Violencia electoral

Por: Edmundo Orellana

El Presidente ha dicho que hay violencia electoral. Compartimos su aserto, Señor Presidente. No hay duda al respecto. Su presencia en el proceso electoral como candidato es un acto de violencia electoral, porque se origina en un atentado contra la Constitución de la República, marco regulatorio fundamental de las instituciones republicanas, democráticas y representativas, y de sus procesos.

Desconocer la supremacía constitucional sobre el ordenamiento jurídico es negar los valores y principios que informan nuestro Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica. El vértice normativo, hasta hace poco, ocupado por la Constitución, ahora corresponde a la Sala de lo Constitucional. Lo que esta exprese en sus decisiones es norma suprema a la que todas las leyes, instituciones y personas deben someterse. El fundamento de sus decisiones ya no es la Constitución ni los valores y principios en los que ésta se asienta. Nada delimita, entonces, las motivaciones de sus decisiones ni los alcances de éstas.

Los intereses, prejuicios, creencias y sectarismo pueden colarse impunemente en las decisiones del tribunal constitucional, quien se ha arrogado la potestad de decidir qué es constitucional y qué no lo es. Decretar la inconstitucionalidad de la Constitución es, pues, su consecuencia lógica. Esto es violencia en el más alto grado. Y lo es más todavía, cuando se usa para favorecer el inconstitucional proyecto continuista del Presidente- Candidato.

También es violencia que desde el Consejo de Defensa y Seguridad se instruya a los Poderes del Estado para actuar según los caprichos del Presidente- candidato, y que, a su vez, en el seno de ese organismo se decidan los jueces y fiscales, con jurisdicción nacional, que se asignan a la Policía Militar, competentes para conocer del delito de “terrorismo”, entre cuyos supuestos (los nuevos, aprobados en reciente reformas) se encuentran las protestas que, seguramente, habrá en caso de fraude electoral. Esos jueces y fiscales jugarán, inevitablemente, el lastimoso papel de verdugos de la protesta política y social que, eventualmente, vendrá. Por eso, su designación es aprobada por el Presidente en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad.

Violencia es también aprovecharse de su posición privilegiada para proyectar su inconstitucional proyecto continuista. En estos últimos días lo hemos visto más activo al Presidente- candidato, usando automóviles, helicópteros, combustible, equipo, personal, etc. del Estado. ¿Quién nos garantiza que no se están usando fondos del “Tazón” para la campaña, si su uso se mantiene en secreto por ley? ¿Y los fondos de la OABI, en que se usan?

Violencia es que los funcionarios de más alto nivel llamen a los programas de radio y tv amenazando a periodistas y a los entrevistados de la oposición, cuando critican al gobierno. Asimismo, es violencia extrema echarle la “Nueva Mancha Brava” al candidato liberal, para intimidarlo porque señala las graves consecuencias del mal gobierno nacionalista.

Violencia, igualmente, es que se someta a vigilancia continua a los lideres de la oposición, interviniendo sus teléfonos, sus correos electrónicos y demás comunicaciones. Así como amenazar a la oposición con revivir juicios criminales o iniciarlos.

Violencia es insinuar que se tiene una lista de extraditables que no se envía al Poder Judicial para evitar dañar a los partidos de oposición. Reiteradamente ha dicho Luis Zelaya, manden la lista, no importa quien esté en ella. Es evidente que no la mandan porque los más afectados serán los del partido gobernante.

Violencia es amenazar la MACCIH, no aprobar las leyes que faciliten alcanzar a los corruptos que siempre quedan fuera de la justicia y disminuir las penas para los delitos de corrupción. Esa es violencia contra los intereses del pueblo hondureño, porque promover la corrupción es disminuir y encarecer los servicios públicos, y aumentar la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

Violencia electoral no es exigir transparencia en el sufragio y en el escrutinio. Tampoco lo es demandar que se evite la compra de las credenciales de los representantes a las mesas electorales receptoras. Ni lo es reclamar que la transmisión de datos sea certificada debidamente o que se sustituya por un conteo rápido de organismos de la comunidad internacional.

Violencia es, Señor Presidente- candidato, lo que usted y su gobierno están haciendo contra el pueblo, el Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica y la democracia.