Observación N-26 recomienda dialogo y campañas de respeto que eviten el odio en proceso electoral  

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa, 30 de agosto, 2017.- Validar espacios de diálogos políticos enmarcados en los alcances y funciones de la Ley Electoral; modificar el reglamento para asegurar una efectiva paridad entre hombres y mujeres; promover entre los partidos políticos, una campaña a favor del respeto, que evite la promoción del odio, el desprecio y la discriminación a las y los candidatos, e impulsar mecanismos de diálogo para la resolución de conflictos coyunturales, que fortalezcan la función del TSE como un buen mediador fueron las recomendaciones efectuadas hoy por la coalición no partidaria, Observación N-26 (ON-26).

En su primer informe de avances sobre el proceso electoral para el periodo 25 de mayo al 25 de agosto, presentado hoy, ON-26 el, padre German Cálix de Caritas, señaló entre los principales hallazgos, propuestas incompletas de gobierno, cambios en las reglas del juego electoral; menos participación de mujeres; falta de garantías para la participación LGTBI, y una creciente polarización.

En la conferencia de prensa, Víctor Meza de CEDOH apuntó que desde ON-26 se observa la ausencia de temas trascendentales para el desarrollo del país; las propuestas se circunscriben a mejorar las condiciones de vida de las y los hondureños, bajo enfoques que van desde el asistencialismo hasta el populismo y las declaraciones apuntan más a la crítica del adversario, y eventualmente a la descalificación política.

Sobre la participación política de personas LGTBI, Indyra Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas, afirmó que si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó en las papeletas electorales, las fotos con las identidades asumidas, se colocaron los nombres legales, debido a que no existe una Ley de Identidad de Género, en la normativa nacional. Además, las candidatas LGTBI no realizaron campañas de contacto directo por temor a la discriminación y ataques.

Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil (GSC) señaló que solo el 37 % de las candidaturas de mujeres salieron electas en relación con las elecciones anteriores, un problema adicional que siguen enfrentando las mujeres es el de la violencia que en muchas ocasiones es planificada y orientada por la condición de género y la relación con el cargo público o electoral para el cual se postula o ejerce.

La preocupación por la falta de los recursos humanos necesarios y los instrumentos legales complementarios a la Ley de Unidad de Política Limpia que le permitan fiscalizar la inversión que realizarán los partidos políticos y candidatos, fue expresada por Rolando Bu de Foprideh 

En cuanto a la violencia electoral, Migdonia Ayestas del IUDPAS informó que en este periodo, nueve candidatos han sido víctimas de muertes violentas: dos regidores, tres precandidatos a diputados, dos dirigentes políticos y dos familiares de precandidatos a alcaldes y además se han presentado agresiones y amenazas a muerte de forma directa o por las redes sociales.

“Observamos también cambios en las reglas del juego a último momento, como la aprobación del voto en raya para diputados, además, de los cuestionamientos a la inconclusa depuración del censo electoral”, dijo Yovanny Argueta de Sien Comunicaciones.

Otros aspectos relevantes encontrados por ON-26 son las denuncias de corrupción por los contratos asignados a empresas responsables de manejar la transmisión de los resultados electorales, denuncias sobre cambios de domicilio, que a juicio de algunos partidos políticos, son maniobras electorales que benefician a determinados candidatos.

Asimismo, que con la crisis del Partido Anticorrupción (PAC) se evidenció que la institucionalidad carece de mecanismos para resolver este tipo de conflictos dentro de las organizaciones políticas; además de que existen pocos espacios de diálogo entre la sociedad civil y la clase política, para la construcción conjunta de agendas.

ON-26 apuntó que la presente campaña política será una de las más caras de la historia con topes muy altos; que el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene dificultades que no le permiten cumplir con la responsabilidad de emitir oportunamente la tarjeta de identidad para los nuevos votantes, la no cancelación de los salarios a sus funcionarios, toma de sus instalaciones a niveles municipales y la práctica histórica de retener las tarjetas de identidad ha generado conflictos y denuncias que han dado, en algunos casos, la captura de funcionarios públicos, como por ejemplo lo sucedido con el regidor del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, que fue privado de libertad por estar en posesión de 400 tarjetas de identidad.

Por otro lado, la denuncia sobre el proceso de contratación por parte del TSE de empresas encargadas para el proceso de captura, emisión y la transmisión de los resultados en los dos últimos procesos electorales, ha sido un tema polémico, que ha generado confrontación, entre las organizaciones políticas y el TSE, por el reclamo del candidato presidencial del Partido Liberal quien ha dicho que no reconocerá los resultados si esas empresas continúan a cargo de la trasmisión de los mismos.

N-26 está integrada por la Pastoral Social Cáritas Honduras; el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH); el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH); la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); el Grupo Sociedad Civil (GSC); la Red Lésbica Catrachas; el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); y Sien Comunicaciones. Esta instancia es apoyada técnicamente por el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés)