáceres, y a los abogados de los acusados tal como lo exige la ley. El MP también debe proteger toda la prueba y seguir la evidencia sea donde sea que esta conduzca hasta arrestar a los responsables. Es vergonzoso que a pesar de la intensa presión nacional e internacional, este caso horrible ha languidecido, mientras que los responsables han tratado de desviarlo. Por otra parte, hay cientos de activistas sociales y periodistas hondureños que han sido amenazados y asesinados de manera similar, cuyos casos no han sido investigados.”

Es importante notar que el informe de GAIPE indica que la evidencia  no solo implica a los ejecutivos de DESA y sus empleados, tanto como agentes del Estado hondureño, en la vigilancia, diseminación de información falsa, y el complot para asesinar a Berta Cáceres; la evidencia también revela otros crímenes incluyendo obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, y asociación ilegal. El informe documenta los extremos impactantes a los cuales la empresa estaba dispuesta en búsqueda de sus objetivos financieros, incluyendo la contratación de un asesinato.

En adición de divulgar inmediatamente la evidencia a la familia Cáceres y a otros quienes tienen el derecho de accederlo bajo la ley hondureña, el Ministerio Público debe actuar sobre la petición de los representantes legales de la familia Cáceres de arrestar a los autores intelectuales.

El Ministerio Público debe asegurar inmediatamente que todas las pruebas electrónicas y otra evidencia estén adecuadamente protegido para eliminar el riesgo de manipulación.

Según se informa, mucha de la información de este caso está  en posesión de

la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia, y dado la historia en Honduras de la desaparición, destrucción o robo de evidencia e intimidación y el asesinato de testigos, es imperativo asegurar es evidencia.

El gobierno hondureño debe tomar todos los pasos necesarios para proteger los líderes del COPINH, cuyas vidas aún permanecen en peligro. En el pasado, las respuestas por parte  del gobierno a peticiones para protección han variado entre inacción e ineficacia.

La concesión de Agua Zarca, y otros concesiones hidro o extractivas que fueron obtenidos sin consentimiento de la comunidad local, cuyas vidas o territorios serian afectados negativamente, deben ser cancelados. El Gobierno de Honduras necesita reformar sustancialmente la manera en que revisa y otorga estas concesiones, cuales con mucha frecuencia han sido el producto de tratos corruptos que resultan en degradación ambiental, conflicto social, y violencia. 

Sr. Presidente, el asesinato de Berta Cáceres, tan escandaloso y trágico como es, presentó al gobierno hondureño una oportunidad para mostrar que la justicia es posible en casos como este, y que las personas en posiciones de privilegio y poder económico y político también son sujetos a la justicia,  sin embargo, hemos visto más de lo mismo.

Importante evidencia mal manejada y posiblemente ignorada y retenida por las  personas que tienen el derecho de accederla. Una investigación parcial que resultó en el arresto de quienes supuestamente cometieron el crimen, seguido por meses de silencio sin identificar quienes están detrás de esto. Esto no es aceptable. 

En los últimos dos años, el Presidente Hernández y otros funcionarios hondureños han viajado a Washington haciendo cabildeo para que Honduras reciba su porción de fondos estadunidenses  para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central, entre otras cosas, han expresado su compromiso por el respeto a los derechos humanos y el respeto hacia la sociedad civil. Sin embargo, deben darse cuenta,  que la acción, no las  palabras es lo que importa.

En los últimos dos años, el Congreso de los Estados Unidos ha proporcionado U.S $1.4 billones de dólares para apoyar el Plan, de lo cual una porción significante es para Honduras. Yo apoyé esos fondos, porque reconozco los inmensos desafíos que la pobreza, corrupción, tráfico de drogas, violencia de pandillas, y la impunidad significan en esos países. Estos problemas no serán resueltos con la construcción de un muro en nuestra frontera sur, o deportando miles de Centroamericanos quienes viven en los Estados Unidos.   

Menciono esto porque el asesinato de Berta Cáceres coloca el apoyo de los Estados Unidos para el Plan bajo intenso escrutinio. Hoy ese apoyo está en peligro.  

Por esta razón, los responsables de su muerte y los asesinos de otros activistas sociales Hondureños  y periodistas tienen que ser llevado ante la justicia.  

Por esta razón,  Agua Zarca y otros proyectos parecidos que no tienen el apoyo de la población local, tienen que ser abandonados y reemplazados con un proceso participativo incluyente y transparente que cumpla con protecciones internacionales ambientales y sociales. 

Por esta razón el Gobierno de Honduras tiene que cesar sus intentos a socavar el trabajo del  Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que ha comenzado a investigar el vínculo entre la asesinato de Berta Cáceres y practicas corruptos entre DESA y agentes del estado Hondureño.   

Y por esta razón el Gobierno Hondureño finalmente tiene que tomar en serio su responsabilidad  de proteger los derechos de los periodistas, defensores de derechos humanos, otros activistas sociales, COPINH, y organizaciones de la sociedad civil que abogan pacíficamente por el desarrollo económico,  equitativo y  de acceso a la justicia. 

Solo entonces debemos confiar que el Gobierno Hondureño es un socio con lo cual los Estados Unidos puede trabajar respondiendo a las necesidades y protegiendo los derechos del pueblo Hondureño, particularmente aquellos que han sufrido la mayor parte del impacto de la negligencia oficial, corrupción, y violencia por tantos años. 

Hoy, cualquier esperanza que el Gobierno Hondureño pueda tener para la continuación de la asistencia de los Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad,  depende en parte, del resultado del caso de Berta Cáceres, acciones concretas que demuestran apoyo para el papel legítimo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y reforma real del sistema de justicia. 

aquí esta el link 

https://www.congress.gov/congressional-record/2017/11/9/senate-section/article/s7152-1?r=63