Análisis del CESPAD
Tegucigalpa.- Honduras vive un momento especialmente crítico en el desempeño de su democracia electoral, cuestionada por sectores importantes de la ciudadanía y alejada de los estándares internacionales sobre elecciones auténticas, democráticas y transparentes. A partir de la ruptura constitucional del 2009, se han realizado dos comicios electorales (2009 y 2013) que en lugar de contribuir a recuperar la democracia, restablecer el Estado de derecho y superar las graves violaciones a los derechos humanos, nos han conducido a una alta concentración de cuotas de poder en el Poder Ejecutivo y a la instalación de un modelo de gestión pública autoritario.
A pocos días de celebrarse las elecciones del 26 de noviembre el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), desea compartir las reflexiones siguientes:
1) ELECCIONES SIN REGLAS CLARAS NI ACEPTADAS POR TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CONTENDIENTES, NO PUEDEN SER AUTÉNTICAS Y DEMOCRÁTICAS Las buenas prácticas internacionales nos indican que para que se celebren elecciones auténticas y democráticas deben estar presentes los elementos siguientes:
- a) Transparencia en todas las fases que implica el proceso electoral.
- b) Una administración electoral que actúa de manera eficaz, imparcial, independiente y responsable.
- c) Un acceso igual a los recursos del Estado para candidatos y partidos políticos.
- d) Un acceso igual a cualquier medio de comunicación estatal o financiado con recursos públicos, así como una cobertura equilibrada para candidatos y partidos políticos.
- e) Electorado informado sobre sus derechos por medio de campañas de educación cívica y electoral y,
- f) La existencia de una atmósfera pacífica, libre de violencia, intimidación o represalias para candidatos y partidos a la hora de hacer campaña y para el electorado a la hora de votar
En Honduras, a pesar del cuestionamiento de las reglas electorales que normaron el proceso electoral del 2013, serán las mismas reglas las que regularán las elecciones del 26 de noviembre próximo. Ningún cambio fue posible introducir a la normativa electoral, a pesar de los compromisos adquiridos por los partidos políticos y las propuestas de diversas instancias ciudadanas. Esto ha evidenciado la imposibilidad, en el actual contexto hondureño, de la práctica democrática del dialogo y construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Este continuará siendo uno de los grandes déficits de la actual democracia-política hondureña.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en lugar de ganar credibilidad entre las fuerzas políticas contendientes y entre la ciudadanía en general, en la medida que se aproxima el 26 de noviembre, más bien ha incrementado la desconfianza en su gestión por la evidente falta de independencia y capacidad de administrar democráticamente el proceso electoral en su conjunto. Las principales fuerzas de oposición (La Alianza y el Partido Liberal) se han retirado del Consejo Consultivo del TSE; rechazan la mecánica de transmisión de resultados y han decidido instalar sus propios sistemas de conteos, han cuestionado la credibilidad del nuevo padrón electoral, la falta de transparencia en los traslados domiciliarios y la manera como se están entregando las tarjetas de identidad, además, están denunciando la venta de credenciales de los partidos pequeños a favor del partido oficial y se está cuestionando las formas en como el TSE está integrando las directivas de las mesas receptoras de votos (integradas por representantes de los diferente partidos).
¿A dónde nos conducen estos graves cuestionamientos del proceso electoral? ¿Cuáles serán sus impactos en los precarios niveles de gobernanza del país?
2) AMBIENTE DE MIEDO Y VIOLENCIA NO FAVORECE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL AUTÉNTICAMENTE DEMOCRÁTICO Los procesos electorales democráticos no son compatibles con un clima de violencia política y de intimidación a los electores y partidos políticos. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)2 , hasta finales de agosto de este año se habían registrado 9 asesinatos de personas dedicadas a la actividad política, dato muy preocupante, si consideramos que aún no llegamos al día “D”. El número de asesinatos hasta ahora registrados, se asemeja a los 10 homicidios reportados en todo el proceso electoral del 2013. A esto hay que sumarle las acciones de hostilidad y agresión verbal y física contra caravanas electorales de los partidos de oposición e incluso, contra los diferentes candidatos presidenciables.
También, desde el oficialismo, se considera que los llamados hechos por la oposición a “defender el voto contra el fraude” son convocatorias a la violencia que tensionan el proceso electoral. Lo cierto es que en un escenario marcado por la polarización y desconfianza, los riesgos de la confrontación física y verbal se tornan inevitables, en especial a medida que se aproxima el día de las votaciones. Esto crea una atmosfera de intimidación a los y las electoras en general, colocando en precario su derecho a ejercer el sufragio en condiciones de libertad.
A este ambiente hay que sumarle la violencia sufrida por las mujeres que participan en actividades políticas: agresiones físicas y verbales, hostigamiento sexual y otras formas aberrantes que limitan sus facultades a ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad. El caso más grave, pero no el único, ha sido la reciente agresión contra la actual diputada Fátima Mena, con el que quedó evidenciado el predominio de la cultura patriarcal y la impunidad que otorga el hecho de ser “machos políticos”. Estos actos de violencia sin sentido, deberían ser sancionados por una normativa nacional y no solo dejarlos a la discrecionalidad de las dirigencias de los partidos políticos.
