Por: Redacción AGENCIAS
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Tegucigalpa.-La denominada Asamblea Ciudadana contra la Corrupción anunció una nueva marcha este jueves para pedir la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, así como varios diputados que fueron protagonistas del fallido intento de varias reformas que favorecían la corrupción.
Las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, académicas, sindicalistas, sectores femeninos, cooperativas y estudiantes universitarios que conforman la Asamblea Ciudadana expresaron en rueda de prensa que “ya están cansados de la corrupción” haciendo un llamado a todos los sectores a sumarse a la denominada “movilización ciudadana nacional contra la corrupción y la impunidad” que tendrá como punto de congregación el Congreso de Guatemala a partir de las 18H00 GMT.
La secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, Lenina García, aclaró que los que no puedan concentrarse en el Congreso podrán manifestarse en todas las plazas y parques del país.
Los reclamos de los ciudadanos guatemaltecos obedecen a que los 112 políticos que hacen vida en el Congreso aprobaron en septiembre una sorpresiva y arbitraria reforma al Código Penal de Guatemala que eximía de culpa a los secretarios generales de partidos en caso de financiamiento ilícito y ampliado, acción que quedó sin efecto por la Corte de Constitucionalidad.
Los manifestantes solicitan reformar la Ley Electoral de Partidos Políticos que cambie el sistema en el país y ponga fin a los desalojos de los indígenas y campesinos.
Los guatemaltecos aseguran, además, que Morales no asumió su responsabilidad por el incendio ocurrido en marzo en el centro estatal de menores, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 adolescentes. Igualmente, lo acusan de recibir cheques valorados en más de 50.000 dólares a lo largo de ocho meses, como un bono extraordinario de responsabilidad por parte del Ejército.
Asimismo, las personas acusan al dignatario guatemalteco de querer expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Iván Velásquez, quien ha mantenido una lucha contra la corrupción desde 2013 destapando varios escándalos que involucran a altos funcionarios del Gobierno.
Diputados acorralados
El 13 de septiembre pasado, mediante dos mociones sorpresa presentadas durante su plenaria, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para eximir de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y aumentó a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagar en lugar de ir a prisión, lo que indignó a agrupaciones de la sociedad, que se organizaron para denunciar, demandar y marchar contra los legisladores.
El 14 de septiembre, La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional y suspendió el trámite de los decretos que modifican el delito de financiamiento electoral ilícito y amplían las condenas conmutables, al considerarlos una seria amenaza para el sistema judicial guatemalteco.
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El 15 de septiembre, con 130 votos a favor y cero en contra, los diputados dieron marcha atrás a las reformas al Código Penal que provocaron el rechazo de los guatemaltecos. Algunos de ellos pidieron públicamente disculpas por haber apoyado la iniciativa.
Al finalizar la sesión de ese día, un grupo de manifestantes obligó a los legisladores a permanecer adentro del Congreso, pues los descontentos bloquearon los ingresos al Hemiciclo, hasta que en horas de la noche la Policía intervino para liberar a los diputados.