No menos preocupante es la inevitable militarización que se producirá el 26 de noviembre en el entorno de las mesas electorales. Al respecto, el candidato presidencial Luis Zelaya, ha denunciado “la importación de granadas de humo y lanzagranadas que entraron al país el 21 octubre”3 . Esta militarización implicará la presencia activa de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con una trayectoria de violación de los derechos humanos, tal como ha quedado registrado en numerosos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin duda alguna, todos los hechos arriba señalados representan un significativo retroceso en los logros de la democracia electoral hondureña alcanzados antes del 2009, momento en el cual se había superado el estigma de las “elecciones estilo Honduras”.
3) LA COMPLEJIDAD DE LA ACTUAL CONTIENDA POLÍTICA. MÁS ALLÁ DE LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS. En las elecciones de noviembre del 2013 se produjo una reconfiguración de las fuerzas políticas electorales, producto de eso el bipartidismo tradicional perdió fidelidad partidaria. Dos nuevas fuerzas políticas se posicionaron en el escenario nacional: el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC). Ambas fuerzas, de acuerdo a datos del TSE, alcanzaron el 43% del electorado total. Ciertamente, en los últimos cuatro años de gobierno a esta nueva oposición le ha faltado coherencia y consecuencia política en torno a un proyecto por construir un país más justo, incluyente y democrático.
Las voluntades de un porcentaje no despreciable de los diputados y diputadas de esta nueva oposición, han sido compradas y puestas al servicio del proyecto gubernamental. En tales circunstancias, esta oposición ha sido fragmentada y muy poco se ha diferenciado de la política tradicional. Por supuesto, esto ha generado frustración y desesperanza en los sectores que respaldaron con su voto a LIBRE y PAC.
Aun así, si leemos detenidamente las pocas encuestas que han circulado hasta finales de octubre, y con las reservas que eso nos genera, constatamos los hechos siguientes: i) El Partido Nacional no supera el 37% de simpatía en el electorado; ii) el Partido Liberal apenas llega al 17% de la intención del voto; iii) La Alianza ronda en un 24% de la simpatía electoral.
Estos datos nos dicen que tanto el Partido Nacional como Liberal no logran superar la simpatía electoral alcanzada el 24 de noviembre de 2013, pero tampoco la Alianza consigue aún convocar un 20% del electorado que apoyó sus propuestas en las elecciones pasadas. He aquí una pregunta obligada: ¿Este electorado se abstendrá de participar en estas elecciones o se volcará a última hora a favorecer con su voto a la Alianza de Oposición? Porque lo que nos dicen las encuestas es que ese electorado no está apoyando ni al Partido Nacional ni al Partido Liberal.
Lo anterior obliga a reconocer que estamos ante un proceso electoral inédito, cuyos resultados inciertos se decidirán hasta el 26 de noviembre, en medio de una situación polarizada y con potenciales fuertes de generarse conflictos sociales.
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Los intereses que se juegan son relevantes y marcan el presente y futuro mediato del país. Las opciones por delante son principalmente dos: la primera, se profundiza el proyecto extractivista del gran capital nacional y transnacional en torno a la concesión de los recursos naturales y la privatización de los servicios públicos. La segunda, se intenta emprender, con ensayo/error, la reconstrucción del Estado de derecho con la mirada puesta en transitar hacia la democratización económica, política y social del país.
4) NUESTRO LLAMADO A LA DEFENSA DEL VOTO Entre los estándares internacionales de elecciones auténticas y democráticas figura el “derecho y la oportunidad de los ciudadanos, sin distinción o restricción no razonable, a participar en el gobierno y los asuntos públicos a través de: elecciones periódicas, elecciones auténticas, sufragio universal, sufragio igual, el derecho a presentarse como candidato a las elecciones, el derecho al voto, el derecho al secreto del voto y la libre expresión de la voluntad del votante” .
Es el acatamiento a la voluntad del votante la que ha estado en el debate público tanto en las elecciones del 2013 como en las que están por celebrarse el 26 de noviembre. Es por ello que en estas reflexiones sobre la coyuntura actual, un aspecto central a asegurarse es la efectiva participación ciudadana en los asuntos del país, por medio del respeto del derecho universal al sufragio.
Desde el CESPAD creemos que en la actual coyuntura hondureña es esencial la defensa al voto. Esto implica, entre otros factores, la más amplia afluencia a los centros de votación para ejercer el sufragio y expresar su simpatía por uno de los partidos en contienda, la auditoría ciudadana en torno al derecho al voto en el día de las elecciones, la presencia en los escrutinios de las mesas electorales y el registro de los resultados finales.
La participación política es un derecho humano universalmente aceptado y es uno de los instrumentos que tienen los hombres, las mujeres, los pueblos indígenas, negros y los sectores que padecen discapacidades para transformar el mundo en que vivimos. La respuesta a los problemas que hoy enfrenta el país sólo será posible con la más amplia participación ciudadana, electoral y no electoral, para avanzar hacia la construcción de una democracia más incluyente y equitativa.
